La Fiscalía archiva la investigación contra el portavoz de Vox en la Asamblea Regional por delitos de odio

La Sección de Delitos de odio y discriminación de la Fiscalía de la Región de Murcia ha archivado la denuncia contra el portavoz de Vox en la Asamblea Regional, Rubén Martínez Alpañez, por las declaraciones en las que vinculaba la migración con la delincuencia. Alpañez aseguró el pasado 16 de octubre de 2023 que los migrantes que llegaban a España buscaban huir de sus países por “problemas de legalidad y delincuencia”: “Nuestras cifras de delincuencia se están incrementando geométricamente, los delitos sexuales relacionados con menores de edad y, sobre todo, con inmigrantes se multiplican por más de 100”, dijo el diputado.

El 13 de noviembre de 2023, la Fiscalía recibió una denuncia de Amigos de Ritsona y las asociaciones Parem, Convivir sin Racismo y Murcia Acoge contra el vicepresidente de la Región de Murcia, José Ángel Antelo (Vox), y el portavoz del grupo parlamentario, Rubén Martínez Alpañez.

En un escrito adelantado por Rosa Roda News y al que ha tenido acceso este periódico, la Fiscalía informa del archivo de las diligencias contra el diputado y portavoz parlamentario, “pues no concurren indicios suficientes de la existencia del delito denunciado: delito contra los derechos fundamentales y libertades públicas en su modalidad de incitación al odio y discriminación previsto y penado en el artículo 510.1 a del Código Penal”.

Por su parte, las organizaciones solidarias de la Región de Murcia, Amigos de Ritsona, Convivir Sin Racismo y Parem han lamentado el archivo de la denuncia presentada ante la fiscalía de la Comunidad Autónoma de Murcia, por las graves declaraciones racistas y xenófobas realizadas por el portavoz de VOX en la Asamblea Regional.

Y han mostrado su decepción sobre el contenido del decreto de archivo y la interpretación de la Fiscalía: “Consideramos que las conductas denunciadas entrañan claramente descrédito, humillación y menosprecio de un colectivo vulnerable caracterizado por su origen nacional –extranjero y particularmente, proveniente del norte de África–, así como por su etnia y por su situación administrativa como migrantes en situación de irregularidad”.

En relación con las declaraciones vertidas por el vicepresidente de la Región de Murcia (Vox), José Ángel Antelo, a través de la red social X (conocida anteriormente por Twitter), la Fiscalía ya estimó en diciembre que las manifestaciones efectuadas por el vicepresidente de la Región de Murcia podrían estar amparadas por la libertad de expresión, aunque “puedan resultar, para muchos, impopulares, desacertadas u ofensivas, pero no serían constitutivas de discurso de odio”.

Por todo ello, han expresado en un comunicado, “hemos decidido reiterar la denuncia presentada y reformular la misma ante el juzgado de Instrucción competente para que se pronuncie y determine si los hechos denunciados pueden derivar en responsabilidades penales”.

Antelo relacionó la entrada de 200 migrantes argelinos en las costas murcianas de Cabo de Palos y Monte Ceniza con la entrada de yihadistas en patera y apuntó a una supuesta “complicidad” del Gobierno con las mafias.

Según el decreto de la Fiscalía al que ha tenido acceso elDiario.es Región de Murcia, “las manifestaciones efectuadas por el portavoz parlamentario de Vox en rueda de prensa desarrollada en la Asamblea Regional de Murcia no reúnen los requisitos exigidos por la jurisprudencia para ser consideradas como incitadoras o promotoras al odio contra el colectivo de personas migrantes”. Y añade que los diputados y senadores gozan, con carácter general, de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones (artículo 71 C.E), recogiéndose dicha previsión igualmente en el artículo 25.2 del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia.

En opinión de la Fiscalía, la finalidad del discurso “no es la incitación al odio o comportamientos violentos contra los inmigrantes llegados en patera, sino que se trata de, aprovechando la posición institucional del orador, reiterar e intentar justificar la posición del partido político Vox en materia migratoria, por lo que no refleja una postura individual sino del colectivo político al que pertenece”. Sin embargo, sí que se reconoce que el discurso en “determinados fragmentos” es “claramente discriminatorio vinculando, en cierta forma, la inmigración con la delincuencia y realizando afirmaciones de carácter populista, en modo alguno contrastadas con la realidad, pero orientados a desterrar la empatía de la población con las personas migrantes que llegan en patera” y refiere algunos fragmentos como en el que Alpañez aseguraba “que dichas personas son transportadas por las mafias a bordo de grandes barcos, que, cuando están cerca de la costa embarcan en pateras para que vayan llegando poco a poco y por tanto, con un mínimo riesgo para su vida”. Sin embargo, “el mensaje se equilibra, en cierto modo, con otras expresiones favorables o que reconocen la obligación de prestar ayuda a las personas que llegan a las costas sin medios materiales tras haber puesto en riesgo su propia vida”.

Sin embargo, apunta la Fiscalía, las declaraciones del portavoz parlamentario de Vox no quedarían amparadas por los derechos constitucionales de libertad de expresión, ideológica o de conciencia “puesto que contienen una asociación generalizada, ligeramente velada, de la inmigración con la delincuencia, deshumanizando a aquellas personas que vienen a España, poniendo en juego su vida, huyendo de guerras o situaciones de miseria o persecución, contribuyendo a despertar o aumentar entre la población los prejuicios y estereotipos de forma generalizada e injusta contra los colectivos afectados y riesgo de generar sentimientos de rechazo frente a ellos por parte de la población”.