Enagás dice que recurrirá en los tribunales los recortes de la CNMC y reclama “seguridad jurídica”

Enagás ha advertido este martes de que adoptará las acciones y medidas jurídicas “que resulten pertinentes en todo momento en la defensa de sus intereses y los de sus accionistas” contra la amenaza de recorte propuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

En una presentación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), advierte de los impactos de las circulares del regulador, abiertas a información pública para la presentación de alegaciones hasta el 9 de agosto, que plantean para los siguientes periodos regulatorios una rebaja del 17,8% en la retribución de la distribución del gas, así como un recorte del 21,8% para la actividad de transporte de gas y regasificación, que afecta especialmente a Enagás.

La compañía presidida por Antonio Llardén, que está participada por el Estado a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), se une así a la amenaza que realizó la semana Naturgy, otro de los grandes afectados por los recortes de la CNMC, de acudir a los tribunales para defender sus intereses y los de sus accionistas si la propuesta del regulador ve la luz sin ningún cambio. Naturgy y Red Eléctrica (también participada por SEPI) han amenazado además con paralizar inversiones ante la propuesta.

Enagás está preparando sus alegaciones con el fin de que la regulación “sea coherente y permita al sector energético hacer frente a las necesidades de la transición energética y la descarbonización”. Considera que la reforma no contiene incentivos que permitan mantener disponibles las infraestructuras de transporte del sistema gasista para cumplir el rol que el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) reserva al gas natural y a los gases renovables en el proceso de transición energética, “poniendo por tanto en peligro las inversiones futuras en nuevos servicios y objetivos comprometidos de lucha contra el cambio climático”.

Asimismo, cree que la propuesta de la CNMC no respeta los criterios de rentabilidad razonable para las actividades gasistas que establece la Ley de Hidrocarburos. “La rentabilidad actual del negocio regulado de Enagás es razonable, similar a la de otros TSO europeos y asegura la recuperación de las inversiones realizadas en el periodo de vida útil de las mismas”, añade.

“Incertidumbre e inestabilidad jurídica”

El operador del sistema gasista también advierte de que el marco regulatorio que propone la CNMC genera “incertidumbre e inestabilidad jurídica de un sector intensivo en capital” y tendrá un “impacto negativo” en el sector del gas, en otras actividades dependientes y afectará al desarrollo del tejido empresarial español.

A ello se suma la amenaza de las agencias de rating, S&P, Fitch y Moody's, que han emitido informes alertando del impacto negativo en los ratings de las empresas gasistas en caso que las circulares se aprueben definitivamente con su contenido inicial. Además, para el grupo el proceso de tramitación de la circulares retributivas seguido hasta la fecha por el organismo presidido por José María Marín Quemada “no ha respetado las tres etapas previstas en la legislación”.

Enagás también subraya que al incorporarse en las memorias justificativas de las metodologías el detalle de los valores de los diferentes valores, “se ha desnaturalizado en la práctica la tercera fase, consistente en la aprobación por resolución de la retribución anual para cada compañía”.

Filtraciones a los medios

Además, estima que desde mediados de junio “hubo filtraciones en medios de comunicación” sobre el contenido de las circulares que afectó “significativamente” al valor bursátil de las compañías energéticas españolas y que la CNMC inició el trámite de consulta pública de los borradores, el pasado 5 de julio, sin haber permitido a las compañías del sector y al resto de grupos de interés “el derecho a ser escuchadas con carácter previo”.

Desde el inicio de estas filtraciones, Enagás estima que las compañías energéticas españolas han perdido más de 8.000 millones de capitalización bursátil.

De esta manera, señala que el procedimiento utilizado difiere del utilizado por el Ministerio para tramitar la metodología para el cálculo de los cánones y retribución de los almacenamientos subterráneos.