El presidente del BBVA se desvincula ante el juez de los contratos con Villarejo

Carlos Torres, presidente de BBVA, ha comparecido este lunes como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga los posibles delitos que encierra la relación entre la segunda entidad financiera del país y el comisario jubilado José Manuel Villarejo, que cobró por estos informes de inteligencia 10,3 millones de euros.

Según fuentes conocedoras del contenido de la declaración, el directivo se ha desvinculado de los contratos que el banco firmó con el policía y ha afirmado que sólo tuvo conocimiento de los mismos a partir de “junio o julio” de 2018 a pesar de que las primeras informaciones en prensa aparecieron publicadas en mayo de ese año y de que era consejero delegado desde 2015. Reemplazó a Francisco González en la presidencia de la entidad en enero de 2019.

Por otro lado, también se ha desligado de la investigación interna abierta en la entidad tras salir a la luz la existencia de esos contratos y ha afirmado que todas las decisiones en torno a esas pesquisas las tomaban los “investigadores independientes externos” contratados. Durante más de tres horas, el máximo responsable de la entidad ha respondido a las preguntas de las partes y ha insistido en que tanto él como el consejo de administración ordenaron “colaboración total” durante la instrucción judicial.

“Yo no tuve nada que ver ni participé ni di ninguna instrucción y se aplicó una metodología forense por los externos, tal como explica el banco en su propia web”, ha señalado Torres ante el juez.

La pieza 9 del caso Villarejo o Tándem, como se bautizó a la operación policial, está dedicada a investigar el supuesto encargo que hizo el BBVA a Cenyt, una de las empresas de Villarejo, para que espiara a empresarios, políticos y periodistas. El instructor del caso, Manuel García Castellón, cifra en 10,2 millones los pagos bajo sospecha de la segunda entidad bancaria del país al comisario jubilado.

Esa pieza fue abierta en secreto en diciembre de 2018. Desde entonces, altos ejecutivos y exdirectivos como el propio González han sido imputados. La entidad también tiene la condición de investigada desde julio de 2019. En diciembre de ese mismo año, el representante legal de la entidad, Adolfo Fraguas, reconoció en la Audiencia Nacional la existencia de pagos del BBVA a Cenyt hasta diciembre de 2017. Es decir, hasta un mes después de que el comisario fuera encarcelado acusado de liderar una organización criminal que obtenía millones de euros de vender a la élite del país dossieres que elaboraba con datos confidenciales. 

Es la primera vez que Torres comparece ante el juez, que atendió la petición de la Fiscalía Anticorrupción de citarle como testigo. En el auto en que el acordaba esta comparecencia, García Castellón consideró “especialmente relevante” conocer si funcionaron los mecanismos de control corporativo con el objetivo de “determinar la existencia de una efectiva cultura de cumplimiento normativo” y esclarecer así la “responsabilidad penal” del BBVA. 

Ante el juez, Torres ha precisado que un primer momento tras estallar el escándalo el departamento de auditoría interna inició una investigación para depurar responsabilidades, si bien desde enero de 2019 todo quedó en manos de los “investigadores independientes externos”: los bufetes Garrigues y Uría y la consultora PwC, que fue la encargada de realizar el 'forensic' sobre la actuación del banco en el caso.

La declaración de Torres se acordó después de que la directora jurídica del BBVA, María Jesús Arribas, fuera llamada como testigo por su supuesto conocimiento sobre la contratación de Villarejo por parte de la entidad y se negara a declarar. Esta directiva defendió que le amparaba el derecho al secreto profesional porque es, a su vez, abogada de la entidad.