Más de 5.000 menores son atendidos por las diputaciones debido a su desamparo
La crisis y la precariedad económica que conlleva ha desestabilizado a miles de familias vascas, que se han encontrado sin recursos incluso para poder mantener en condiciones dignas a sus hijos. Los servicios sociales de las tres diputaciones han visto en los últimos años cómo se ha incrementado el número de atenciones a los menores de estas familias. Hasta el punto de que más de 5.000 niños y adolescentes han sido atendidos a lo largo de 2014 por los servicios sociales de infancia de las diputaciones por encontrarse en situación de grave desprotección o desamparo.
En estos casos, las medidas de protección aplicadas a estos menores son fundamentalmente cuatro: programas de intervención intensiva en la familia en aprietos; acogimiento en otra familia; acogimiento residencial y adopción. Es decir, en dos casos se produce la solución más drástica, la separación de los menores de sus progenitores. A lo largo del año pasado, 997 niños fueron acogidos en las residencias públicas y 769 por familias.
Entre las diferentes medidas de protección, el ‘ararteko’ en funciones, Íñigo Lamarca, considera fundamental la apuesta por llevar a los menores en situación de desamparo a familias particulares frente al modelo de acogimiento residencial. Pero esta apuesta no resulta sencilla. Las diputaciones han realizado varias campañas en los últimos años para buscar familias de acogida, pero el número no aumenta. ¿Por qué?
La explicación no es por una respuesta social insuficiente o falta de familias en general, sino de la no correspondencia entre el perfil para el que las familias se han ofrecido y los niños y niñas orientados a acogimiento realmente existentes. Así, mientras que el perfil de ofrecimiento más habitual es de un solo niño o niña, menor de 6 años, con no más de una visita semanal de la familia biológica y sin discapacidad, los niños y niñas a la espera de familia son grupos de hermanos, mayores de esa edad y con necesidades especiales.
El acogimiento por parte de familias profesionales se está abriendo paso como una fórmula alternativa. Siempre bajo supervisión pública. En el acogimiento familiar voluntario, la familia recibe una prestación económica en concepto de gastos para la manutención y el cuidado del menor, sin requerirse cualificación específica o dedicación exclusiva. En cambio, en el acogimiento profesional las personas acogedoras reciben, además de la prestación económica para los gastos de manutención, un salario o prestación por sus servicios. Se les exige también una determinada cualificación y dedicación exclusiva.
En Gipuzkoa es ya un hecho y arranca ahora en Bizkaia. En Álava se denomina acogimiento especializado y responde a la misma finalidad, que no es otra que ofrecer cobijo familiar a situaciones más complejas (por tratarse de grupos de hermanos, niños y niñas con necesidades especiales, etc.). Gipuzkoa ha ampliado este año de 22 a 28 menores su programa profesional.
La mayoría de edad
¿Y qué ocurre cuando llega la mayoría de edad del menor acogido? Pues que se prepara previamente con la familia y el chic. En los tres territorios, el profesional de referencia de los servicios sociales trabaja con un programa de desvinculación, en el que se va definiendo dónde va a residir, cómo va a gestionar la eventual ayuda económica, cómo debe contribuir en caso de que continúe viviendo con la familia….
En Álava, si tras cumplir los 18 años continúa viviendo con la familia, esta sigue recibiendo las prestaciones económicas dispuestas para el acogimiento, tanto las ordinarias como las extraordinarias. Si no continúa con la familia, accede a las ayudas a la emancipación (residencial y ayuda económica). En Bizkaia, dentro de los programas y servicios dispuestos por el Servicio de inclusión social a los que pueden acceder los chicos que llegan a la mayoría de edad estando tutelados por la administración, existen las ayudas de inserción, a las que tienen acceso los jóvenes emancipados acogidos en familia ajena.
Mientras, en Gipuzkoa, los chicos emancipados, independientemente de si continúan conviviendo con la familia acogedora o no, acceden a las ayudas especiales a jóvenes mayores de 18 años (destinadas a jóvenes de 18 a 23 años).
