La guerra de banderas en Navarra seguirá librándose en los tribunales

La guerra de banderas en Navarra seguirá librándose en los tribunales. A pesar de que el cuatripartito que apoya al Gobierno de Uxue Barkos ha derogado este jueves la ley de Símbolos que impulsó UPN en 2003 (una norma que prohíbe de forma expresa que ondee la ikurriña en los edificios oficiales de la Comunidad foral), esta iniciativa no garantiza un blindaje legal para la presencia de la ikurriña en los municipios que así lo acuerden por mayoría.

Lo advierte así el Consejo de Navarra, el máximo órgano consultivo de la Comunidad foral, aunque su dictamen no es unánime: la secretaria del Consejo, Socorro Sotés, que fue propuesta y elegida para el cargo por los cuatro partidos políticos que apoyan al Gobierno, ha emitido un voto particular con el que discrepa frontalmente del pleno del Consejo y señala que “la parte de la ciudadanía que no esté conforme con la derogación tiene el deber democrático de soportarlo”.

El dictamen ha sido emitido de forma urgente por el Consejo de Navarra apenas un día antes de que el pleno del Parlamento someta a votación, también por el procedimiento de urgencia y en lectura única, la derogación de la ley de Símbolos que en 2003 impulsó UPN. La iniciativa para revocar la ley de Símbolos se ha retrasado ya en varias ocasiones, para disgusto del cuatripartito. La última fue, precisamente, a petición del PSN con el objetivo de conocer el parecer del Consejo de Navarra antes de votar sobre si suprimir la ley o no. Pero, ya durante el verano pasado, el cuatripartito vio cómo se aplazaba esta iniciativa, que figura entre los compromisos de su acuerdo programático, a petición de Izquierda Unida, que lo consideraba un tema electoralmente sensible. Así que los grupos que apoyan al Gobierno de Barkos quieren superar este ‘impasse’ cuanto antes. El pleno aprobó por mayoría suprimir la ley de Símbolos de 2003. Aunque con ello se cree un vacío legal, como señala el Consejo de Navarra.

El dictamen considera que la derogación de una ley por parte del Parlamento es perfectamente constitucional, y el cuatripartito se agarra a este argumento como a un clavo ardiendo. Sus portavoces, de hecho, consideran que el dictamen del máximo órgano consultivo echa por tierra la línea argumental con la que UPN y PP se oponen a derogar la ley de Símbolos.

Sin embargo, el grueso del análisis del Consejo de Navarra no se centra en la constitucionalidad de derogar una ley, sino en la “oportunidad y conveniencia” de suprimir dicha ley. En este sentido, el dictamen es claro cuando señala que “la derogación sin más de una ley, y sin una regulación alternativa, lo que provoca es una situación de ausencia o vacío legal en la concreta parcela regulada por dicha norma”. Por ello, advierte el Consejo, “la derogación puede afectar a la seguridad jurídica, pudiendo plantearse una nueva confrontación sobre la legalidad ordinaria de acuerdos que pueden adoptar diferentes administraciones públicas de la Comunidad foral respecto de la colocación o utilización de símbolos no reconocidos oficialmente como propios” de Navarra. A modo de conclusión, lo que el máximo órgano consultivo de la Comunidad foral señala sobre la derogación de la ley de Símbolos vigente, es que su supresión “no presupone, necesariamente, que resulte conforme con el ordenamiento jurídico la utilización de una bandera no oficial”. Dicho de otra manera, insiste el dictamen, “la utilización de banderas o símbolos distintos de los oficialmente establecidos como de Navarra puede resultar contraria al ordenamiento jurídico incluso tras la derogación, en su caso, de la ley de Símbolos de 2003”.

Dictamen no vinculante

Este dictamen, no vinculante, supone un importante varapalo para el objetivo real del cuatripartito con respecto al uso de las ikurriñas en las instituciones navarras, un objetivo que ya explicó la propia presidenta Uxue Barkos: “Con la Ley de Símbolos, me gustaría volver al espíritu de la ley anterior, del año 86. Para que sean las mayorías municipales las que decidan qué banderas ondean. Y si esto lo sabemos vivir con normalidad, nos encontraremos con que en Leitza siempre habrá una ikurriña y en Tudela, bueno, no creo que yo la vea, y en Pamplona podremos verla durante una o dos legislaturas y dejaremos de verla durante otra o dos legislaturas”, señaló Barkos en junio de 2016.

Lo que el Consejo de Navarra ha descartado es esa buscada “normalidad” que el cuatripartito quiere para la presencia de la ikurriña en las instituciones forales. Porque UPN y PP, y de forma menos agresiva también los socialistas navarros, mantienen que seguirán luchando con todos los instrumentos a su alcance para que la ikurriña no ondee en los inmuebles oficiales junto a la bandera de Navarra.

Derogar la ley de Símbolos de 2003 fue el único acuerdo que supieron alcanzar los partidos que apoyan al Gobierno. A pesar de que su anunciada intención inicial era derogar la ley de UPN y sustituirla por otra redactada al alimón entre las cuatro formaciones políticas, ese nuevo texto legal no ha visto la luz. La ausencia de una ley alternativa a la que se revoca es, precisamente, la puerta abierta a la inseguridad jurídica en la que se verá envuelta la ikurriña cuando, a partir del próximo pleno, los ayuntamientos decidan exhibirla en sus mástiles.

“Por la simple derogación de una ley, no recobran vigencia las que ésta hubiere derogado”, advierte el Consejo de Navarra. Una máxima legal que el cuatripartito parece haber pasado por alto, al pretender “recuperar el espíritu de la ley del 86”, en palabras de Barkos, una norma que no prohibía expresamente la presencia de la ikurriña en las instituciones forales.

Voto particular

En un sentido frontalmente contrario, la secretaria del Consejo de Navarra, Socorro Sotés, ha emitido un voto particular al dictamen en el que señala que “no se puede hablar de que la derogación de una ley, sin regulación alternativa, pueda provocar una situación de ausencia o vacío legal, puesto que tal derogación no deja a Navarra huérfana de sus símbolos”. Sotés, que accedió al cargo en 2015 propuesta y elegida por los cuatro grupos parlamentarios del cuatripartito, sostiene que la ley de Administración Local “está permitiendo que los ayuntamientos puedan exhibir otras banderas distintas de las oficiales”, sin que “tal facultad venga impedida por la Constitución y la Lorafna”.

Sotés añade una serie de consideraciones en su voto particular: “Resulta evidente que la Comunidad foral está compuesta por una sociedad plural son sensibilidades muy diferenciadas. La derogación de la ley de Símbolos no supone ahondar en el enfrentamiento dentro de la sociedad navarra, teniendo en cuenta que durante un largo periodo de tiempo se han venido exhibiendo otras banderas o símbolos en edificios públicos, sin que tal circunstancia hubiera supuesto una alarma social ni provocado conflicto alguno”. Por esta razón, añade, “la parte de la ciudadanía que no esté conforme con tal derogación, tiene el deber democrático de soportarlo”. E insiste: “Además, la pretendida afrenta a parte de la población que no comparte la derogación de la ley de Símbolos, y que tiene el deber democrático de soportarlo, se antoja mínima, ya que ello no implica la desaparición de los actuales símbolos de Navarra”. Sotés aporta también su punto de vista personal sobre la conveniencia de la iniciativa del cuatripartito: “Entiendo que existen razones de tipo social, jurídico y de carácter democrático que hacen oportuna y conveniente dicha derogación”.