La legalización de las devoluciones en caliente es “inconstitucional” aunque haya salas de asilo
Tras el anuncio de la creación de oficinas de asilocreación de oficinas de asilo en los pasos fronterizos de Ceuta y Melilla, organismos internacionales, ONG y expertos han celebrado el proyecto pero la valoración de prácticamente todos iba acompañada de una sensación: cautela. Según aseguran las personas consultadas, la apertura de una nueva vía para solicitar protección internacional en las vallas de las ciudades autónomas no corrige la “inconstitucionalidad” de la reforma con la que el Gobierno pretende legalizar las devoluciones inmediatas de inmigrantes en frontera. También desconfían de las posibilidades de acceso a estas salas para, sobre todo, las personas de origen subsahariano.
Para cruzar la frontera de Ceuta o Melilla desde Marruecos se debe atravesar en primer lugar un control efectuado por las fuerzas de seguridad alauíes. La persona que tenga la intención de solicitar asilo se encontrará a los agentes marroquíes para revisar su documentación. ¿Cómo entrará una persona procedente, por ejemplo, de República Centroafricana, que requiera protección internacional? Por el momento, el Ministerio del Interior no ha respondido a esta pregunta, pero unas declaraciones del delegado del Gobierno en Ceuta recogidas por Europa Press deslizan algunas pistas. Según ha asegurado Francisco Antonio González Pérez el Ejecutivo español “no puede ni va a decir a Marruecos lo que tiene que hacer con su política de extranjería”.
Se entiende, por tanto que, por el momento no se han inciado conversaciones para que el país vecino modifique su forma de actuar en los pasos fronterizos: sin permitir el acceso de las personas de origen subsahariano a no ser que acudan a métodos irregulares. El delegado del Gobierno en Ceuta defiende las posibilidades de acceso al control español de los potenciales solicitantes de asilo recordando que 150 sirios han llegado a la ciudad autónoma durante el último año. Sin embargo, estas personas se ven obligadas a superar la identificación de la zona marroquí mediante la adquisición de documentación falsificada, en otros casos, aprovechando el ajetreo existente cada mañana en los cruces fronterizos de Ceuta y Melilla.
Pero tampoco es fácil. “Algunas personas han intentado entrar hasta cuatro o cinco veces. Algunos se cuelan, otros acuden a documentación falsa”, explican fuentes cercanas al sistema de asilo en España. “Pero el acceso de las personas de origen subsahariano es muy complicado. Los sirios tienen rasgos similares a la población marroquí y pasan más desapercibidos”, sostienen.
En este sentido, el Servicio Jesuita de Migrantes ha instado al Gobierno a crear un nuevo acuerdo o protocolo de actuación entre Marruecos y España para que las fuerzas auxiliares alauíes permitan el acceso a los posibles solicitantes de asilo. “Actualmente, las fuerzas auxiliares marroquíes impiden el acceso a la frontera en cumplimiento de los acuerdos de cooperación policial con España. En el paso habilitado de Beni Enzar (Melilla) es imposible llegar al puesto fronterizo y pedir asilo porque la policía marroquí lo impide”, han recordado a través de un comunicado.
No cambia la “inconstitucionalidad” de la reforma
“Las nuevas oficinas de asilo cumplen una reivindicación importante pero no cambian nada sobre la futura reforma del Gobierno. El hecho de que algunos de los potenciales solicitantes puedan pasar 'por la puerta' no significa que, los que no puedan acceder y salten la valla, puedan ser devueltos sin los pasos que establece la ley”, considera Francisco Solans, portavoz de Extranjería del Consejo General de la Abogacía Española. “Si no se garantiza que toda persona que entre en España tenga derecho a ser escuchada con asistencia de un abogado y de un intérprete, mientras eso no se garantice, no se estará cumpliendo la legislación internacional”.
Las devoluciones en caliente incumplen la Ley de Extranjería, el tratado bilateral con Marruecos y todos los convenios internacionales que garantizan el derecho de asilo. Sin embargo, España lleva realizándolas desde hace más de 10 años. Tras la imputación del coronel jefe de la Guardia Civil de Melilla por ordenar estas prácticas, el Gobierno ha anunciado la legalización de las expulsiones inmediatas a través de una enmienda a la Ley de Seguridad Ciudadana.
Desde la Abogacía Española sostienen que la legalización de las devoluciones 'en caliente' “no va apasar los filtros constitucionales” —pues obliga a cumplir los tratados internacionales sobre derechos humanos— y, por tanto, consideran que se acabará suspendiendo. “Lamentablemente creo que el Gobierno aprobará la reforma a sabiendas de esta situación . Le servirá para mantenerlo en vigor durante unos años hasta que una sentencia del Constitucional o del Tribunal de Estrasburgo concluya lo que ya saben, que no se sostiene con los tratados internacionales”, añade.
En esta línea, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, aunque celebra la nueva iniciativa, ha recordado al Gobierno que “se deben garantizar también los derechos fundamentales de las personas que intentan acceder de forma irregular al territorio español, en relación con la iniciativa de modificación de la Ley de Extranjería anunciada a finales de octubre”.
“Todo el que pise suelo español debe tener los mismos derechos que el que pisa las nuevas oficinas de asilo”, asevera Álvaro García Ortiz, portavoz de Jueces para la Democracia. Las personas que superen la alambrada deberían ser trasladadas a estas dependencias para que pudiesen solicitar asilo“, indica el jurista. El Gobierno no ha hecho referencia alguna a esta posibilidad. ”La música de la nueva medida suena bien, pero hace falta conocer la letra. Si no se cumple el acceso de los posibles solicitantes de asilo a estas salas, no tiene sentido“.
“Las devoluciones en caliente vulneran la Ley de Extranjería, la Ley de asilo y multitud de tratados internacionales. No pueden existir limbos jurídicos por mucho que se creen nuevas vías para solicitar asilo”, coincide Joaquim Boch, portavoz de la Unión Progresista de Fiscales. “En ningún caso, las oficinas de asilo pueden ser una excusa para justificar las devoluciones en caliente ni para la utilización de violencia”, añaden desde el Servicio Jesuita de Migrantes.
