Más migrantes detenidos, más libranzas: la Policía Nacional forzada a retirar una orden en la frontera de Irún

La jefatura superior de la Policía Nacional en Euskadi ha ordenado la “inmediata” retirada de una circular interna de la Brigada de Extranjería y Fronteras de Irún, en la muga entre España y Francia, por la cual ofrecía más días de vacaciones a los agentes cuantos más migrantes detuvieran en fin de semana. En concreto, el documento conocido este martes y que fuentes oficiales confirman que fue difundido internamente indica que si las libranzas ordinarias eran dos para un policía sin detenidos, subían a tres para uno con un arrestado, a cuatro con dos arrestados y a cinco con “diez detenidos (inclusive) en adelante”.

Este modelo estaba en el apartado de “compensaciones” y el interés de los responsables de la comisaría local, la única en Euskadi fuera de las capitales por la situación fronteriza de Irún, era que entrara en vigor desde el 1 de julio. La organización sindical interna Jupol ha sido la que ha informado de estos hechos y recalca que es un ámbito que está “debidamente regulado” y que en el caso de Irún “o no se ha actualizado” o se está “empujando para aumentar el número de detenidos de Extranjería”. Añade Jupol que “llueve sobre mojado”.

Fuentes de la Delegación del Gobierno de España confirman que el documento es real pero recalcan que tuvo una vigencia de apenas “unas horas”. En cuanto la jefatura superior tuvo conocimiento de ella ordenó su “inmediata” retirada, según recalcan estas fuentes oficiales, aunque Jupol sostiene que los responsables políticos se ponen “de perfil”. El asunto se ha conocido precisamente en una jornada en la que hay programada una visita a Euskadi del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aunque no ha hecho referencias a ello.

El delegado del Gobierno, Denis Itxaso, sí se ha referido a la cuestión a preguntas de los periodistas. Ha confirmado la apertura de un expediente al inspector responsable para determinar posibles responsabilidades disciplinarias. “Esta persona tomó esa decisión por su cuenta. De hecho, el comisario de Irún no se encontraba en esos momentos en la comisaría y no tuvo conocimiento de que esa medida se hubiese adoptado. Esta persona es una persona recién integrada en esa organización y realmente tuvo un mal proceder. Insisto en que es una medida que no guarda relación con el funcionamiento ordinario de la Policía”, ha indicado Itxaso. Y ha añadido: “Nadie puede pensar que hoy por hoy, en el siglo XXI, el rendimiento de la Policía o su eficacia dependa del número de detenidos”. Sin embargo, Itxaso ha incidido que “en ningún caso” se hablaba “específicamente de migrantes”. “Iba referido al conjunto de la población”, ha señalado el delegado, aunque el documento era de Extranjería y las competencias del cuerpo en Irún son básicamente las de control de fronteras, ya que el resto de funciones son de la Ertzaintza, del cuerpo local o incluso de la Guardia Civil.

Irún es un punto especialmente sensible en el tránsito de migrantes. La frontera con Hendaya, hasta hace unos meses, ha sido objeto de un tapón por parte de la Policía Nacional de Francia, que había establecido controles de paso permanentes para impedir la entrada a la república. Eran usuales las devoluciones en caliente, lo que hizo que proliferaran las mafias que se han lucrado con el tráfico de personas y que hubiera migrantes que buscaran rutas alternativas peligrosas como el paso a nado por el río Bidasoa. Fuentes del Ayuntamiento de Irún indicaron que estimaban en once los fallecidos por este cerrojo fronterizo.

El colectivo local de apoyo a migrantes en tránsito Irungo Harrera Sarea ha indicado que “la falta de respeto y el pisoteo a los derechos fundamentales, a la legalidad vigente en temas de Extranjería y a los derechos laborales de la Policía es inaudita”. “Las personas migrantes tienen derechos fundamentales. Viajar para mejorar o salvar sus vidas es uno de ellos. No tener papeles es una falta administrativa, como tener una multa. No un delito”, entiende este colectivo, que ve que este tipo de propuestas “legitiman el racismo que aún puede quedar en las fuerzas de seguridad”.