Un pequeño empresario se querella por estafa contra cargos de Zona Franca de Vigo, Citroën y Copcisa por una obra no cobrada
Denuncias por impago entre empresas por discrepancias sobre los trabajos realizados son habituales, y se dirimen en la jurisdicción mercantil o civil. No es tan común que una pequeña empresa se querelle por la vía criminal por estafa, apropiación indebida, falsedad documental, prevaricación y delito contra la seguridad de los trabajadores contra firmas tan grandes como Peugeot-Citroën y la constructora Copcisa y una administración pública como el Consorcio de la Zona Franca de Vigo. “Estamos en la calle porque Zona Franca no controla las subcontratas que hacen sus adjudicatarias”, dice Breogán Rodríguez, propietario de Acende Enerxía, subcontratada por Copcisa tras ganar ésta un concurso de la Zona Franca para renovar calderas en las instalaciones de ese consorcio en Vigo que ocupa la fábrica de automóviles.
El empresario denuncia que Copcisa no le paga trabajo y material que él ya ejecutó con la complicidad de Zona Franca y Peugeot-Citroën, lo que lo aboca al cierre tras tener que despedir en los últimos meses a la mayoría de sus trabajadores. El pasado lunes presentó en los juzgados de Vigo una querella criminal de 70 páginas, acompañada de cientos de folios más de peritajes y documentación sobre los hechos que denuncia, por los citados delitos contra Copcisa y Peugeot Citroën Automóviles España (PCAE), así como contra 15 personas (7 cargos de Zona Franca, entre ellos su máxima responsable, la delegada del Estado Teresa Pedrosa, 4 de Copcisa, 1 de PCAE y 3 técnicos que elaboraron el proyecto). Las tres entidades niegan irregularidades, mientras que la Consellería de Industria, que debe autorizar la instalación energética, se desentiende de la cuestión.
La Zona Franca de Vigo (consorcio en el que están presentes administraciones estatales y locales, la autoridad portuaria u organizaciones empresariales, entre otros) contrató el año pasado a través de un concurso público a la empresa Copcisa para ejecutar en sus instalaciones de Balaídos que ocupa desde hace décadas la fábrica de Peugeot Citroën la obra “Adaptación de los sistemas de producción y distribución para la mejora energética de la industria PCAE S.A., consistente en la instalación de varias calderas de gas, de tubos radiantes de gas y de dos calderas de agua sobrecalentada”. La actuación, licitada por 1,53 millones, fue adjudicada por casi 1,2 millones.
A su vez Copcisa subcontrató a Acende Enerxía, que argumenta que tras realizar buena parte de la instalación entre mayo y octubre del año pasado asumiendo a través de préstamos el coste de los materiales y de la incorporación de más personal, fue apartada de los trabajos antes de la autorización de puesta en servicio de las instalaciones y sin cobrar. Tras prohibírsele entrar en la fábrica sin que la obra estuviese finalizada, el propietario de Acende Enerxía denunció ante la policía que no se le facilitara acceso para recoger su material y herramientas. También formuló denuncias ante inspección de trabajo y la Consellería de Industria por el riesgo que podrían estar corriendo los trabajadores de la fábrica si esas instalaciones no están correctamente finalizadas y autorizadas, legalización que sólo podría realizar Acende Enerxía como instalador de las mismas, por lo que en la querella judicial ahora impuesta se añade el presunto delito contra la seguridad de los trabajadores.
Los sindicatos CIG y CUT ya mostraron su preocupación por la situación de las instalaciones energéticas tanto ante Trabajo como ante Peugeot-Citroën y apoyaron las protestas que los trabajadores afectados por la situación en que ahora queda Acende Enerxía realizaron aa finales del pasado año ante las puertas de la fábrica.
Según la tesis que sostiene el propietario de Acende Enerxía, “Copcisa actúa indiciariamente con un claro objetivo defraudador, para provocar la quiebra de Acende y evitar el pago de los suministros y trabajos realizados”, lo que a su vez, recuerda, afecta también a medio centenar de empresas proveedoras suyas que tampoco podrían cobrar. El empresario argumenta que lo que considera un “plan preconcebido” se realizó con la complicidad de Zona Franca y PCAE con Copcisa para que las tres obtuviesen un “enriquecimiento injusto” tras varias modificaciones del proyecto inicial que a su ver era irrealizable por el importe contratado.
El pliego de condiciones licitado por la Zona Franca prohibía de manera expresa que la adjudicataria pudiera subcontratar más del 60% del total de la obra. Sin embargo, Acende Enerxía argumenta que “Copcisa subcontrató la totalidad de la obra que se iba a ejecutar por una cantidad ligeramente inferior a la del contrato de adjudicación pública, 1.199.841,16 euros, siendo el contrato con Acende de 1.146.656,93 euros”, y aporta documentación que así lo probaría. Además, el pliego de condiciones de Zona Franca también la capacitaba para “comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que el adjudicatario ha de hacer a todos los subcontratistas o suministradores”, un “obligación” cuyo incumplimiento permite al Consorcio no pagar a la adjudicataria los importes que esta adeude a los subcontratistas y penalizarla a mayores con un 1% de ese importe.
Versiones de Zona Franca, PCAE y Copcisa
Zona Franca, en respuestas a este diario, asegura que tiene en su poder “una declaración jurada de Copcisa en la que la empresa manifiesta que no subcontrató más del 60%” y que la constructora también le aseguró “que está al corriente de pago con sus subcontratistas”. El Consorcio también dice que “inspección de trabajo ya comprobó in situ y dijo que estaba todo correcto” y que ya presentó toda la documentación necesaria para autorizar la instalación ante la Consellería de Industria. Zona Franca limita lo sucedido a “un conflicto entre dos empresas, para eso están los juzgados”.
Consultada sobre este conflicto, la fábrica contesta que el grupo Peugeot-Citroën “es mero usuario de una instalación cuya promoción y concurso público fue realizado por la Zona Franca, y no nos consta que esta instalación plantee problemas de seguridad o legalidad”.
En su denuncia el empresario también destaca el hecho de que la actuación pagada por Zona Franca beneficie a una empresa privada como Peugeot-Citroën, algo que también critica el sindicato CUT, que además de preocuparse por la seguridad de las instalaciones señala como habitual que el consorcio introduzca con dinero público mejoras en sus instalaciones que acaban suponiendo mejoras o ahorros en los procesos productivos de PCAE.
Desde Copcisa, un responsable de la empresa en Galicia limita el conflicto a una discrepancia sobre el coste y el pago de los trabajos realizados para ella por Acende Enerxía que deja en manos de los tribunales. El cargo de la constructora niega que la subcontrata realizase tanto trabajo como dice y que superase el 60% del total y explica que Copcisa recurrió a Acende mientras su propio personal finalizaba otras actuaciones de manera que una vez que se liberó y lo pudo dedicar a la obra en la fábrica de PCAE, prescindió de la subcontrata. Sobre la situación de las instalaciones energéticas, el representante de Copcisa insiste en que no suponen “ningún peligro” porque “hasta que se finalizan, no entran en funcionamiento” sino que previamente estuvieron “en pruebas”.
Esa entrada en funcionamiento definitiva debería ser autorizada por la Consellería de Economía e Industria, a la que este diario ha preguntado varias veces por este conflicto desde el pasado 17 de abril sin obtener ninguna respuesta.
