El 20% de los mayores de 65 años en España viven en situación de vulnerabilidad residencial extrema

La precariedad de la vivienda en España tiene caras muy conocidas, como la subida del precio de los alquileres en grandes ciudades o la dificultad de acceso de los jóvenes. Menos titulares se llevan los problemas de las personas mayores en este terreno. Una tesis doctoral publicada la pasada semana por el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), y elaborada por la socióloga Irene Lebrusán concluye que el 20,1% de los mayores de 65 años en España viven en una situación de “vulnerabilidad residencial extrema”, con problemas graves de habitabilidad en el interior de sus viviendas.

“Esta vulnerabilidad dificulta su permanencia y participación en la sociedad, apuntando además a un mal funcionamiento del sistema redistributivo y residencial”, explica la tesis, que concluye que las desigualdades perviven aún más en un contexto de recorte de recursos públicos y cambio de la dirección de la solidaridad familiar (en general los hijos ya no pueden permitirse ayudar a sus mayores). “Estas situaciones de exclusión contrastadas no se presentan como producto de la vejez, sino como la culminación de trayectorias residenciales caracterizadas por la desigualdad. Puede afirmarse que el sistema de bienestar no está dando respuesta a las necesidades residenciales no cubiertas en la vejez, siendo un impedimento para su integración social”, afirma la publicación.

Para llegar a este resultado, Lebrusán ha elaborado un indicador con once variables que señalan carencias o problemas relacionados con disponibilidad de agua corriente; estado del edificio; existencia de aseo interior de la vivienda; sistema de alcantarillado público; baño/ducha; accesibilidad; disponibilidad de ascensor; hacinamiento; convivencia de usos en el edificio; tendido telefónico (sin él es difícil poseer un botón de emergencia); y existencia de calefacción o de aparatos para calentar.

Tras cribar estas variables para no tener falsos positivos (por ejemplo que aparezca que no hay ascensor en un edificio que teóricamente no lo necesita) Lebrusán, que en la actualidad realiza una investigación posdoctoral en Harvard, ponderó y validó resultados con diferentes criterios (expertos, normativa, entrevistas con personas mayores que le ayudaron a detectar previamente qué dimensiones son problemáticas además de las objetivas) y contrastó con variables sociodemográficas, comportamentales, territoriales y de convivencia, así como con régimen de tenencia.

En una conversación telefónica con eldiario.es, Lebrusán, especializada en sociología urbana, explica que eligió este tema para su tesis cuando trabajaba para la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) en proyectos como el censo de la Cañada Real y el barrio de San Cristóbal y la rehabilitación del centro histórico. “Me resultó muy llamativa durante esos tres años (2009-2011) la sensación de que la opinión de las personas mayores no se solía tener en cuenta y no se priorizaba”.

La socióloga relata casos reales que pudo conocer a lo largo de años de entrevistas y recogida de datos. “Uno de los ejemplos que me impresionó fue el de una vecina, ya mayor, que vivía en un piso alto sin ascensor, en unas condiciones muy negativas, pero nos dijo que la situación mala de verdad era la de otra señora que no tenía ni baño ni agua corriente y que vivía en un antiguo ático aparentemente inhabitable”. Esa segunda señora no quiso abrir la puerta de su casa ni hablar con la socióloga y la arquitecta que estaban efectuando el trabajo.

Existe una tendencia a asumir que la situación residencial de los mayores está resuelta porque solo un 13,3% de quienes superan los 65 años no son propietarios de una vivienda. “Hay un gran porcentaje de personas mayores que viven en una situación residencial muy buena, pero también tenemos un porcentaje nada desdeñable de personas mayores que tienen una situación realmente de penuria”, incide Lebrusán. “En Cañada Real pasaba lo mismo, la mayoría de la población es muy joven, y siempre tenían la esperanza de que a lo largo de la vida su situación cambiara. Pero ¿qué pasa con las personas que están en esa situación y que tienen 80 años? No han conseguido mejorar su situación residencial a lo largo de toda su vida. Entonces, evidentemente hay algo que está fallando”.

La investigación apunta a que los mayores de 74 años están en peor coyuntura residencial y económica que los están en la edad de la anterior década; y que entre los grupos más perjudicados están las mujeres que nunca han estado casadas y los residentes en ciudades medianas. En las grandes urbes se llevan a cabo más políticas de protección, mientras que en los sitios pequeños las redes de ayuda vecinal funcionan mejor y los precios son más económicos. Por regiones, “estar fuera de la Península aumenta el riesgo. Las ciudades de Ceuta y Melilla tienen un porcentaje de personas mayores vulnerables impresionante. También sucede en Canarias. Pero después me sorprendió bastante la Comunidad Valenciana, que también está en una situación muy negativa”, resume Lebrusán.

Una de las trabas para la investigación ha sido la resistencia de los afectados a reconocer la propia situación de precariedad residencial. “La población mayor de 65 años en España, sobre todo la población que tiene más de 74, que además son los que están en peores condiciones, han vivido situaciones muy duras. Entonces comparan y deciden que no están tan mal”. Relata casos como el del señor que decía que cuando estaba mal era cuando de niño no tenía ni puerta ni casi comida; el de una mujer que vivía en un piso de protección oficial y opinaba que lo duro era vivir en una chabola y tener que lavarse el pelo embarazada y al aire libre en diciembre, o el del hombre que, aunque no disponía de calefacción, aseguraba tener muy buenas mantas.

“¿Decir que un 20,1% de los mayores tienen una vulnerabilidad residencial extrema es un porcentaje muy alto? Creo que es un porcentaje nada exagerado, sino todo lo contrario. ¿Por qué? Porque yo trabajé con las variables que nos da el censo de población y viviendas, y hay muchas cuestiones que no puedes analizar, como la segregación ilegal de las viviendas que no está registrada”, explica la investigadora.

E insiste en la falta de información tanto de los investigadores como de los servicios sociales sobre las personas que viven esta realidad. “Al final el gran problema es que no hay un diagnóstico real. Y tendemos a avergonzarnos de este tipo de experiencias. Una señora que entrevisté me habló de otra vecina de 80 años sin bañera ni ducha, que vivía en 30 metros cuadrados. No hubo manera de hablar con ella. A las situaciones más duras no llegué”, reconoce Lebrusán.

Otros problemas residenciales de menor entidad surgieron durante esta investigación cualitativa (que se efectuó al margen de la cuantitativa), y que incluyó entrevistas con los vecinos disponibles en 175 edificios de barrios madrileños como Malasaña, Lavapiés, San Cristóbal y La Cañada Real. Por ejemplo, el de los propietarios de vivienda a los que los procesos de gentrificación habían dejado sin tiendas tradicionales en las que adquirir alimentos, sustituidas por otras mucho más caras y de productos gourmet.

Una situación que seguramente empeorará

Según esta investigadora, la situación actual tiene todos los visos de empeorar en el futuro, tanto porque cada vez hay menos propietarios como porque cada vez hay más dueños de vivienda que tienen pagos pendientes de hipoteca. Por otro lado destaca que las nuevas generaciones de la vejez van a tener grandes vacíos en su cotización debido a la crisis y unos salarios más bajos que afectarán a su pensión futura.

También hace hincapié en que durante el boom constructivo que hubo en España se controló menos la calidad de las viviendas. Y señala que el hecho de quitar las ayudas de rehabilitación en un contexto de crisis, así como las subvenciones para poner ascensores o mejorar la eficiencia energética de los edificios, va a suponer un problema mayor a futuro. “Si tú no estás rehabilitando edificios que tienen un pequeño problema ahora, dentro de diez años el coste va a ser mucho mayor”. A pesar de la existencia de la Inspección Técnica de Edificios (ITE), según sus investigaciones, la calidad de una parte no desdeñable de las viviendas en España exigiría reparaciones y reconstrucciones.

La tesis de Lebrusán es que la precariedad habitacional de este grupo de población tiene que ver no tanto con problemas relacionados con el envejecimiento, como con el deterioro de las propias viviendas. “Toda la política de vivienda que se ha hecho ha ido dejando siempre fuera a determinadas bolsas de población. No entraron en la vivienda pública en la etapa franquista y tampoco entraron después o lo hicieron en viviendas que hoy no cumplirían criterios de habitabilidad”, apunta.

Por otro lado, los estudios sobre vejez se centran en otras cuestiones importantes, como la soledad. “Pero resulta que hay otros problemas que son mucho más acuciantes, como el de una señora que vive en un cuarto piso sin ascensor y tiene problemas de movilidad, por lo que no va a bajar a la calle. Eso es lo que empeora su soledad, más que el hecho de que no viva con nadie”.