La multa que Francia cobra a España por guardar sus residuos nucleares se dispara y ya supera los 84.000 euros diarios

La factura de lo que España paga a Francia desde julio de 2017 por custodiar una pequeña parte de sus residuos nucleares sigue creciendo. Esa penalización diaria ascendió el pasado ejercicio a 84.134,63 euros, más de 30,7 millones al año, tras registrar una subida récord del 6,7% con respecto a los 78.848,66 euros diarios de 2021.

Enresa, la empresa estatal que gestiona los residuos nucleares en España, recuerda en su último informe anual que esa penalización se revisa cada año “como resultado de aplicar los índices de actualización previstos en el acuerdo” con Francia.

Enresa no precisa los motivos del fuerte incremento de 2022. El aumento está en línea con la crisis inflacionista provocada por la guerra en Ucrania, a medio camino entre la inflación media registrada en España y Francia en 2022, del 8,4% y el 5,2%. Esa subida sin precedentes cercana al 7% es muy superior al 2,9% de 2021 y al exiguo 0,4% de 2020, el año cero de la pandemia.

La bola de nieve de las penalizaciones acumuladas va creciendo. A diciembre de 2022, las cantidades abonadas por Enresa a la francesa Orano (antigua Areva) por custodiar ese material en su planta en La Hague (Francia) desde 2017 ascendían ya a un importe acumulado de 156,2 millones. 

Estos residuos tienen su origen en la precipitada clausura de la central nuclear de Vandellós I (Tarragona) como consecuencia de un incendio en 1989, en el que fue el accidente nuclear más grave hasta la fecha en España. Desde el cierre de la planta, España ha tenido que abonar a Francia cerca de 700 millones por quedarse con esa basura radiactiva.

Tras la clausura, se firmó un primer acuerdo con Cogema (a la postre Areva, hoy Orano), fabricante del reactor, para la custodia y reprocesamiento del combustible (uranio enriquecido) a cambio de unos 250 millones que pagaron los consumidores de electricidad mediante un recargo en el recibo de la luz del 0,7%.

Ese primer acuerdo fijaba como primer plazo para traer los residuos de vuelta a España el 31 de diciembre de 2010. Pero, como para entonces, al igual que ahora, no había donde guardarlos, el plazo se incumplió y Enresa empezó a abonar una penalización de unos 65.000 euros diarios hasta que en octubre de 2012 suscribió una adenda al convenio original.

Con ella, a cambio de retrasar la devolución hasta junio de 2017 y recuperar las penalizaciones diarias devengadas hasta entonces, Enresa se comprometió a abonar 213 millones más, que incluían el encargo a Areva de cuatro contenedores para el transporte y almacenamiento de los residuos a España.

La custodia de esos recipientes, que llevan años construidos, tampoco es gratis. Tal y como explica Enresa en su última memoria, en diciembre de 2018 se formalizó un contrato con Orano para el almacenamiento temporal de los contenedores vacíos y el equipamiento auxiliar en el emplazamiento de La Hague hasta su carga con un coste acumulado de 1,11 millones a 31 de diciembre de 2022, lo que supone un 17% más que un año antes.

La actual penalización por la custodia de los residuos en Francia empezó a abonarse en julio de 2017, por el retraso que entonces acumulaba el proyecto del almacén temporal centralizado (ATC) de residuos que el gobierno del PP decidió ubicar en Villar de Cañas (Cuenca) y que finalmente ha sido descartado por el actual gobierno.

Y a medida que se ha ido demorando la decisión sobre dónde meter a medio y largo plazo la basura radiactiva generada por los reactores, la fecha de regreso de ese material custodiado en Francia se ha ido aplazando.

El ATC, cuya construcción fue un mandato del Congreso de los Diputados del año 2004, fue definitivamente enterrado por el Gobierno de Pedro Sánchez a finales de 2022. Ante la falta de consenso social sobre la construcción de esa infraestructura, el Ejecutivo propuso construir en su lugar siete almacenes en los emplazamientos de las centrales, como paso intermedio para enterrar los residuos en un almacén geológico profundo (AGP) que estaría listo para 2027 y cuya ubicación habrá que decidir en el futuro.

Esta es la propuesta recogida en el último borrador del plan de gestión de residuos. El documento ya ha recibido el visto bueno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), pero el plan no llegó a aprobarse en la anterior legislatura. Los máximos responsables de Enresa y del CSN pidieron hace unos meses una ley específica para blindar el AGP y que ese almacén subterráneo esté listo “cuanto antes”.

Como una fianza

La multa que abona Enresa por los residuos nucleares que custodia Francia funciona como una fianza. Cuando se devuelva el material radiactivo (la fecha prevista actualmente es 2028), la mayor parte del dinero pagado hasta entonces se recuperará: “Las penalizaciones finalizarán con el último transporte a España de los residuos”, momento en el que “serán reembolsadas a Enresa todas las cantidades abonadas”, recuerda Enresa. 

Para entonces, las penalizaciones acumuladas desde 2017 habrán superado holgadamente los 330 millones, que Francia devolverá junto a los residuos, descontando el coste de almacenar esa basura radiactiva desde octubre de 2015. Hasta diciembre, esta partida ascendía a algo más de 10 millones.

La fecha de retorno de esos residuos se ha ido retrasando con los años. Hasta 2020, Enresa todavía estimaba que volverían en 2023. Pero la realidad ha obligado a fijar ese objetivo para 2028. 

Mientras, y ante el riesgo de saturación de sus piscinas y en ausencia de ATC, cada una de las centrales nucleares tiene ya o está construyendo almacenes individuales (ATI) para guardar el material radiactivo. El último, en la planta de Vandellós II, cuyo proyecto ha sacado a consulta pública este mes de agosto el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Esa central en Tarragona, propiedad de Endesa (72%) e Iberdrola (28%), será una de las últimas en cerrar, según el calendario de apagón nuclear progresivo que el gobierno pactó con las eléctricas en 2019, y que el PP prometió revertir si llegaba al gobierno.

Ese calendario estipula que Almaraz I cerrará en 2027, Almaraz II en 2028, Ascó I en 2030, Cofrentes en 2030, Ascó II en 2032, Vandellós II en 2035 y Trillo también en 2035. El desmantelamiento correrá al cargo del fondo que gestiona Enresa, que financian las eléctricas mediante una tasa a la producción de los reactores. A cierre de 2022, ese fondo acumulaba 7.272 millones de euros.