La empresa que eligió Almeida para hacer los pliegos de la A-5 entregó su trabajo el mismo día que se le adjudicó el contrato

La contratación que rodea al proyecto para soterrar la autovía de Extremadura a su llegada a Madrid suma un nuevo punto negro. Esta vez tiene que ver con una de las adjudicaciones para preparar su proyecto: el Ayuntamiento de Madrid contrató a una empresa para que le redactara los pliegos del concurso público para enterrar la A-5 y, el mismo día en el que se firmó oficialmente, publicaba el resultado de este trabajo.

Este contrato preparatorio y técnico salió del área de Movilidad, en concreto de la Dirección General de Planificación e Infraestructuras. Fue adjudicado a la empresa Tech and Consult 4 y tenía como objeto elaborar tres pliegos de prescripciones técnicas particulares, uno de ellos para la “redacción del proyecto de soterramiento de la A-5 y restauración ambiental del paseo verde suroeste”, según los detalles del contrato a los que ha tenido acceso Somos Madrid.

La adjudicación se publicó el 13 de abril de 2020, en mitad del estado de alarma por la pandemia, como consta en los datos facilitados a través del portal de contratación del Ayuntamiento de Madrid. Costó 18.029 euros (IVA incluido) y se otorgó sin concurso público porque se permitía por su importe, al tratarse de un contrato de cuantía menor. La empresa adjudicataria disponía de 30 días para llevarlo a cabo, pero ese mismo 13 de abril, a las 12.53 minutos, la subdirectora de Planificación e Insfraestructuras firmaba la memoria económica que marca los pliegos para el proyecto de soterramiento. Y el citado pliego con las cláusulas administrativas, de 58 páginas de extensión, aparecía un día después, el 14 de abril, según ha podido comprobar este mismo periódico. Tiempo récord para la elaboración del trabajo previsto.

El contrato analizado sirvió para iniciar el concurso que el área de Movilidad acabó concediendo un contrato de más de tres millones de euros a la empresa en la que trabaja el hermano de su propio delegado, Subterra. Esta última adjudicación del departamento de Borja Carabante está siendo investigada por la Fiscalía Anticorrupción desde finales de febrero después de las revelaciones publicadas por Somos Madrid.

En el Ayuntamiento de Madrid aseguran que la propuesta de adjudicación para Teach and Consult 4 se produjo mucho antes de la fecha señalada, el 27 de febrero de 2020. Desde ese día el consistorio indica que retuvo el crédito para el pago de esa operación y, según fuentes del área de Movilidad, es la fecha a partir de la cual la empresa empezó sus trabajos. Este periódico no ha tenido acceso a ningún documento que pruebe la fecha de esta propuesta de adjudicación, a pesar de haberlo solicitado al consistorio.

Las mismas fuentes municipales aseguran que la formalización del contrato se vio afectada por la declaración del estado de alarma en España, lo que ralentizó todos los trámites burocráticos electrónicos y explicaría -según su versión- que los trabajos avanzaran antes de la firma de adjudicación definitiva el 13 de abril.

Denuncia polémica pero archivada en la Oficina contra el Fraude

Volviendo al contrato menor otorgado a Tech and Consult 4, esta adjudicación ya saltó a los medios hace dos años por la polémica que generó la relación profesional entre la entidad adjudicataria y el beneficiario de esta contratación pública. Tanto la directora de Planificación e Infraestructuras, Lola Ortiz, como el administrador único de Tech and Consult, Rafael Magro, se conocían en el momento de la entrega del trabajo y compartían junta directiva en el Colegio de Ingenieros de Caminos de Madrid.

Lola Ortiz, por entonces decana del Colegio, adjudicó este contrato menor a la empresa de su vicedecano, en un momento en el que además la hermana de Rafael Magro, Susana Magro, trabajaba en la dirección general de Ortiz como subdirectora de Planificación. Todos estos detalles fueron publicados por elDiario.es en marzo de 2021. Desde el Ayuntamiento de Madrid destacan que el contrato pasó por los controles de Intervención y, sobre todo, por la Oficina contra el Fraude del consistorio, que acabó archivando el expediente porque “no se observaban conductas delictivas”, insisten desde Movilidad.

En 2021 se conocieron algunos detalles más de la adjudicación, como que el área de Planificación e Infraestructuras pidió presupuestos a tres empresas antes de entregar el contrato menor a la empresa del vicedecano. Las otras dos se terminaron apeando del proceso: una no respondió y otra aseguró que no tenía capacidad para hacer esos trabajos. En las fechas en las que se reveló esta información Lola Ortiz dimitió como decana del Colegio de Ingenieros de Caminos de Madrid después de desvelarse que gastó 11.000 euros en chiringuitos de playa y muebles con cargo a la tarjeta black de la institución.

Dos pliegos más en el mismo contrato

El contrato menor que el equipo de Almeida adjudicó a Tech and Consult 4 incluía la elaboración de pliegos para otras dos licitaciones que preparaba el área de Movilidad. La primera era el apoyo a la dirección de obra y coordinación de seguridad y salud del Nudo Norte, y la segunda consistía en la “asistencia técnica para la supervisión de proyectos de Madrid Calle 30”.

Los tres trabajos (el de la A-5 y los dos citados) se incluyeron en el pago de los 18.029 euros de la adjudicación, a razón de 6.010 euros por cada trabajo.

El tercer pliego en el que trabajó Teach and Consult, el de la asistencia técnica en Calle 30, acabó en otra adjudicación polémica: publicada varios meses más tarde, el resultado del concurso se transformó en el segundo contrato que el área de Movilidad adjudicó a la empresa en la que trabaja el hermano del delegado, esta vez por 187.000 euros y que también fue adelantado por este periódico a finales de enero.

Los hechos desvelados por Somos Madrid sobre estos dos contratos a Subterra motivaron sendas denuncias en la Fiscalía contra la Corrupción del Grupo Mixto y de Podemos. A finales del pasado febrero el fiscal decidía abrir diligencias de investigación sobre el caso para investigar posibles irregularidades, sin que de momento se haya producido ninguna acusación personal ni se hayan iniciado acciones judiciales.