“Hay personas en Venezuela que no han aceptado aún la victoria original del chavismo en 1999”

Socorro Hernández, discreta en sus modos, centrada, articulada, firme, es cara amable del chavismo y hace unos días fue protagonista involuntaria de un vídeo que dio la vuelta al mundo.

Aguantó, incólume, que varias mujeres le gritaran de todo mientras hacía la compra sola, en su supermercado de siempre, que se negó a abandonar mientras trataba de argumentar con quienes la insultaban, al que no piensa dejar de ir y en defensa del cual intervino para oponerse a algunos miembros del Gobierno que pensaban que debían cerrarlo en represalia por lo sucedido. Claro que no, dice. Es su supermercado de siempre y va a seguir siéndolo. Ellos no tienen la culpa de lo que algunos clientes decidan hacer.

Y, al igual que cuando hace la compra, pide calma y que no se tomen represalias por actos que hay que contextualizar para hablar de su país, Socorro Hernández pide política, partidos y diálogo.

Formada en el extranjero, ha pasado por puestos que no por ser principalmente técnicos en su origen –directora de la telefónica estatal, gerente financiera de PDVSA, ministra de Telecomunicaciones y ahora Rectora principal del Consejo Nacional Electoral– están desprovistos de responsabilidad e identificación política. Cada vez más. Perteneció a un círculo de acceso muy directo a Hugo Chávez y sólo renunció a su militancia en el Partido Socialista Unificado de Venezuela –lamenta no haber tenido tiempo para participar más en congresos– porque su posición en el sistema electoral lo requiere.

En su despacho, un cuarto de trabajo mucho más pequeño y austero que su responsabilidad, imágenes de la Virgen, Jesús, Hugo Chávez y una fotografía del Che Guevara enmarcada junto a su registro migratorio de entrada al país en 1952.

Su papel, el de su institución, como organizadora y garante de los procesos electorales del país, es vital, hoy, en los próximos meses, para la eventual reincorporación de Venezuela a una comunidad internacional que no reconoce la limpieza de su sistema electoral y en consecuencia la legitimidad de su último resultado: la creación de la Asamblea Nacional Constituyente, instrumento político por el que Nicolás Maduro ha apostado para salir de una situación sobre cuyo nombre no hay consenso posible, con altos y bajos, pero que en ningún momento deja de enredarse.

Dos de las cinco rectoras del Consejo Nacional Electoral, Tania D'Amelio y Tibisay Lucena, dos de las compañeras de Hernández, acaban de ser incluidas en la lista de personas sancionadas por Estados Unidos. Cree que cualquier día ella puede ser la siguiente –ellas no han hecho nada diferente a lo que haya hecho yo, dice– al tiempo que afirma que eso no influye en la continuidad de su trabajo.

Su trabajo, la organización de elecciones limpias y con resultados reconocidos por la oposición y la comunidad internacional, es uno de los elementos que permitiría una salida política al impasse venezolano. No es tarea fácil.

Una alternativa política a la violencia

Para Hernández, la convocatoria de la Asamblea Constituyente, esa convocatoria que ella como rectora del sistema electoral tuvo que llevar a buen puerto en medio de fuertes cuestionamientos por parte de una oposición que la boicoteó y una comunidad internacional que no quiere saber de su existencia, fue una “devolución del poder al pueblo” y una decisión estratégica del presidente Nicolás Maduro para plantear una alternativa política a la violencia en un momento, primero de mayo, en el que, según ella, se había llegado al límite: “Ya teníamos 30 muertos, una situación exacerbada” en unas “protestas que tiene que haber y va a haber siempre”, y a las que describe como “la válvula de escape natural a una situación de conflictividad generada por falta de alimentos y bienes de consumo que sólo se encuentran, cuando aparecen, a costos exagerados. Eso no lo puede negar nadie”.

Cree también que en el periodo que va de aquellos 30 muertos a los 124 que suma el ciclo de cuatro meses de protestas y que recoge un informe de Naciones Unidas que acusa al gobierno de Venezuela de uso excesivo de la fuerza y torturas, la oposición cayó en comportamientos que califica de “barbarie que en este país nunca jamás había pasado”. Impulsada por “delincuentes y paramilitarismo, factores que buscaban que ocurriera algo que no ocurrió como ellos esperaban. Que buscaban provocar para forzar al gobierno, para impulsar una reacción más violenta por parte de las autoridades”. Según ella, “ha habido unos cuerpos policiales que han permanecido contenidos. Hubo excesos, es verdad, fueron cuatro meses. Pero esos excesos han sido reconocidos, atacados. Hay policías, militares, guardias detenidos. No ha habido una política de Estado de reprimir esas manifestaciones”.

Hernández opina que “si alguien va a lanzar una granada contra una instalación militar, los militares deben defenderse” y que en Venezuela, “los medios no ayudan a bajar el nivel de conflictividad. Ha habido mucha manipulación por parte de quienes promovieron las protestas”.

No acepta el informe de Naciones Unidas que dice lo contrario y lanza graves acusaciones contra el Gobierno. Lo califica de precipitado. Dice que adolece “de una investigación detallada caso por caso, de cada uno de los incidentes”.

Los poderes de la Constituyente

En todo caso, la violencia termina el mismo día que la Asamblea Nacional Constituyente se instala. Sea porque la oposición asume su derrota en las calles, sea por cansancio o estrategia, el resultado es evidente. El 1 de mayo, en Venezuela había violencia política desbordada y Hernández no tiene dudas: “Hoy eso se ha contenido”.

“Cuando el presidente convoca esta Asamblea lo primero que tenemos que ver es la Constitución. Hay una situación tensa, se está planteando una salida. Sentimos que dentro de nuestra constitucionalidad el Consejo Electoral es árbitro de esa salida. Nosotros somos el árbitro y excepto que exista una solicitud de diálogo conjunta con la oposición, un diálogo podría llevar, y podría haber llevado antes, a adoptar decisiones diferentes”.

La Constitución vigente en Venezuela es una que se interpreta, como todas. “Nosotras no estamos sesgadas al hacerlo. Debatimos y aplicamos la Constitución de 1999”. Y ubica el punto de partida del conflicto en torno a ella. Va mucho más allá de la ausencia de diálogo hoy o hace un año. “Hay personas en Venezuela que no han aceptado aún la victoria original del chavismo en 1999 y el nacimiento a partir de ahí de una institucionalidad con un sesgo evidente y legítimo. La constitución y las leyes venezolanas las han hecho el chavismo, son chavistas, y la oposición hace todo lo posible por detener su avance”.

La confrontación, afirma, gira en torno a que “la política venezolana es joven, producto de una institucionalidad y un sistema jurídico que son jóvenes, que no llegan aún a las dos décadas y que se están perfeccionando”. La Constituyente de hoy, para ella, es un capítulo más dentro de un proceso dinámico que viene de 1999 y marca reglas claras que está dispuesta a explicar.

“Aquí existe la separación de poderes, pero tiene que haber también articulación de poderes. No quiere decir dependencia, sino conocimiento, no puede ser cada uno ande por su lado perjudicando al país. Hay que respetar la competencia de cada uno de los poderes. El único que puede interpretar la Constitución es el Tribunal Superior de Justicia. Nadie más tiene que meterse. Eso no se quiere aceptar. Tienen que asumirlo” (quienes les critican).

El viernes, un día después de esta entrevista, la Asamblea Nacional Constituyente aprobó a mano alzada y por unanimidad la ratificación en sus cargos de las rectoras del Consejo Nacional Electoral, Hernández incluida. Y un decreto de subordinación del consejo rector de las elecciones a la Asamblea. La expresión que define la relación entre la Constituyente y el organismo electoral es clara y unívoca: “Subordinación”. Podía ser coordinación, articulación, relación, pero la palabra es subordinación.

Hernández se levanta, saca de un cajón un ejemplar de la Constitución, subrayada y llena de notas, y comienza a leer artículos que sintetizan en que la iniciativa de convocatoria de la Constituyente puede tomarla el presidente. Maduro lo hizo porque consideraba que era el instrumento para avanzar en la construcción del proceso político que dirige y para salir de la situación en la que se encuentra el país. No titubea ni un segundo al explicar que todo fue y es legal.

El Parlamento “está en desacato”

Es probable que exista una lectura diferente desde el exterior, argumenta. Y se refiere al poder legislativo y sus apoyos en la comunidad internacional: “Para mí, la Asamblea legislativa (controlada por la oposición) está en desacato, no es válida, adoptan medidas que no pueden tomar, que no son acordes a Derecho. Puede ser un centro de discusión, un centro político, pero como Asamblea están en desacato y cuando nombra magistrados del Tribunal Superior de Justicia, por ejemplo, no puede hacerlo. Esas personas no son magistrados”.

De lo que habla, en realidad, es “de una confrontación de modelos”, sigue. “No nos estamos entendiendo”.

Todos esos son matices son resolubles en un contexto de normalidad política, pero en Venezuela llegaron a tensionarse hasta un extremo que impidió el diálogo, la salida pactada, y llevó al ejercicio del poder por parte de quien lo tenía y lo tiene: el Gobierno y las instituciones.

Tal y como lo explica, esa tensa relación que puede generarse entre poder ejecutivo, legislativo y judicial en Europa es posible y funciona en un Estado cerrado, definido con claridad, pero no necesariamente en lo que llama un proceso político revolucionario que está definiendo de manera sobrevenida sus propias reglas del juego.

“Llevamos 18 años sin que nos reconozca el mundo”, se queja.

Smartmatic y el recuento de la Constituyente

En Venezuela todo cambia y todo se complica por factores que dependen más del exterior que de su propia institucionalidad. Al menos esa una explicación clásica de las autoridades chavistas. Smartmatic, por ejemplo, la empresa que se ocupa de los procesos de recuento electoral y que cuestiona el porcentaje de participación en la elección de la Asamblea Constituyente, es, según Socorro Hernández, “una empresa transnacional que por cuestiones de mercado tiene que tomar una decisión. La no aceptación internacional de nuestro proceso es un riesgo comercial para la empresa. Si no nos aceptan a nosotros, no van a acepar a quienes trabajan para nosotros”. Es lógico, acepta. “Y la empresa decide decir que nuestro proceso no ha sido limpio para defender su posibilidad de seguir recibiendo contratos en otros países. Nosotros tenemos que demandarlos porque difaman y faltan a la verdad”, anuncia.

El doble discurso de la oposición

Hernández, como rectora del Consejo Nacional Electoral, participa en la organización de las elecciones regionales de diciembre. No oculta que la situación es complicada. Se sanciona internacionalmente a dos rectoras del organismo y no se reconocen los resultados del proceso electoral que llevó a la Asamblea Nacional Constituyente. Siente que las reglas del juego para juzgar su trabajo a partir de ahora y las cartas que se reparten vienen marcadas. Y no a su favor.

Le molesta que se acuse a la justicia de impedir la inscripción electoral de la coalición del Movimiento de la Unidad Democrática. Explica que se debe a que no han cumplido con sus obligaciones jurídicas. En todo caso, dice, “es una decisión de la justicia, y no del sistema electoral, que tiene que aplicar lo que dice la justicia”.

“En el extranjero no entienden lo que está pasando aquí y menos ahora cuando todas las organizaciones políticas se han postulado a participar en un proceso electoral. ¿Qué mensaje lanza eso? ¿Que los cuatro meses de protestas fueron inútiles, que no tenían razón? ¿Que saben que hay un organismo electoral que ha organizado elecciones que han ganado en todos los niveles excepto el de la presidencia de la República? Tienen un doble discurso”.

Se ríe –sin que implique ninguna diversión– al decirlo. Gesticula. “Me sirve, no me sirve, me sirve el sistema electoral y no me sirve. Es una irresponsabilidad total con el país. No podemos someter al país a esta zozobra. Hay que bajar el nivel de confrontación, que nos tiene enfermos. No podemos permitir esta incertidumbre. Pido responsabilidad”.

En referencia a los alcaldes de la oposición que están siendo inhabilitados, se remite a la ley. “Se está aplicando la ley. Eso depende de los tribunales de justicia y no del Consejo Electoral”.

Ahora, argumenta, el reconocimiento del sistema electoral venezolano “depende de las responsabilidad con la que actúen los partidos políticos venezolanos. Si nosotros tenemos unos actores que vociferan, van al exterior y se aprovechan de nuestro sistema y el proceso de creación en el que se encuentra para destruirlo en lugar de participar en él, no podemos avanzar”.

La oposición decidió no participar en la Asamblea Constituyente. “¿Y si hubiera sacado una representación importante, que la hubieran sacado, ¿cómo hubieran actuado?”, se pregunta. “Pues de manera mucho más responsable. Podrían definir el futuro, pero no lo hicieron. Y sucedieron estos cuatro meses. Trágicos”.

Socorro Hernández es, pese a todo, optimista. “En Venezuela va a haber elecciones. Tienen que participar”, pide a la oposición. Y cree que lo van a hacer y que es sano que lo hagan, que se monten en el marco de la institucionalidad venezolana.

El diálogo como alternativa

En Venezuela, hay instituciones que hablan alemán y hay instituciones que hablan francés. Cómo dialogan entre ellas hablando idiomas diferentes entre ellas es fundamental ahora. El Gobierno de Venezuela se define como revolucionario. La oposición y la comunidad internacional no reconocen sus actos y llega el bloqueo político. Pero el poder lo mantiene el gobierno y Hernández recomienda un diálogo que consiste en la interacción entre el poder del Gobierno y el de la oposición y una serie de normas vivas que están naciendo y definiéndose. Un diálogo que para ella es lo único que puede permitir que el país y la situación descansen y avancen.

Respecto a la amenaza de un golpe de Estado del que se habla, cree “que es real y a veces nosotros mismos no tenemos conciencia de eso. Los intereses son tan mezquinos, desprecian tanto al ser humano, que no sabemos de qué son capaces los otros, quienes estén interesados por ejemplo en manejar los recursos de nuestro país. Han buscando la posibilidad de que el pueblo genere un nuevo Caracazo (un levantamiento popular en 1989 reprimido por el Ejército que dejó entre mil y 3.000 muertos) y no lo han logrado, eso ha evitado que pasemos a mayores. El pueblo no ha querido eso”.

Sabe cuál es la salida y la señala. Propone “sentarse a hacer introspección” y se dirige a la oposición. “Ellos son los que de alguna manera pueden limitar la posibilidad de la violencia. Veía de positivo en la Constituyente que íbamos a tener sentadas ahí una cantidad de gente nueva que iba a plantear alternativas. Los actores políticos de nuestro país tienen que instaurar el respeto mutuo. No estamos de acuerdo entre nosotros pero no podemos agredirnos. Hay que recuperar el diálogo porque si no, vamos a ir a una confrontación. Hay colectivos, hay paramilitarismo, hay armas. Nadie se va a dejar. No estamos descubriendo nada, esa situación existe”.