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Los procesados por interrumpir el informativo de TVE Extremadura alegan estado de necesidad

Miembros del Campamento Dignidad en el plató de informativos, de TVE Extremadura

José L. Aroca

En febrero pasado, una veintena de activistas de los Campamentos Dignidad se colaron en las instalaciones de TVE en Mérida, y retrasaron durante un rato la emisión del informativo regional. Fueron detenidos por presuntos delitos de coacciones o desorden público; ahora, cuando la celebración del juicio se acerca, no les faltan los abogados dispuestos a defenderles y entre ellos ya figuran Rafael Mayoral, del consejo ciudadano de Podemos y que suele intervenir en el programa de La Sexta Noche, o Manuel Delgado, de Frente Cívico, entre otros.

Los activistas fueron filmados por la propia TVE Extremadura en pie tras la presentadora del informativo, y enseñando una pancarta a favor de la renta básica, esa paga social para los sin ingresos que en Extremadura parece destinada a malograrse una y otra vez.

En libertad provisional

De aquellas 19 personas quedan 18 –una falleció este verano--, en situación de libertad provisional, y con obligación de presentarse cada 15 días en el Juzgado, una molestia que han recurrido pero que sigue pesando sobre ellos.

Los Campamentos Dignidad de la región quieren hacer de este juicio una causa importante, de repercusión exterior, y conocidos letrados van a poder contribuir a ello, además de comparecencias (si se llega a aceptar y celebrar) como la que han solicitado del presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago, o el secretario regional de CC OO, Julián Carretero.

Para ellos debería ser un juicio a un “sistema social injusto”, más que un proceso sobre 18 personas que presuntamente hicieron lo que legalmente no debían, y por lo cual algunos periodistas de TVE Extremadura se molestaron ostensiblemente por creer que se atentaba contra su libertad profesional.

En un escrito al Juzgado, sostienen que no usaron la fuerza para entrar en TVE Extremadura, ni impidieron el trabajo de los periodistas, y su única pretensión era que se leyera un comunicado sobre la realidad social de una renta básica que no llegaba a los más necesitados; invocan además su derecho a la libertad de expresión, y el estado de necesidad en que se encontraban.

Letrados especialistas en problemas sociales, y singularmente en desahucios e hipotecas, serán altavoz en este juicio, como Rafael Mayoral, o quien quiso personarse aunque no pudo en el proceso del caso Noos contra Iñaki Urdangarín y su mujer la infanta Cristina de Borbón, el abogado andaluz Manuel Delgado, además de los extremeños Marisa Tena, Crescencio Canelo o Lola Fernández.

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