El Foro Social ve superado “el inmovilismo” hacia los presos de ETA pero no da por buenos los acercamientos “a medias”
El Foro Social Permanente ha dado por “superada la fase de inmovilismo que caracterizó al Gobierno de Rajoy” con respecto a los presos de ETA, pero ha advertido de que “no da por buenos” los acercamientos “a medias” a cárceles cercanas a Euskadi. En una rueda de prensa celebrada en Bilbao y recogida por Europa Press, integrantes del colectivo han presentado el documento 'Análisis sobre avances, bloqueos y retrocesos en la resolución de la cuestión de las personas presas', y han defendido que los cuatro centros penitenciarios de Euskadi y Navarra disponen de “suficiente espacio para acoger a todos” los reclusos de la banda.
En este sentido, Nazario de Oleaga y Teresa Toda han destacado que los primeros acercamientos de presos de la organización terrorista llevados a cabo por el Gobierno de Pedro Sánchez se produjeron en septiembre de 2018 a un “ritmo lento, de dos presos por mes”, lo que generó “frustración entre familias y allegados”. Tras destacar que desde julio de 2020 el Ejecutivo central ha mantenido una segunda fase de acercamientos a un “ritmo constante”, que se ha acelerado en el último trimestre del año una media de 5-6 presos por semana“, el Foro ha dado así por ”superada la fase de inmovilismo que caracterizó al Gobierno de Rajoy“.
No obstante, han lamentado que, a fecha de hoy, la mayoría del colectivo de presos que integran el EPPK todavía se encuentra cumpliendo condena en cárceles alejadas entre 600 y 1.100 kilómetros y continúa clasificada en primer grado penitenciario“. ”Aunque se están dando pasos en la buena dirección, aún estamos lejos de un escenario de resolución integral para esta cuestión“, han añadido. En esta línea, han denunciado que solo una minoría de los reclusos de la banda se encuentra en cárceles de Euskadi y Navarra, mientras que la mayoría de los traslados lo han sido a cárceles periféricas de La Rioja, Cantabria, Asturias, Aragón y Castilla-León. ”Desde el Foro Social no podemos dar por buenos esos acercamientos a medias, esos traslados limitados a reducir el kilometraje del alejamiento, difíciles de comprender en el escenario actual. Máxime cuando, como demuestran los datos, los cuatro centros penitenciarios de Euskadi y Navarra disponen de suficiente espacio para acoger a todas estas personas presas“, han añadido.
Asimismo, según han detallado, los acercamientos han afectado mayoritariamente a presos de segundo grado, o en primero con aplicación del artículo 100.2 que lo flexibiliza, mientras que los traslados de personas en primer grado son “los menos”. Por otro lado, han defendido que se dan mayorías y consensos “transversales institucionales, políticos, sindicales y sociales suficientes para que estas cuestiones entren en una fase integral y definitiva de resolución”. “Estos consensos deben ejercer de palanca hacia el Gobierno español y de apoyo frente a los sectores contrarios a dar solución a esta problemática”, han defendido, al tiempo que han lamentado que “no existe un plan explicitado públicamente por parte del Gobierno para esta cuestión.
“Sigue sin abordarse la cuestión de la excarcelación de las personas gravemente enfermas y mayores de 70 años; el acercamiento sigue sin tener a las cárceles vascas como únicos destinos y se sigue haciendo una lectura errónea de la clasificación penitenciaria”, han añadido. Por su parte, Agus Herran y Nekane Altzelai han incidido en la necesidad de que concluya la “excepcionalidad” y se defina lo que han llamado “un plan de reintegración” que permita el “acompañamiento” a los presos en su itinerario individual de reintegración, “tanto en el camino de acceso a la libertad condicional como en la posterior reintegración social”. Respecto a los acercamientos, los miembros del Foro Social se han cuestionado “bajo qué criterios no se puede acercar ya a los presos a las cárceles de Euskadi y Navarra” y han reiterado que es “necesario y urgente terminar con el alejamiento”.
Evolución de grados
Respecto a la evolución de grados, han insistido en que la mayoría de los presos de ETA se encuentra todavía en primer grado, “de ellos un cierto número con aplicación del artículo 100.2, que lo flexibiliza en cierta medida”. En este contexto, han destacado la “voluntad mayoritariamente puesta ya en práctica del colectivo EPPK para realizar ese camino” pero han advertido de que “existen numerosas cárceles en las que la evolución de grados se presenta como un camino imposible de transitar” por la falta de un “programa específico” y el “sesgo ideológico de muchos de los funcionarios responsables del acompañamiento”.
Por todo ello, se han marcado como objetivo para el curso político 2021-2022 que se puedan “comenzar a afrontar los retos encaminados a situar la cuestión de las personas presas en una nueva fase de resolución”. A su juicio, en la nueva fase se deberán afrontar la necesidad de definir “un plan de reintegración que, pilotado desde las instituciones públicas y consensuado con los diferentes agentes, permita el acompañamiento a las personas presas en su itinerario individual de reintegración”. Asimismo, han abogado por “afrontar una solución adecuada, y acorde con el nuevo tiempo político, a la cuestión de las personas condenadas con aplicación de la ley 7/2003”. “Una cuestión no exenta de complejidad donde se deberán seguir los estándares internacionales empleados en la resolución de conflictos, orientando todos los esfuerzos a dar una solución permanente al problema y a la consolidación de la paz y las garantías de no repetición”, han finalizado.
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