Estimado Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, le escribo en referencia a sus recientes declaraciones en el marco del coloquio desarrollado en Sagunto, en el cual usted, junto al presentador que no quiso o no supo reprocharle sus afirmaciones y sus risas, tuvo a bien mofarse de una parte de los españoles y españolas, aquellas que continúan con la tarifa eléctrica regulada por el Gobierno, refiriéndose a todos ellos como tontos: “solo los tontos que siguen con la tarifa regulada del Gobierno pagan más por la luz”.
Si tenemos en consideración que la palabra “tonto”, de acuerdo con el diccionario de la Real Academia de la Lengua, hace referencia a una persona falta o escasa de entendimiento o de razón, podríamos concluir, basándonos en sus propias declaraciones, que usted pudiera ser una persona falta de entendimiento y de razón, por no hablar de empatía, respeto y compromiso social con las personas más vulnerables de nuestra sociedad, precisamente aquellas que más utilizan la tarifa eléctrica regulada por el Estado.
Falta a la razón y acredita un gran desconocimiento de la situación en la que se encuentran en España miles de personas y familias vulnerables que sufren pobreza energética, es decir Sr Galán, familias que viven en un hogar en el que las necesidades básicas de suministros de energía no pueden ser satisfechas, como consecuencia de contar con bajos ingresos o ninguno. Se lo explico con mayor claridad, personas y familias que se ven obligadas a elegir entre comer o pagar los suministros de luz y gas. De acuerdo con los datos de Eurostat, la pandemia ha empeorado la situación y la previsión es que durante este 2022, el número de familias que tengan dificultades para hacer frente a los recibos de la luz o gas siga aumentando, requiriendo del apoyo del Estado. De acuerdo con los datos aportados por Cáritas, en 2021 el 6,5 por ciento de los hogares recibieron avisos de corte de suministros básicos por carencia de recursos.
Le recuerdo que, según los informes de la Red Europea de lucha contra la pobreza y la Exclusión social (EAPN-ES), en España existen 12,5 millones de españoles y españolas que se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión social y, de ellos, 3,3 millones, es decir un 7 por ciento de la población viven situaciones de privación material severa, datos que se han incrementado como consecuencia de la pandemia, pasando más de un millón de nuevas personas a esta situación de pobreza extrema.
Estas son las familias y personas que mayoritariamente se acogen a la tarifa eléctrica regulada por el Gobierno que, por cierto, Sr Galán, es la única que da derecho a la ciudadanía más vulnerable a poder acceder a las acertadas medidas impulsadas por el Gobierno para su protección, como la prohibición del corte de luz o el acceso a las ayudas públicas del bono social eléctrico. Es a esas familias a las que usted ha llamado “tontas” por acogerse a un tipo de tarifa que no beneficia los intereses de las empresas energéticas.
Vuelve usted a faltar a la razón y a los datos cuando afirma que el 80 por ciento de los consumidores se acogen a la tarifa libre, aquellas en las que el coste lo fijan las eléctricas de acuerdo a sus propios criterios e intereses. Los datos oficiales nos indican que en 2021, en España existían unos 30 millones de puntos de suministro, de los cuales 19,8 millones se encontraban en el mercado libre, mientras que 10,2 millones figuraban en el mercado regulado, es decir un 66 por ciento, frente al 34 por ciento y ello a pesar de la agresiva campaña de compañías como Iberdrola que intentan convencer a los consumidores de las ventajas de la tarifa libre, frente a la regulada, falseando la realidad y sin explicar las diferencias entre ambas, olvidando el derecho al saber de la ciudadanía. Una ciudadanía desinformada siempre es más manipulable.
Las compañías eléctricas vienen ofertando a las familias paquetes de servicios integrados de luz y gas que incluso pueden estar vinculadas a la contratación de determinados seguros, con un precio fijo, pero exigiendo permanencia, aparentando unas mejores condiciones económicas, cuando en muchos casos no son reales.
Producir energía a través de fuentes renovables más económicas y facturar al precio desorbitado del gas, como se ha venido haciendo en los últimos tiempos, nos ha llevado a la generación de grandes beneficios para las compañías eléctricas que para nada han repercutido en la ciudadanía más vulnerable.
El reciente acuerdo alcanzado por España y Portugal en el marco de la UE, permitiendo a estos dos países poner un precio máximo al gas, va a hacer posible la disminución de los costes de la facturación eléctrica, pero esta reducción, con carácter inmediato, solo podrá afectar a las familias acogidas a la tarifa regulada por el Gobierno.
Las preguntas que nos debemos hacer desde la ciudadanía son ¿quién queremos que regule el precio de la factura eléctrica, el Estado o las compañías eléctricas? ¿Un Estado que debe perseguir el beneficio del conjunto de la ciudadanía o las eléctricas que persiguen beneficio propio?
Sr Galán, tal vez tenga usted razón y seremos tontos mientras que en España solo un 4,7 por ciento de los hogares tengamos sistemas de autoproducción de electricidad, ya sea del hogar o comunitario. Cuando el Gobierno no solo permita, sino que impulse el autoconsumo con energías renovables y nos organicemos en cooperativas de autogeneración eléctrica, a lo mejor comenzamos a dejar de ser tontos.
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