Solo UPN y PP estarán ausentes en el homenaje a las víctimas de motivación política
Pocas veces un acto de homenaje a víctimas había desatado una tormenta política en Navarra como la que se está produciendo durante estos días a raíz del que se celebrará como “acto de reconocimiento y reparación a las víctimas de motivación política” el día 18 en Pamplona. Organizado por el Gobierno de Barkos, y con la colaboración del Parlamento foral y la Federación Navarra de Municipios y Concejos, en el acto participarán familiares de Mikel Zabalza, Germán Rodríguez o José Miguel Etxeberria, ‘Naparra’.
La celebración del homenaje ha sido autorizada por la Audiencia Nacional después de que la Asociación Dignidad y Justicia y el Sindicato Profesional de Policía solicitasen su prohibición. Ambas entidades han vuelto a solicitar, en este caso a la Audiencia de Navarra y la víspera de la celebración, la prohibición del homenaje. Pero la juez de guardia no ha admitido a trámite su denuncia, por lo que el acto podrá celebrarse con normalidad.
La mayoría de las fuerzas políticas del Parlamento foral estarán presentes el día 18 en el Patio Isabelino de la sede del departamento de Cultura, escenario habitual para las ceremonias de homenaje a las víctimas del terrorismo o para la celebración del Día de la Policía Foral o el Día de Navarra. El Gobierno ha querido dar al acto la solemnidad que se otorga a las grandes ocasiones y por ello envió hace semanas decenas de invitaciones a las principales autoridades de la Comunidad foral. Fueron precisamente los tarjetones de invitación los que desataron la tormenta política. UPN fue el primer partido en denunciar que el Gobierno de la presidenta Barkos intentaba equiparar a las víctimas de ETA con otras víctimas de violencia política o policial. “Este es un Gobierno que ha sido rectificado por las víctimas del terrorismo, porque mintió. Y no puede estar en el todo vale y mezclarlo todo para justificar que la señora Barkos es presidenta gracias al apoyo de Bildu”, denunció.
Más contundente fue la portavoz del PP en Navarra, Ana Beltrán, para quien el homenaje organizado por el Gobierno “humilla” a las víctimas de ETA. El discurso de oposición al acto de reconocimiento coincidió también con los argumentos de la Asociación Dignidad y Justicia. A su juicio, con homenajes como este se intenta “reescribir la historia” y hacer similares a las víctimas de ETA con “las represiones violentas de índole política”, así como equiparar a las víctimas del terrorismo con asesinos que perdieron la vida en enfrentamientos armados con distintos cuerpos policiales.
El Gobierno foral, en cambio, con el apoyo sin fisuras de las cuatro formaciones políticas que lo sustentan, entiende que se trata de un homenaje con el que las instituciones navarras se limitan a cumplir la ley. Para la presidenta Barkos, concretamente, se trata de un homenaje “legal, necesario y oportuno”.
El PSN ha sido la formación política que ha quedado en medio de las dos posturas enfrentadas del Gobierno y la oposición. Los socialistas acudirán al homenaje porque apoyan la reparación a todas las víctimas, pero han anunciado que se marcharán “si el acto se convierte en otra cosa”.
El programa oficial difundido por el Gobierno reza que la Ley foral de Reconocimiento y Reparación de las víctimas por actos de motivación política establece que se organizará un acto con el objetivo “de restablecer la dignidad, la reputación y los derechos de las víctimas y de las personas estrechamente vinculadas a ellas”.
El acto se encuadra, añade el Ejecutivo, dentro de las políticas públicas de memoria y víctimas que está impulsando y que buscan “responder al derecho de todas las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”. Se ha concebido como “un reconocimiento genérico y simbólico a un colectivo que, en algunos casos, décadas después de unos hechos violentos, todavía no han recibido la atención ni el reconocimiento de las instituciones”.
