El TSJ de Castilla y León reprende a Puente por arremeter contra el juez que declara ilegales las multas foto rojo de Valladolid

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha reprochado al alcalde de Valladolid, Óscar Puente, que el jueves cargara contra la sentencia que declaró nula una multa de radar de semáforo, 'foto rojo'.

“Para este juez la única doctrina jurisprudencial válida es la suya propia”. “Creo que el juez tiene algún problema con el rojo”. Son solo algunas de las declaraciones que realizó el jueves el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, en relación a la sentencia que anuló una sanción de 200 euros a una conductora que se saltó un semáforo en rojo y que declara estos radares como “irregulares”.

El alto tribunal autonómico le afea que Puente entrara en la “descalificación personal” del juez y las alusiones personales a su esposa, “que son inaceptables y solo descalifican a quienes las realizan”. Además, el TSJ le recuerda la separación de poderes y la obligación de cumplir las sentencias en firme después de que el alcalde reafirmara: “No me pienso comer la sentencia”.

“La imposibilidad de recurrir una sentencia no es excusa para proferir exabruptos ni descalificaciones personales a una autoridad judicial y menos aún a cualquier miembro de su familia (al margen de su objetiva falsedad)”, señala el alto tribunal, que considera “malintencionada” cualquier declaración que cuestione la legitimidad del juez.

Entre otros comentarios, el alcalde señaló que este magistrado forma parte de la Sala del TSJCyL en la Sala de lo contencioso y está en comisión de Servicios impartiendo sentencias en el Juzgado de lo Contencioso nº3 “y además cobrando por las dos cosas”. El Tribunal Superior de Justicia le responde: “La adscripción en comisión de servicio del magistrado de la Sala Contencioso-Administrativo del TSJCyL (sede Valladolid) al Juzgado Contencioso-Administrativo 3 para cubrir la baja del titular fue propuesta por la Sala de Gobierno de este Alto Tribunal, aprobada por el CGPJ y está siendo abonada por el Ministerio de Justicia. Dicha comisión supone un aumento del trabajo del juez y conlleva un esfuerzo que es remunerado, como no puede ser de otra forma, pero no de manera completa”.

Además, el alto tribunal añade que la sentencia no afecta a la ciudad si no al Ayuntamiento, puesto que su actuación “no es conforme a derecho”. “Lo que sí afecta a los vallisoletanos es la actuación contraria a derecho”, advierte. Concretamente, el TSJ recuerda cómo es el procedimiento sancionador en casos de multa por 'foto rojo'. En primer lugar, el Ayuntamiento notifica la sanción por correo ordinario y no por correo certificado como está “obligado legalmente a hacer”.

“El Ayuntamiento no puede obligar al conductor a autoinculparse, solo está obligado a identificar al conductor de no ser él. El Ayuntamiento también está obligado a contestar a los alegaciones, a instalar carteles que señalen la presencia de radares y a someter a control metrológico estos dispositivos.

El TSJ además enumera varias sentencias similares a la del Juzgado de lo Contencioso nº3: sentencias del Tribunal Supremo y de otros Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Barcelona, Madrid y Orense. “Es rigurosamente falso que la sentencia controvertida sólo cite doctrina del propio Juzgado”, destaca el Tribunal Superior de Justicia, que ve una “manipulación inaceptable” que el alcalde justifique las multas “al margen de la legalidad” invocando a la seguridad vial.

“El Tribunal Superior desea trasladar a la ciudadanía que los jueces y tribunales de Castilla y León y, en especial los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid seguirán velando por el respeto a la Constitución Española y al resto de la legalidad vigente, siempre que se lo soliciten”, finaliza.

A estas críticas de Óscar Puente se han sumado las del delegado del Gobierno en Castilla y León, Javier Izquierdo, quien ha considerado que se trata de una sentencia “sorprendente” y ha defendido que el foto rojo se trata de un “sistema de seguridad para peatones”.