Luz verde a un plan especial de 65 millones para reflotar la economía de la región

El Consejo de Gobierno ha aprobado un paquete de medidas urgentes y extraordinarias para impulsar la recuperación del tejido productivo de la región, el empleo y la actividad económica frente a la crisis ocasionada por el COVID-19, que suman un montante de 64,8 millones de euros.

En el ámbito de la Consejería de Educación y Empleo, el decreto ley contempla seis programas de subvenciones por importe global de 58 millones de euros y una previsión de más de 65.000 beneficiarios.

Se suman dos programas específicos en materia de turismo y agricultura, con un importe total de 6,8 millones.

Trabajadores, autónomos y pymes

En rueda de prensa por streaming, la consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez, ha detallado estas medidas incluidas en un decreto-ley aprobado este viernes en sesión extraordinaria y que están dirigidas especialmente a trabajadores, autónomos y pymes.

Dotadas con fondos propios, comunitarios y transferencias del Estado, estas medidas se suman a las aprobadas por el Gobierno regional en las últimas semanas y se complementan con las impulsadas por el Ejecutivo central, ha explicado.

“Están pensadas para que nadie se quede atrás” como consecuencia de esta crisis derivada del COVID-19 y, con “una tramitación ágil y garantista”, se prevé la posibilidad de que “se puedan ampliar algunas líneas”, para que tengan mayor alcance, en caso de que “llegue más dinero del Gobierno central o fondos europeos”.

Las medidas aprobadas este viernes entrarán en vigor a los diez días de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) y tendrán que pasar por convalidación en la Asamblea en el plazo máximo de un mes, informa la Agencia Efe.

Programas de empleo

En cuanto a los seis programas del departamento de Empleo, el primero prevé ayudas para el mantenimiento del autoempleo en riesgo por el cese de actividad o por disminución significativa de ingresos derivada del estado de alarma o sus prórrogas.

Se beneficiarán más de 20.200 personas con una ayuda de 800 euros en el caso del cese de actividad; y unas 20.000 con una ayuda de 300 euros en aquellos supuestos en los que ha habido una reducción de la facturación, “por debajo del 75 % y por encima del 40 %”.

El segundo programa tiene como finalidad la reactivación y el mantenimiento del empleo de las personas trabajadoras asalariadas a cargo de personas trabajadoras autónomas o de microempresas, incluidas en expedientes de regulación temporal de empleo.

Se prevé que “haya 11.333 beneficiarios, con una ayuda de 950 euros por trabajador, y un máximo de cinco trabajadores”, con la obligación de mantener esos empleos durante seis meses una vez que finalice el estado de alarma en determinadas actividades.

Un tercer programa está dirigido al relanzamiento del autoempleo de personas que han causado baja en el régimen de autónomos para el inicio de nuevas actividades, que contempla una ayuda de 7.500 euros y 660 posibles beneficiarios.

Por su parte, el cuarto programa incluye ayudas urgentes destinadas a micropymes y personas trabajadoras autónomas para la contratación temporal de personas trabajadoras inscritas como demandantes de empleo. Se beneficiarán de esta medida 1.860 personas contratadas, por las que se dará una ayuda de 1.254 euros al mes (SMI más costes salariales) durante seis meses y la obligación de permanecer “otros tres meses” en la empresa.

La consejera ha precisado que está línea nace con la vocación de que se pueda unir después a las ayudas que concede la Junta para la conversión de esos contratos en indefinidos.

El quinto programa está destinado al mantenimiento de la plantilla de personas trabajadoras con discapacidad en los centros especiales de empleo (hay 180 centros de este tipo en la región) tras la finalización del estado de alarma. Tendrá 2.500 beneficiarios, con una ayuda de 300 euros al mes durante seis meses.

El último programa, que prevé beneficiar a 8.500 personas, está orientado a las personas trabajadoras por cuenta ajena afectadas por ERTEs motivados por la paralización de la actividad económica que están recibiendo prestación por parte del Gobierno central pero no llegan al Salario Mínimo Interprofesional.

La Junta se compromete así a cubrir la diferencia de esa prestación hasta el SMI, y también se podrán beneficiar “aquellos trabajadores que sin estar en ERTE desde el inicio del estado de alarma, han visto reducida su jornada laboral o no llegan al SMI”.

Agricultura y desarrollo rural

Además, en el ámbito de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, el decreto ley incluye subvenciones dirigidas a la mejora de la gestión integral de las comunidades de regantes y a la mejora de la profesionalización de las entidades de economía social.

Por una parte, se destina un presupuesto de 3,6 millones en ayudas a la mejora de las comunidades de regantes establecidas en zonas regables de iniciativa pública, así como de las asociaciones de comunidades de regantes y comunidades de usuarios de aguas (comunidades generales o juntas centrales de usuarios).

La medida va dirigida a la contratación de personal técnico, personal de campo especializado o personal administrativo, a la compra de medios materiales, equipamientos informáticos y de comunicación, así como a la adquisición de aquellos bienes inmuebles necesarios para la óptima gestión de las entidades solicitantes.

Por otro lado, se destina un presupuesto de 1,2 millones de euros, “ampliable un 20 % según demanda”, al fomento de la contratación de personal cualificado y de gestión administrativa en las empresas de economía social (sociedades cooperativas), así como al mantenimiento de puestos ya existentes, con el fin de profesionalizar más este sector.

El límite de las ayudas será de 10.000 euros en localidades de más de 5.000 habitantes y de 12.000 euros en las de menos de 5.000 habitantes.

En este mismo departamento, se establecen modificaciones en el cumplimiento y la acreditación de los requisitos y condiciones relativas a las subvenciones LEADER vinculadas al ámbito de la Secretaría General de Población y Desarrollo Rural, cuya ejecución y justificación pueda resultar imposible o no pueda llevarse a cabo en sus propios términos a consecuencia de la situación actual.

Empresas turísticas

Asimismo el decreto ley establece ayudas, en el área Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, para la financiación de préstamos a empresas turísticas, con un “interés cero” para las mismas.

Con esta línea, dotada con dos millones de euros, se pretende dotar de liquidez a las empresas turísticas radicadas en Extremadura con más de cinco años de actividad, y la Junta estima que podrán beneficiarse de esta medida unos “13.500 autónomos o pymes del sector”.

Concretamente, las ayudas financiarán los intereses de préstamos de hasta 20.000 euros por solicitud y destinatario, y por un mínimo de 3.000 euros, con un tipo de interés fijo máximo del 2 por ciento. Según la Junta, el tejido empresarial turístico extremeño ha sido el que más Expedientes de Regulación de Empleo ha formalizado ante la autoridad laboral de la región, por lo que “están en riesgo miles de empleos en este momento”.

El sector forma parte de la Red de Establecimientos de Guardia, para alojar a trabajadores de sectores esenciales de actividad sociosanitaria y económica; y que a día de hoy cuenta con 65 alojamientos (hoteles, hostales, apartamentos, alojamientos rurales...) con una oferta de 1.246 plazas en 49 localidades. La Dirección General de Turismo ha atendido, desde el 16 marzo al 21 de abril, 320 consultas turísticas que incluyen, entre otros motivos, cancelaciones, ERTES y viajes combinados.