Almeida pide a Sánchez 150 de los 400 millones que cuesta soterrar el primer tramo de la A-5 en Madrid

“Nos hemos cansado de esperar” decía el alcalde Almeida este miércoles en referencia al Gobierno de Pedro Sánchez, cuando anunciaba que el Ayuntamiento de Madrid comenzará a soterrar la A-5 en 2024, cuatro años después de cuando tenía previsto iniciar su gran promesa electoral de la pasada legislatura. Las declaraciones de la mañana sorprendieron porque el consistorio no había detallado para qué necesitaba la participación del Gobierno central en esta remodelación, aunque por la tarde se desvelaron las cartas.

Después de las palabras de Almeida se reunían el delegado de Movilidad, Borja Carabante, con el secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, David Lucas, en la sede del Ministerio. Lo hacían por cuarta vez en los últimos meses para avanzar en la Operación Campamento, la intervención urbanística para construir miles de viviendas sobre antiguos terrenos del Ministerio de Defensa. Pero el tema central fue el soterramiento de la última autopista urbana de entrada a Madrid.

A la salida, Carabante reclamó que el Ministerio de Transportes pague 150 millones de los más de 400 que le costará al Ayuntamiento estas obras que abarcan casi cuatro kilómetros y que van desde el cruce con la Avenida de los Poblados hasta el enganche con la Avenida de Portugal, el tramo para el que ya hay proyecto y que saldrá licitado en los próximos meses. Lo hizo basándose en un convenio firmado en el año 2009 y que hoy el Gobierno de Sánchez entiende, por contra, que está “desfasado”.

Además, el Ayuntamiento también exige otros 150 millones estatales para afrontar la segunda parte del soterramiento, aún no diseñado ni cuantificado pero que cubriría el tramo de la M-40 a la citada Avenida de los Poblados. “El secretario de Estado ha confirmado esos compromisos en relación a la cofinanciación del soterramiento de la A-5”, aseguró Carabante.

La opinión del Ministerio de Transportes difiere de la municipal: David Lucas subrayó después de la reunión que “es evidente que los convenios de 2009 hay que revisarlos para actualizarlos a día de hoy”, a la vez que centraba las negociaciones en la construcción de las casas y no tanto en los soterramientos: la Operación Campamento “es una prioridad para el Gobierno de España para ”impulsar“ la construcción de las viviendas. ”Esperamos que el Ayuntamiento ayude al Ministerio a acelerar todos los procesos de urbanización y edificación de las viviendas. El soterramiento de la A-5 lo va a realizar el Consistorio y nosotros lo que haremos es la aportación económica“, ha explicado el secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Lucas no definió cuándo comenzarán las construcciones de la viviendas, pero insistió en que están trabajando “con la mayor celeridad posible”. En este sentido, ha subrayado “la importancia” de que el consistorio colabore “para que todo vaya rápido”, informa Europa Press.

El Ayuntamiento también considera que la construcción de los pisos es importante: “La Operación Campamento es esencial para la ciudad de Madrid porque va a poner vivienda en el mercado, va a generar una oferta que va a poder mitigar los incrementos en el precio de la vivienda y va a permitir ejecutar una obra de infraestructura importante como es el soterramiento de la A-5”, destacó Carabante.

12.000 nuevas viviendas y una larga tramitación

El Gobierno central autorizó en octubre al Ministerio de Defensa a vender al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana los suelos de la futura Operación Campamento por 272 millones de euros, en los que se levantarán hasta 12.000 viviendas, de las que al menos un 60% serán protegidas. Se trata del tercer intento de poner en marcha una recalificación urbanística que lleva décadas atascada.

En concreto, el Consejo de Ministros autorizó al organismo autónomo del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied), que depende del Ministerio de Defensa, la venta de 1,63 millones de metros cuadrados a la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES), que depende del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

En sus 211 hectáreas se edificarán viviendas asequibles, bajo un nuevo planteamiento urbanístico integrado con el tejido urbano existente, que garantice la calidad arquitectónica e impulse más espacios verdes, terciarios y equipamientos públicos en la zona.