La Junta admite que el aval público para comprar una vivienda es para jóvenes con solvencia económica

La Junta de Extremadura quiere que los jóvenes tengan más fácil el acceso a su primera vivienda, de forma que se promueva su emancipación y se impulse el mercado inmobiliario. Pero a pesar de los precios y de la situación laboral que sufre este sector de la población, la medida que pondrá en marcha la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda  ayudará solo a quienes ya tengan solvencia económica porque los avales autonómicos públicos no tendrán en cuenta ni criterios de renta ni de patrimonio.

La secretaria general de Vivienda, Arquitectura y Regeneración Urbana, Lidia López Paniagua, lo ha justificado este viernes en la Asamblea porque, según ha dicho, “poner límites” en la capacidad económica para avalar a los menores de 35 años en la compra de su primera vivienda “entorpecería” el objetivo de la iniciativa, que no es otro que la compra real y, por tanto, que se queden en Extremadura, y ha precisado que sí se ha puesto “un límite a ese precio de la vivienda”. El inmueble no puede superar los 210.000 euros.

En concreto, la administración avalará el 15% de la entrada de la compra de la vivienda y dado que el banco solo financia el 80% del precio, los adquirientes solo deberán hacer frente con sus ahorros, en un inicio, al 5% restante y contar, por tanto, con un aval de hasta el 95%.

La cuantía total del fondo para este año es de 3 millones de euros y en función de ese límite en el precio de la vivienda, se podrá “acceder a más o menos jóvenes”, ha señalado López, quien ha insistido en que establecer un límite en la renta “en la mayoría de los casos no permitiría la compra real”. “Serían muchos los que no cumplirían los requisitos de las entidades financieras a la hora de conceder el préstamo hipotecario y no pasarían el estudio de solvencia”, ha puntualizado.

En su opinión, hay que hacer propuestas realistas y efectivas, mientras que poner “condiciones excesivas” dificulta el acceso a esta primera vivienda, a la emancipación, de los jóvenes que cuentan con “menos recorrido laboral y peores condiciones de trabajo”.

“No queremos que se vayan los jóvenes de Extremadura, independientemente del nivel de renta, queremos retener el talento y que puedan acceder a su primera vivienda”, ha recalcado la secretaria general quien también ha recordado la existencia de una deducción del 30 % en el IRPF para el alquiler.

Una actuación “clasista”

La pregunta ha estado formulada por el diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías, según el cual es preciso limitar las ayudas a los ingresos del solicitante, ya que habrá personas con “una situación económica holgada que puedan entrar en esta convocatoria” y que realmente no tienen esa necesidad.

Para la coalición, con este tipo de medidas, como también ocurre con la ausencia de umbral económico en las becas complementarias de enseñanzas universitarias, la reducción de impuestos a las rentas altas y la “eliminación” de la gratuidad de los comedores escolares, el gobierno de PP y Vox en Extremadura están actuando de “una manera totalmente clasista”.

“Ustedes tienen muy claro para quien trabajan en Extremadura pero no es para la mayoría de la gente. Están tomando una serie de medidas para favorecer a los que tienen más dinero y les da igual que sea casi indecente recaudar dinero de todos para hacer partícipe de ese patrimonio público únicamente a unos pocos”, ha aseverado