Doce millones de metros cúbicos de lodo tóxico: todo vale en el negocio minero de Brasil

La destrucción que a su paso están dejando los más de doce millones de metros cúbicos de lodo tóxico de residuos de hierro, sílice, amoniaco y aluminio procedentes de la fractura de la balsa de residuos mineros Córrego do Feijão (Brumadinho, Minas Gerais) dará que hablar durante décadas, igual que nunca ha dejado de estar en boca de todos la compañía minera Vale, con sede en Río de Janeiro, responsable de los hechos.

Por el momento se ha confirmado el fallecimiento de 110 personas, y se estima el número de desaparecidos en 238 desaparecidos. Tras una semana de búsqueda exhaustiva por supervivientes, evitar que esos dos guarismos se fundan en uno solo es casi una utopía. Poco más de tres años después de los cincuenta millones de metros cúbicos de la tragedia de Mariana, también en Minas Gerais –y que alcanzó el estado de Espírito Santo–, arrastrando hasta el río Doce aludes de arsénico, plomo y mercurio, con un saldo de 19 muertos, el nuevo drama dispara las conjeturas: la compañía Samarco, administradora de aquella explotación, pertenece a Vale y BHP Billiton (Australia-Reino Unido) a partes iguales.

Los beneficios de Vale se multiplican cada año desde su polémica privatización en 1997 –sigue habiendo causas judiciales poniendo en duda la infravaloración con la que el gobierno de Fernando Henrique Cardoso la sacó a subasta–, pero el registro de accidentes asusta.

Las consecuencias superan incluso los trágicos números y se ramifican asolándolo casi todo. El Consejo Indigenista Misionario, por ejemplo, informaba cómo a las pocas horas de la ruptura de la balsa el lodo llegaba al río Paraopeba. “Fue avistada desde la aldea Naô Xohã, del pueblo indígena Pataxó Hã-hã-hãe (en São Joaquim de Bicas)”. El cacique de la comunidad, Háyó Pataxó Hã-hã-hãe, lo contaba en el amanecer del sábado 26 de enero: “El agua ayer estaba clara, pero hoy está roja oscura. Ya hay un montón de peces muertos, flotando, con la boca por fuera pidiendo socorro”.

La prevención de riesgos laborales, otro de los ámbitos que la compañía Vale suele eludir, ya le había causado condenas judiciales en el pasado, pero esta vez ha dejado una marca demasiado funesta. Las oficinas y el comedor de sus trabajadores estaban justo en el trayecto del lodo tóxico, ubicadas en el itinerario de una posible fatalidad. La mayoría de los fallecidos son y serán trabajadores de Vale o subcontratados.

Pero las controversias en torno a Vale no acaban ahí. No se habían reparado aún los daños de uno de los mayores desastres ambientales de la historia de Brasil (Mariana, 2015) cuando la minera publicó su Nueva Política de Remuneración a los Accionistas. Era finales de marzo de 2018, dos años y medio después de la tragedia. “La política ha sido elaborada”, decía la nota del consejo de administración, “con la intención de ser, al mismo tiempo, agresiva y sostenible durante un largo periodo de tiempo”.

Esta estrategia agresiva, mientras alrededor seguía reinando la desolación, es lo que ahora le cuesta explicar a Fábio Schvartsman, presidente de la minera. Asumió el cargo a mediados de 2017, y ahora va de rueda de prensa en rueda de prensa sin poder explicar cómo se ha podido romper la última balsa.

La condena por daños ambientales y de salud pública contra comunidades indígenas

En septiembre del año pasado, aún con el recuerdo fresco de la tragedia de Mariana, la compañía ya estaba presta y dispuesta a repartir los más de seis mil millones de dólares de beneficio bruto entre los accionistas, en base a esta nueva política interna –los pagos tienen lugar en septiembre y en marzo–. Un par de meses después, en noviembre, eldiario.es contactó con Vale para conocer su versión sobre otra preocupante decisión judicial en su contra.

El Ministerio Público Federal anunciaba que el Tribunal Regional Federal de la 1ª Región había condenado a la minera a indemnizar a las comunidades indígenas Xikrin y Kayapó debido a los daños ambientales y daños a la salud ocasionados por la actividad de extracción en la unidad Onça Puma (Ourilândia do Norte, Pará). Un trabajo de campo del Ministerio Público Federal constató los “severos impactos en la cultura de estas comunidades, debido a la contaminación del río Cateté”, existiendo “reducción de la disponibilidad de alimentos, que antes eran abundantes”.

En nombre de la compañía Vale, el asesor Daniel Kaz contestó a este periódico que la empresa recurriría la decisión ante los tribunales superiores, y que estaban en posesión de informes periciales que demostraban que la explotación “no genera ningún daño al río Cateté y a las comunidades indígenas”, además de estar “debidamente licenciada por las autoridades ambientales locales”. La asesora de Vale situada en el estado de Pará, Carmem Oliveira, requerida para poder mostrar esos informes periciales, no llegó a enviar los documentos.

La táctica de Vale se repite en todos los conflictos: alargar los procesos judiciales y esquivar la reparación. Sobre los mencionados –y no mostrados– informes periciales que supuestamente les exculpan en el caso de las comunidades indígenas existe la misma desconfianza que sobre los informes que dieron el visto bueno a las balsas de Brumadinho. Cinco de los ingenieros responsables –tres de Vale y dos de la empresa alemana TÜV-Süd, que se encargó de las labores de inspección– han sido los primeros detenidos.

Tras la tragedia de Mariana, Samarco, Vale y BHP Billiton se vieron obligados a crear una fundación –Fundación Renova– para hacer frente a todos los trabajos y acciones de reparación. “Los recursos provienen del aporte de las empresas mantenedoras: Samarco, Vale y BHP Billiton, conforme dicta el Término de Transacción y Ajuste de Conducta firmado en marzo de 2016”, ha informado la Fundación Renova a eldiario.es. Esta fundación podría haber sido designada para hacerse cargo también de esta nueva catástrofe, pero eso no ocurrirá. Ni con la Fundación Renova ni con un modelo similar, según ha confirmado el Defensor Público General Federal, Gabriel Faria Oliveira. Se acusa a la fundación de no tener agilidad suficiente. “El modelo de Renova ha tenido sus ineficiencias”.

En las últimas horas, Vale ha anunciado “donaciones” de 100.000 reales a cada familia de los fallecidos confirmados hasta la fecha, actuando como una organización humanitaria en lugar de como la empresa culpable de la devastación. Acto seguido notificaron con urgencia una modificación sobre el aspecto que les colocaba en la situación moral más embarazosa: “Suspensión de la Política de Remuneración a los Accionistas y, consecuentemente, el no pago de dividendos e intereses sobre el capital propio”.

Con marzo a la vuelta de la esquina, estaba ya llegando el momento de hacer las cuentas y repartir los multimillonarios beneficios, pero eso hubiera coincidido con la ampliación de la lista de fallecidos confirmados en Brumadinho, que crece cada hora y alcanzará cifras inadmisibles en los próximos días.