El Congreso aprueba un fondo para las víctimas del amianto y pone fin a 40 años de abandono
El Congreso ha aprobado una proposición de ley que contempla la creación de un fondo de compensación para las víctimas del amianto. Esta proposición ha sido impulsada por el Parlamento vasco la pasada legislatura y por eso fue defendida por tres parlamentarios autonómicos de PNV, EH Bildu y Partido Socialista de Euskadi. Salvo el PP que se ha abstenido, el resto de partidos que integran el Congreso ha dado el visto bueno a la propuesta. Ahora arrancará la tramitación de la ley y los grupos podrán añadir enmiendas para mejorarla.
Con esta aprobación, el Congreso pone fin a 40 años de abandono institucional de las víctimas del amianto. Hasta ahora, los afectados se han visto obligados a menudo a arrastrarse por los juzgados para que se les reconozca que se trata de una enfermedad profesional y así poder acceder a una indemnización.
Ahora falta por determinar cómo será la composición de ese fondo, que, en buena medida, se tendrá que nutrir desde los presupuestos españoles. España pasa así a contar con un mecanismo de compensación que ya existe desde hace años en países como Francia, Holanda o Bélgica. El fondo permitirá a las víctimas completar la indemnización que se les haya concedido en un primer momento sin perjuicio de que puedan seguir pleiteando en los tribunales.
Algunos países ya cuentan con este tipo de fondo, como Francia, Bégica y Holanda. Francia tiene el Fondo de Indemnización para las Víctimas del Amianto (FIVA) desde 2001. Se financia con el 90% de los fondos de la Seguridad Social y el 10% el Estado. Las aportaciones a la Seguridad Social las hacen solidariamente todos los empresarios, hayan o no tenido nada que ver con el amianto, a través de los excedentes de sus mutuas de trabajo. La mayor parte de las indemnizaciones se van para financiar los cáncer broncopulmonares, después para las enfermedades benignas ligadas al amianto, los mesoteliomas van en tercer lugar y después otras patologías.
En mayo de 2016, el Parlamento vasco se convirtió en la primera institución del Estado en exigir la creación de este fondo, pero la proposición de ley aprobada entonces no pudo ser tramitada ante las Cortes porque la Mesa del Congreso la rechazó. Los parlamentarios vascos Jon Aiartza (PNV), Eva Blanco (EH Bildu) y Gloria Sánchez (PSE) han sido los encargados de defender la propuesta en el Congreso. La parlamentaria socialista Sánchez ha explicado que la propuesta pretende poner fin al calvario judicial al que se han visto sometidas estas personas y sus familias, y ha relatado cómo tampoco es una situación justa para las empresas que actuaron en un marco legal que consentía el amianto, hasta que se constató su peligrosidad.
Junto a ese contenido de la proposición de ley, la representante socialista ha querido poner en valor que es una iniciativa adoptada por unanimidad de los representantes vascos, y, en unos momentos “turbulentos” para el diálogo y el acuerdo, en los que se cuestiona la política y la democracia representativa, es especialmente relevante que se adopten iniciativas como la creación de este fondo de compensación, una demostración de que se hace caso a los afectados y se conducen sus demandas allí donde pueden ser resueltas.
Jesús Uzkudun, representante de Comisiones Obreras y de la Asociación vasca de Afectados por el Amianto (Asviamie), lleva muchos años dedicado a esta lucha. “Hay muchas pequeñas empresas que con el tiempo han ido desapareciendo y los trabajadores afectados por el amianto no tienen ninguna posibilidad de indemnización. El fondo ayudará a aliviar sus sufrimientos”. La previsión es que durante los próximos 20 años los casos sigan en aumento.
“A muchos pacientes se les diagnostica cáncer de pulmón debido al tabaco, pero en algunas ocasiones esa diagnóstico encubre la exposición al amianto que han sufrido esas personas durante su etapa laboral y que es la causante del cáncer”. Es la advertencia de Nuria Busto, abogada de Asviamie.
Por sus propiedades físicas y químicas, y su bajo coste de producción, el amiento fue utilizado de manera abundante en el sector industrial y en la construcción desde mediados del siglo pasado hasta 2001, fecha en que se prohibió su uso en el país. En España, entre 1994 y 2008 ha habido 3.943 fallecimientos vinculados directamente al amianto.
