El juez de Sandra, la mujer condenada por resistirse a ser deportada

Ignacio Ubaldo González Vega es miembro de Jueces para la Democracia y directivo de la asociación de Magistrados Europeos por la Democracia y las Libertades (MEDEL). Ignacio Ubaldo González Vega, magistrado del Juzgado de lo Penal número 20 de Madrid, ha dictado sentencia: condena a Sandra –migrante latinoamericana a la que la policía trató de deportar por la fuerza en dos ocasiones– a seis meses de prisión por un delito de resistencia a los agentes de la autoridad y a una multa por una falta de lesiones.

La ingente acumulación de testimonios de personas deportadas que narran la violencia policial en los traslados desde el CIE de Aluche al aeropuerto de Barajas; la existencia de vídeos que muestran alguna de estas actuaciones; la existencia de un Protocolo para las Repatriaciones que consiste en una obscena enumeración de instrumentos represivos legalizados para uso de los escoltas; la existencia de un rastro de inmigrantes muertos, generalmente por asfixia, en los operativos de deportación europeos y españoles; todo ello nos permite afirmar que esta violencia e impunidad policial no solo se produce en casos concretos, sino que forma parte del método habitual de los escoltas ante cualquier persona que se niegue a ser deportada por la fuerza.

Sin embargo, con esta sentencia asistimos, una vez más, a una actuación judicial repetida, consistente en tomar el atajo de casi siempre: “creerse” la versión policial y condenar a la víctima de los golpes y del intento de deportación forzosa. En esta ocasión, la sentencia la firma uno de esos jueces que se llena la boca de términos como “democracia”, “libertades” y “presunción de inocencia”. Términos que saca a pasear en sus artículos.

La indefensión de Sandra comienza en una estancia del CIE, de la que sale amoratada por los golpes policiales y con parte de su pelo arrancado. La indefensión de Sandra culmina en sede judicial: su testimonio, en el que relata con detalle cómo fue engrilletada de pies y manos antes de ser golpeada, no vale nada frente al testimonio de los agentes que la golpearon.

Pero el juez no solo es responsable de alinearse con la versión policial el día del juicio, sino de crear las condiciones para la radical anulación de la capacidad de Sandra de defenderse. Durante el juicio, la fiscal sostuvo que los agentes no podían haber golpeado a Sandra, entre otros motivos, porque el lugar donde se encontraban tiene cámaras de vigilancia.

Sin embargo, el juez no ha movido ni un dedo para averiguar si efectivamente había grabaciones de los hechos, ni se ha preocupado por saber los motivos en el caso de que dichas grabaciones no existan. Por otro lado, Sandra fue atendida en el CIE de Aluche tras la paliza. Pero hoy por hoy solo aparece el informe médico del agente supuestamente agredido. Una vez más, una prueba se volatiliza dentro del CIE de Aluche. Y el juez tampoco hace absolutamente nada para investigar quién atendió a Sandra y por qué no existe un informe médico que refleje sus lesiones.

Tal y como dicta el sentido común, y dado que Sandra ha denunciado a los dos agentes por los golpes recibidos, el juicio debió haber dirimido las responsabilidades de todas las partes. Sin embargo el proceso contra los agentes –nada es casual– sigue un curso mucho más lento que el que resuelve la responsabilidad de Sandra. No juntar ambos procedimientos judiciales –decisión tomada por la magistrada del Juzgado de Instrucción número 37 de Madrid– facilita la típica estrategia policial: acusar preventivamente a quien saben que les va a denunciar por los golpes que le han propinado.

En su libro Los orígenes del totalitarismo, Hannah Arendt nos recuerda cómo en los años treinta del siglo XX “la Policía de Europa occidental recibió autoridad para actuar por su cuenta, para gobernar directamente a las personas”. Y esa emancipación policial del la ley y del gobierno creció en torno a la gestión del problema de los refugiados: “cuanto mayor era la proporción de apátridas [...], mayor era el peligro de una transformación gradual en un estado policial”. Por eso no era extraña –continúa Arendt– la colaboración entre la Gestapo y las policías de las democracias occidentales.

Hoy la policía española campa a sus anchas en los Centros de Internamiento de Extranjeros y actúa impunemente en los operativos de deportación. Caza a migrantes por la calle o en su domicilio por el simple hecho de no tener papeles. Humilla, golpea, desnuda, amordaza, inyecta sedantes a las personas que van a ser expulsadas.

La mayor parte de los jueces mira para otro lado. Algunos, además, se convierten en cómplices activos dictando continuamente internamientos y órdenes de expulsión. O, como el progresista Ignacio Ubaldo González Vega, alentando que la policía –para satisfacción del Ministerio del Interior– maneje por su cuenta la política de extranjería.