Extremadura eliminará más de 3.000 hectáreas de suelo protegido para favorecer proyectos urbanísticos

Extremadura continúa inmersa en un revisionismo ecologista derivado de la situación del resort de lujo Marina Isla de Valdecañas. A su cruzada por salvar de la piqueta desde hace tres lustros esta urbanización de la provincia de Cáceres –que finalmente ha llegado al Tribunal Constitucional y tras una ley del PSOE aprobada este mismo año que da por hecho que 55 Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPA), entre ellas la que afecta a esta urbanización, nunca existieron porque no se declararon en su momento de forma conveniente–, se suma ahora un decreto de la Junta de Extremadura para eliminar más de 3.000 hectáreas de suelo protegido y con ello dar luz verde a proyectos urbanísticos y empresariales.

El decreto de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, que se encuentra en fase de exposición pública, ordena modificar los límites de 69 de las 71 ZEPAS que hay en Extremadura y se propone a la Comisión Europea la modificación también de los límites de una docena de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC). Se trata de terrenos de la Red Natura 2000, que en el caso de Extremadura está integrada por espacios completamente naturales y otros se encuentran en zonas urbanas. Y aquí es donde la Junta justifica este decreto: “Existen numerosos núcleos urbanos completamente incluidos en el interior de los espacios que la conforman, o limitando estrechamente con ellos” y es donde se va a actuar “esencialmente”. Y es que, según defiende ahora el Gobierno regional, se incluyeron en la red “superficies que nunca han albergado valores Natura 2000 y que, en la actualidad, tampoco los presentan”. Pero también admite que hay áreas en los perímetros de los espacios en las que existe “presencia significativa de especies y/o hábitats Natura 2000” que se han detectado en los últimos años gracias a la mejora de la información disponible o por la evolución natural de determinados lugares.

Por lo tanto, con el objetivo de eliminar la protección de algunos espacios a cambio de aumentar la extensión protegida de otros, la Consejería inició en 2021 la revisión de los límites de estas zonas, buscando posibles “errores de ajuste cartográfico o de coherencia con los datos científicos” y el resultado es un ajuste que, entre ampliaciones y reducciones, dejará como resultado neto 3.058 hectáreas menos incluidas en la Red Natura 2000 de Extremadura. En concreto, la superficie de la Red Natura 2000 en la comunidad se quedará en 1.261.209 hectáreas.

A pesar de que el Gobierno extremeño pretende modificar la protección medioambiental por decreto, es necesario que antes cuente con la aprobación de la Comisión Europea. De hecho, existe un proceso regulado para revisar estos espacios, que pueden iniciar los Estados o las comunidades autónomas. Por su parte, Bruselas solicita cada seis años una actualización del estado de la Red Natura 2000 para su puesta al día. No obstante, para que las modificaciones se aprueben, estas deben estar justificadas: que hayan existido errores a la hora de definir los espacios y estos errores se acrediten, o que exista una pérdida de valores ambientales y biodiversidad por causas naturales y nunca por la acción del hombre.

En este sentido, a juicio de la Junta de Extremadura –que en el portal de transparencia no aporta ninguna documentación–, algunas de estas dos circunstancias se dan en suelos que afectan a 101 municipios de la región, tanto en la provincia de Badajoz como en Cáceres, y cuya protección está frenando proyectos urbanísticos y empresariales. En otros casos, la modificación de los límites protegidos afecta a espacios naturales, algunos de ellos con viviendas fuera de la legalidad que podrían regularizar su situación y otros donde se proyectan instalaciones de energías renovables, según los colectivos ecologistas consultados por este periódico.

Suelo libre para el gran Buda

Uno de los casos más llamativos afecta a Cáceres, que tiene la mitad de su territorio incluido en la Red Natura, por lo que prepara una modificación integral de su Plan de Urbanismo. La Junta quiere desclasificar 2.800 hectáreas de las casi 70.000 que tiene la ZEPA Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes, una de las más extensas de la comunidad. Esta descatalogación afectará al cerro Arropé, donde se quiere construir “el mayor centro budista de Occidente”, un proyecto de la controvertida Fundación Lumbini Garden, que el pasado marzo ya obtuvo el informe ambiental positivo de la Junta de Extremadura para la instalación de una estatua del gran Buda de 47 metros de altura que coronará el complejo.

Hasta ahora, este ha sido uno de los mayores impedimentos para el proyecto, amén de otras polémicas por las reuniones de la Fundación Lumbini con miembros de la Junta Militar Golpista de Myanmar, antigua Birmania, y el dinero público desembolsado hasta la fecha. Pero la realidad es que el alcalde, Luis Salaya, y el director de relaciones institucionales de la promotora, Ricardo Guerrero, han manifestado en varias ocasiones que el cerro carece de valor medioambiental y su protección no está justificada. Salaya incluso ha asegurado que se eligió este enclave para el centro budista porque ya conocía que iba a salir de la ZEPA.

Pero la pérdida de la protección del cerro Arropé también tendrá consecuencias para los propietarios de 90 edificaciones en suelo rústico que se encuentra en las inmediaciones. Ahora han anunciado que presentarán una alegación al decreto de la Junta para que la desclasificación afecte también al suelo donde están sus casas y al mismo tiempo, han solicitado al ayuntamiento cacereño una modificación del plan de urbanismo.

Valdecañas sí, pero no

Sin embargo, donde no llegará esta propuesta del Gobierno extremeño es a la totalidad de Valdecañas, la isla privada de la provincia de Cáceres con 185 villas de lujo (aunque se pretendía construir más de medio millar), un hotel, un campo de golf y diversas instalaciones. El decreto de la Junta de Extremadura incluye cambios en la ZEPA Embalse de Vadecañas, pero se trata de modificaciones que afectan a sus límites y no al interior, donde se encuentra el resort.

Para encontrar una explicación, apenas hay que remontarse a hace poco más de un mes cuando la Asamblea de Extremadura aprobó la ley, solo con los votos del PSOE, por la que se regulan determinados aspectos de la Red ecológica europea Natura 2000 en esta comunidad. A través de esta norma, se declaran “de forma expresa” 55 ZEPAS, por lo que se entiende que se encontraban fuera de la legalidad a pesar de las ayudas europeas y de las restricciones de uso que han supuesto desde su supuesta declaración. Pero es que, además, con esta ley de los socialistas se pretende evitar el derribo de la urbanización Marina Isla de Valdecañas, a pesar de la sentencia del Tribunal Supremo.

La ley legaliza a través de su artículo 7 “los usos del suelo y las transformaciones urbanísticas” que a su entrada en vigor se hayan aprobado en el ámbito territorial de esos 55 espacios, entre ellos la ZEPA de Valdecañas. En su disposición final segunda establece que “las construcciones y edificaciones ejecutadas completamente” en el complejo de Valdecañas, en los términos municipales cacereños de El Gordo y Berrocalejo, “evidenciado según los informes ambientales existentes que no causan perjuicio a la integridad ambiental del lugar, quedan legalizados, sin perjuicio de la ejecución de las medidas ambientales que sean procedentes”. Además, la ley declara de “interés público” las construcciones, usos y servicios del Proyecto de Interés Regional de Valdecañas.

El Gobierno extremeño también ha buscado con esta norma, a pesar de que ha sido una iniciativa del Grupo Socialista, solucionar un posible desenlace negativo al derribo de Valdecañas, que se encuentra en el Tribunal Constitucional. La Junta y los propietarios de los chalés presentaron sendos recursos a la sentencia del Supremo, que ordenó el año pasado la demolición del complejo en su totalidad. La Fiscalía del Constitucional se ha opuesto al recurso de amparo de la Junta de Extremadura y ha pedido que se desestime al no apreciarse una vulneración de derechos fundamentales.

Tanatorios, polígonos y viviendas

El decreto de la Junta para modificar la Red Natura 2000 también afecta a los municipios del entorno del Parque Nacional de Monfragüe, donde se libera suelo protegido. Es el caso de Serrejón (430 habitantes), donde el 93% de su término municipal está integrado en la Red Natura 2000. De esta forma, según defiende su alcaldesa, podrán construir una residencia para personas mayores y un tanatorio.

Las modificaciones incluyen numerosos embalses y ZEPAS de La Siberia, La Serena, Las Hurdes, Moraleja... y también a ZEPAS en núcleos urbanos para la conservación de las colonias del cernícalo primilla, cuya protección también se amplía en algunos casos, como en Cáceres. En total serán 19 colonias de estas aves las afectadas, algunas en grandes poblaciones como Plasencia, Trujillo, Don Benito y Almendralejo.

El portavoz de SEO/Birdlife en Extremadura, Marcelino Cardalliaguet, que forma parte de la Comisión de Medio Ambiente, cree que el Gobierno de Guillermo Fernández Vara presenta un decreto de modificación de la Red Natura para intentar saltarse el visto bueno de la Comisión Europea porque “lo lógico es hacer una petición formal a Europa con una justificación adecuada y evidencias científicas”, y, por lo tanto, “en esta forma de proceder hay cosas que nos hacen sospechar”.

Cardalliaguet considera que el decreto únicamente quiere solucionar un problema urbanístico “que no es responsabilidad de la Red Natura 2000, sino de la ley de Suelo estatal”, que impide construir en los terrenos incluidos en esta Red, “algo que pasa solo en España y por lo tanto la solución no puede ser eliminar toda la protección que podamos”.

Otros frentes abiertos

Se trata de una encrucijada entre el desarrollo económico y la protección ambiental que también viene derivada del caso Valdecañas. El Tribunal Constitucional declaró inconstitucional en 2019 la modificación de la Ley del Suelo de Extremadura para, una vez más, respaldar la legalidad del resort de lujo, y permitir reclasificar suelos clasificados como no urbanizables e incluidos en la Red Natura 2000. Por lo tanto, el tribunal de garantías interpretó que los terrenos de la Red Natura 2000 son “no urbanizables de especial protección”. En concreto, indicó que los terrenos de la Red Natura 2000 “tienen un alto valor ecológico que deben ser preservados de la transformación urbanística; esto es, han de permanecer en situación de suelo rural excluido del proceso de urbanización” y que “indiscutiblemente”, deben permanecer en una “situación urbanística compatible con el régimen de especial protección”.

A raíz de ello, Fernández Vara planteó el año pasado una iniciativa legislativa en el Congreso de los Diputados para promover una modificación de la actual Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, que incluye una disposición hecha a medida del complejo para indultarlo de la demolición decretada por la Justicia. En esta iniciativa se explica que el objetivo es acabar con la “inseguridad jurídica y efectos indeseados” en torno al suelo incluido en la Red Natura 2000.

Por otro lado, Extremadura ha impulsado junto a una docena de comunidades autónomas y Ceuta y Melilla un manifiesto en el que piden la adopción urgente “de las medidas legislativas necesarias para solucionar la problemática derivada de la nulidad radical de los instrumentos de planeamiento territorial o urbanístico”.  Los Gobiernos autonómicos piden “flexibilizar y poder compatibilizar”, por ejemplo, las Zonas de Especial Protección de Aves para “no limitar de forma grave las posibilidades de desarrollo y progreso socioeconómico” de algunos municipios.

Pero para el responsable de SEO/Birdlife, el decreto que ha elaborado la Junta incluye “casos sobredimensionados e intereses que solo tienen que ver con asuntos urbanísticos y empresariales”. En concreto, Cardalliaguet menciona intentos de legalización de viviendas fuera de la legalidad, por ejemplo, en el embalse de Orellana (Badajoz) o el interés de algunas empresas por impulsar instalaciones de energías renovables en la comarca de La Siberia, declarada reserva de la Biosfera y donde se proyecta Elysium City, el 'Eurovegas extremeño“.

No obstante, tras todos estos intentos por modificar la Red Natura 2000 se esconde, a juicio de Cardalliaguet , una “deficiente gestión de estos terrenos porque no se ha sabido o no se ha querido atajar problemas como urbanizaciones ilegales es espacios protegidos o la puesta en marcha de cultivos intensivos en zonas sensibles”.