La ocultación del Ejército de crímenes de la dictadura provoca la destitución de la cúpula militar en Uruguay

Uruguay vive una crisis militar sin precedentes desde que el presidente Tabaré Vázquez destituyó este lunes al ministro de Defensa, Jorge Menéndez, a su viceministro, Daniel Montiel, y a seis generales del total de 15 que forman las Fuerzas Armadas del país sudamericano por un caso relacionado con crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico-militar (1973-1985).

A esto se suma que, hace apenas tres semanas, el Gobierno destituyó al anterior comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, tras cuestionar la transparencia del sistema judicial uruguayo en casos de violaciones a los derechos humanos ocurridos en esa misma época.

Los militares destituidos el lunes son el comandante en jefe del Ejército, José González; el jefe del Estado Mayor de la Defensa, Alfredo Erramún; y los generales Claudio Romano, Carlos Sequeira, Alejandro Salaberry y Gustavo Fajardo, quienes formaron en 2018 parte de un Tribunal de Honor castrense que no comunicó a la justicia ordinaria las terribles confesiones de los exmilitares José Gavazzo y Jorge Silveira, dos reconocidos torturadores de la dictadura condenados por 28 asesinatos.

Según las actas de ese Tribunal de Honor, dadas a conocer en una investigación publicada por el diario El Observador, Gavazzo reconoció que en marzo de 1973 –cuando aún faltaban unos meses para el golpe de Estado– tiró al río Negro el cuerpo del militante tupamaro Ricardo Gomensoro, considerado el primer desaparecido político de Uruguay.

Silveira, por su parte, fue más allá y aseguró ante ese tribunal que Gavazzo era el responsable del asesinato de Gomensoro y de otro detenido, Eduardo Pérez. También lo acusó de la desaparición de María Claudia García de Gelman, nuera del poeta Juan Gelman.

El Tribunal de Honor consideró que las declaraciones de los dos exmilitares condenados no afectaban al honor del Ejército y no las comunicó a la Fiscalía, pese a que la ley obliga a hacerlo.

El martes, en una entrevista con el canal local VTV Noticias, el presidente Vázquez admitió que no había leído las actas relacionadas con las confesiones de Gavazzo y Silveira, asegurando que son más de 50 expedientes los que firma por día. No obstante, asumió su “responsabilidad política” y dijo que la Justicia tendrá que dictaminar.

En el fondo de esta inédita destitución de la cúpula militar, que se produce a medio año de que se celebren elecciones presidenciales, subyace una tensión jamás resuelta entre el poder civil y militar que se remonta a la transición democrática. En un proceso con bastantes analogías con el de España, el Ejército uruguayo ha conservado una importante autonomía y nunca ha asumido institucionalmente su responsabilidad en la dictadura.

En ese sentido, el investigador Julián González Guyer, especializado en temas de defensa, confirma que las Fuerzas Armadas uruguayas nunca se sometieron a una reforma profunda tras la dictadura. Esa reforma, añade, implicaría sustituir las ideas de la Doctrina de Seguridad Nacional, que surgió bajo el contexto de la Guerra Fría y cuyo principal enemigo era el comunismo internacional, “por otras democráticas”.

“El origen de esta problemática está en la forma en que se instrumentó la salida democrática en el país y el proceso posterior. Las Fuerzas Armadas desarrollaron una guerra a finales de los años 60 y principios de los 70 contra el comunismo y la subversión y, de acuerdo con esa doctrina, la tortura es un instrumento. [Los militares] entienden que esos daños colaterales que resultan de la tortura y la desaparición posterior de sus restos son parte de la guerra y creen que sus miembros estaban cumpliendo son su deber. Eso explica la actitud frente al Tribunal de Honor y todo el discurso militar”, explica González Guyer.

En ese sentido, sostiene que debe ser el sistema político uruguayo en su conjunto el que debe reformar las Fuerzas Armadas en el país. “Es el Gobierno y el Parlamento quienes deben asumir la tarea de reformar las Fuerzas Armadas y darle directivas precisas respecto hacia dónde caminar y cómo hacerlo para después también poder controlar y supervisar el cumplimiento de esas directivas”, añade el docente en el Instituto de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. 

Pacto de silencio

Para la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, que reclama el esclarecimiento de los crímenes perpetrados en la dictadura uruguaya, el comportamiento del Tribunal de Honor militar “muestra que la mentalidad del Ejército sigue siendo la misma que antes”.

“Hoy en día los mandos de las Fuerzas Armadas están actuando de acuerdo a la misma doctrina que los formó durante la dictadura, donde los valores mínimos de la democracia, como es informar a la justicia frente a un crimen, no se dan”, señala a este medio Ignacio Errandonea, miembro de esta organización y cuyo hermano, Pablo, desapareció en septiembre de 1976 en Argentina, cuando tenía 19 años.

Para los militares, continúa Errandonea, “el secuestro, la desaparición forzada y la tortura no atenta a su honor, y eso es una señal muy grave porque nos dice cuál es el accionar de hoy de las Fuerzas Armadas”.

Esta organización también critica el pacto de silencio que siempre ha existido en el Ejército uruguayo respecto a los crímenes cometidos durante la dictadura, pues impide esclarecer qué ocurrió con las casi 200 personas desaparecidas en el país en esa época.

Los militares “siempre han negado su responsabilidad en las tortura y desapariciones forzadas. A nosotros no nos interesa que nos pidan perdón, queremos que se tome conciencia, que se sepan cuáles fueron los crímenes cometidos en la dictadura y que sean condenados”, afirma Errandonea.

También recuerda que las declaraciones de Gavazzo y Silveira en las actas del Tribunal de Honor “aclaran que la orden fue dada desde arriba. Si hubo órdenes, también hay escritos y, por tanto, también hay archivos que están ocultos”.

Tanto líderes políticos del Frente Amplio, la coalición izquierdista que gobierna Uruguay desde 2005, como dirigentes de la oposición han saludado la decisión del presidente Vázquez de destituir a la cúpula militar.

Sin embargo, también son muchas las voces críticas que aseguran que en los últimos 15 años el Frente Amplio ha tenido tiempo para llevar a cabo una profunda reforma castrense y no ha sido así.

Por su parte, el excomandante en jefe del Ejército Manini Ríos presenta este miércoles su candidatura a la presidencia por el partido Cabildo Abierto.