La Audiencia Nacional rechaza suspender la venta de Banco Popular y dice que el papel del FROB fue “instrumental”

La Audiencia Nacional ha rechazado suspender de forma cautelar la operación de venta del Banco Popular al Santander al estimar que si bien ha podido generar “perjuicios de difícil reparación”, la ejecución del Fondo de Reestructuración Bancaria (FROB) “dimana” de una decisión adoptada por Europa. Esta es una petición que se hace en los recursos contenciosos-administrativos presentados ante el tribunal en los que se piden paralizar el proceso por el que se decidió la resolución y posterior venta por un euro de Popular a Santander. 

En el auto conocido hoy, la sala de lo Contencioso-Administrativo califica de “instrumental” el papel del FROB y considera que los “perjuicios invocados” por los recurrentes deben dirigirse a los tribunales europeos con competencia sobre las actuaciones, en este caso, de la Junta Única de Resolución (JUR), organismo comunitario que acordó la operación el pasado 7 de junio.  

Según los magistrados, fue la JUR la encargada de valorar tanto las dificultades por las que atravesaba el Popular como la necesidad de esa medida para el interés público, razones por las que “la paralización pretendida, incluso si se tratara de la misma venta, dejaría sin efecto la decisión del organismo y mantendría unas circunstancias que ha considerado que hacen inviable la entidad y conllevan un riesgo para el interés público”.

No obstante, la sala admite que la ejecución de las medidas propuestas por Europa “puede generar perjuicios si no de imposible, sí de muy difícil reparación”, aunque entiende que éstos son imputables directamente a la decisión de la JUR, “que es la que ha decidido la venta”.  Según han informado fuente jurídicas, a día de hoy se han registrado más de 250 recursos, que incluyen a más de 6.000 recurrentes de diferentes perfiles, desde personas físicas o jurídicas, hasta asociaciones o fundaciones. 

Esta vía se desarrolla de forma paralela a las demandas presentadas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ante este tribunal se han presentado más de medio centenar de demandas que van contra la Junta Única de Resolución, y en algunos casos también contra la propia Comisión Europea, por la resolución de Popular. 

La JUR dice que tuvieron “suerte” 

La presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR), Elke Koning, ha dicho hoy que las autoridades tuvieron “mucha suerte” de que el Banco Santander pudiese comprar el Banco Popular en el marco de su resolución y mantener su funcionamiento, e insistió en que la operación fue un “logro”. “Hasta cierto punto tuvimos mucha suerte de que había un proceso en marcha y de que había alguien que quería y podía adquirir la cartera, además con una perfecta aplicación de nuestras reglas”, ha dicho Koning en la conferencia anual de la JUR, que se celebra en Bruselas.

Le presidenta de la institución europea, que ordenó la resolución del Popular después de que el Banco Central Europeo (BCE) lo declarase inviable o en vías de serlo, admitió que las autoridades coinciden en que tienen que “extraer lecciones” de esta situación. “Te preguntas, ¿qué pasa si hubieras tenido que abrir el banco al día siguiente pero no hubieras tenido una solución?”, ha apuntado la economista alemana.

Koning ha apuntado que en el futuro le gustaría tener “más tiempo” para gestionar una resolución, no una sola noche como con el Popular. En este sentido, la presidenta del Mecanismo Único de Supervisión (MUS), Danièle Nouy, la institución que forma parte del BCE y que determinó que el banco era inviable o estaba en camino de serlo, aseguró que “no puedo prometer eso”.

“Cuando llegamos al punto en que no hay otra solución, que (los bancos) no serán capaces de pagar sus compromisos cuando deben, entonces tenemos que tomar una decisión, y desafortunadamente no elegimos la fecha”, afirmó la economista francesa, cuya institución ha sido criticada por no ver con suficiente antelación la situación del Popular. Para evitar esta precipitación tanto Nouy como Koning consideraron que sería útil introducir a nivel europeo una moratoria, que permita “congelar” las actividades del banco durante un periodo corto, una ley que ya tienen algunos países.