Refuerzan desde marzo el juzgado de Durango para agilizar las dos investigaciones sobre el vertedero de Zaldibar

El próximo 1 de marzo llegará al juzgado de primera instancia y de instrucción 1 de Durango una juez en prácticas que reforzará a la titular de la sala, Sofía María Sánchez Ortega. El objetivo es que tenga menos carga de trabajo y pueda disponer de más margen para dirigir la doble investigación sobre el derrumbe del vertedero de Zaldibar, del que este mes de febrero se ha cumplido un año. El refuerzo se mantendrá hasta el 31 de agosto y, a cambio, la magistrada titular deberá informar “mensualmente” de los avances en las dos causas sobre Zaldibar a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), presidido en funciones por Garbiñe Biurrun. Habrá de detallar puntualmente los avances en cuanto a citaciones y diligencias practicadas y pendientes.

Como adelantó este periódico, el Superior acordó enviar el refuerzo el pasado 29 de enero tras haberlo denegado la semana anterior. Una comisión de la Sala de Gobierno del alto tribunal vasco realizó una visita al juzgado de Durango antes de acordar la medida. En total, serán nueve los magistrados en prácticas que reforzarán los tribunales en Euskadi, siete para Bizkaia, dos para Gipuzkoa y ninguno para Álava. Pertenecen todos ellos a la septuagésima promoción. Además de los medios humanos, el Palacio de Justicia de Durango tendrá también mejoras materiales tras las quejas recibidas.

El Superior ya ha definido cómo se repartirán el trabajo la titular y el refuerzo. En materia civil, los expedientes se repartirán “por mitad” entre ambas personas. ¿Cómo? Los casos con número de expediente par serán para la instructora y los impares para la que se incorpora ahora. En cuanto a las vistas, una semana las presidirá una persona y la siguiente la otra. En materia penal, en cambio, la juez de refuerzo asumirá todos los casos nuevos y la juez Sánchez Ortega dirigirá los expedientes en curso y, singularmente, los dos sumarios de Zaldibar, que tienen por código 79/2020 y 301/2020.

En el primero de los expedientes se investiga si la caída de 800.000 metros cúbicos de residuos montaña abajo en la planta de Verter Recycling y que sepultó a dos trabajadores, el todavía desaparecido Joaquín Beltrán y Alberto Sololuze, pudo constituir un “homicidio imprudente”. El propio Beltrán, días antes del suceso, alertó de la inestabilidad de una instalación que ocupaba la ladera de una montaña y se analiza si, efectivamente, lo ocurrido no fue un accidente y sí una negligencia. Los imputados son el empresario José Ignacio Barinaga -apodado el Conde de Eibar-, su sobrina Arrate Bilbao y el ingeniero Juan Elosegui y han abonado ya una fianza por una elevada suma de dinero ante las eventuales responsabilidades civiles en caso de condena. A principios de mes, este sumario ocupaba ya 10 tomos y hay pendientes 39 testificales.

El segundo caso analiza los posibles delitos medioambientales en Zaldibar. A nivel administrativo, sucesivos informes aportados por el Gobierno vasco han determinado que Verter Recycling ha generado afección a los suelos y aguas de la zona. Sin embargo, está causa judicial está mucho menos avanzada. De hecho, no se inició su tramitación hasta enero. Justamente este jueves la plataforma Zaldibar Argitu y la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria han presentado su acusación popular en esta pieza, en la que defenderán la “innegable la responsabilidad directa” de la compañía de Barinaga pero sin renunciar a la posible “responsabilidad política” de la Administración. No han descartado personarse también en la otra parte. Han iniciado una colecta para recaudar fondos y ya han alcanzado 9.926