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Los sindicatos se plantan contra el anteproyecto de la Ley de Educación y convocan dos jornadas de huelga

Manifestación en Bilbao el pasado marzo para exigir una escuela "pública, euskaldun e inclusiva"

Maialen Ferreira

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Con el objetivo de decir “no” al anteproyecto de Ley de Educación y para exigir un sistema educativo vasco “público, euskaldun y propio”, los sindicatos ELA, LAB y Steilas han convocado dos jornadas de huelga en las escuelas públicas de Euskadi los próximos 30 de noviembre y 14 de diciembre. Acompañadas a los paros, han convocado movilizaciones esos mismos días en Bilbao, Vitoria y Donostia. “Durante todo el proceso, las alegaciones que los sindicatos hemos ido realizando no han sido tomadas en cuenta. Por lo tanto, no se ha tratado de un proceso participativo. Si estamos hoy aquí es porque ese proceso participativo no ha sido real. No nos sentimos para nada representadas en el documento que hoy es público. La Ley de Educación debe ser participativa y consensuada con sindicatos y trabajadores”, han explicado las representantes sindicales, Irati Tobar (LAB), Miren Zubizarreta (ELA) y Nagore Iturrioz (Steilas) en una rueda de prensa ofrecida este viernes en Bilbao.

Para mostrar su descontento con el documento acordado por los partidos políticos de cara a elaborar la nueva Ley de Educación vasca, los tres sindicatos han elaborado un manifiesto que contiene nueve propuestas a incluir: que sea una Ley de Educación que tenga como eje la escuela pública, que haga frente a la segregación, que cuente con un marco consensuado para la “publificación”, que sea “propia”, que prevea “inversiones y recursos suficientes”, que ponga el euskera en el centro, que contenga mecanismos de control concretos, que garantice el empleo y las condiciones laborales de las personas que trabajan en educación y que esté al margen de los mercados y las empresas privadas.

“Es preciso superar el actual sistema educativo dual, haciendo frente a los intereses particulares y promover el camino hacia un sistema educativo vasco público y propio. Para ello, la escuela pública debe ser eje real del sistema educativo y es necesario encauzar un cambio estructural, realizando las inversiones necesarias y estableciendo medidas concretas: mejora de infraestructuras y creación de nuevas, actualización salarial y eliminación de brechas salariales y la revisión de los servicios privatizados”, han denunciado las representantes sindicales, que han exigido que la Ley de Educación debe recoger la integración del Consorcio Público Haurrescolak “garantizando la gratuidad y universalizando el servicio”.

Para acabar con la segregación, los sindicatos han exigido que “además de establecer la prohibición de cobrar cuotas, se deben incluir por ley medidas concretas para garantizar la gratuidad real: crear, al menos un equipo de inspección y una unidad de auditoría sólida, establecer la obligación a los centros financiados con fondos públicos a que hagan públicas sus cuentas y crear una mesa de transparencia formada por sindicatos, partidos políticos y asociaciones de padres y madres”.

Preguntadas por cómo valoran la actitud de los partidos políticos de cara a la elaboración del anteproyecto, las representantes sindicales han indicado que “cada sindicato tiene su propia opinión”, sin querer ofrecer más explicación al respecto. A pesar de ello, han añadido que “lo que todos tenemos claro es que la apuesta para este país tiene que ser de una educación pública y fuerte y ese tiene que ser el centro de nuestro sistema educativo. Lo que defendemos es que los partidos políticos tendrían que trabajar por ello”, han indicado.

En cuanto a las inversiones que debería prever la nueva Ley de Educación, los sindicatos han exigido un incremento que cuente con el objetivo para los próximos 3 años de alcanzar la media europea e ir dando pasos hacia el 6% del PIB. Con ello, lo que pretenden también es que la temporalidad de los trabajadores de la red pública vasca sea inferior al 8% y la eliminación de los procesos de subcontratación “siempre que existan empleados públicos”. “La ley debería revertir la situación en los servicios actualmente privatizados, como el comedor, la limpieza o las extraescolares con obligación de garantizar la subrogación del personal tanto de las escuelas públicas como de las concertadas”, han insistido.

Una vez recogidas las alegaciones de los sindicatos, en diciembre se remitirá el anteproyecto definitivo de cara a su tramitación parlamentaria. En el caso de que las reivindicaciones de los sindicatos no sean contempladas en ese documento definitivo, las representantes sindicales han confirmado que se hará una nueva valoración de las movilizaciones y dinámicas de huelga para definir “futuras dinámicas de movilización durante el periodo de tramitación en el Parlamento Vasco.

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