Laura Pérez lleva a los tribunales a la dirección de Podemos
“Han llegado demasiado lejos y por eso no me queda más remedio que agotar los cauces internos y emprender acciones legales para mi defensa”. De esta manera ha anunciado la exsecretaria general de Podemos en Navarra, Laura Pérez, que demandará a la dirección de su partido por acusarle en falso de haber utilizado el cargo en beneficio personal. Suspendida cautelarmente de militancia, y a la espera de que la Comisión de Garantías Democráticas resuelva el expediente que se le ha abierto, Pérez ha respondido con una negativa a las exigencias del secretario general, Eduardo Santos, para que renuncie a su acta de parlamentaria. Al contrario, ha asegurado Pérez, continuará con su trabajo dentro del grupo parlamentario porque cuenta con “un mandato popular respaldado por 46.000 personas”, ha dicho.
Pérez afirma que la denuncia formulada contra ella por la dirección de Podemos es “rotundamente falsa”. Según la ejecutiva de la formación morada, Pérez pudo usar su cargo de parlamentaria en beneficio propio cuando defendió, el pasado mes de junio, una moción con la que se pedía al Gobierno una prórroga de dos años para que los integrantes de las listas de contratación temporal de Educación pudieran acreditar estar en posesión de la titulación requerida para trabajar.
Pérez, integrante de dichas listas y que había trabajado como profesora con anterioridad a incorporarse al Parlamento, no disponía en aquel momento de la titulación exigida por la normativa. Según ha explicado ella misma, se encontraba estudiando para obtener el título desde el pasado mes de enero. Su exclusión definitiva de las listas se formalizó el 20 de junio, 4 días después de haber defendido la moción con la que pedía una prórroga. Según afirma, “en ningún caso el sentido del voto hubiera modificado su situación personal”.
Sin embargo, de haberse aprobado por parte del Gobierno la prórroga que ella defendía, no hubiera resultado expulsada de las listas. Pérez ha señalado que, tras aprobar la titulación requerida en un año, podía volver a entrar en las listas que se abran en 2018. Y, aún así, teniendo en cuenta que la legislatura (y por lo tanto su puesto como parlamentaria) expira en mayo de 2019, “ni la moratoria ni la exclusión de las listas” le afectaba personalmente.
La cuestión tendrá que dilucidarse en el seno de la Comisión de Garantías de Podemos. Pero Pérez se ha quejado por el hecho de que se haya hecho público el contenido de la denuncia de la ejecutiva del partido, que debería ser confidencial. “Se trata de una filtración tergiversada y deliberada” con el que se le somete a “condena pública” y en la que se le acusa de “corrupción”, se ha quejado Pérez. Por ello ha censurado que “se banalice el término corrupción” y se ponga en marcha “la máquina del fango” en una campaña “de acoso y derribo contra quienes, con lealtad al partido y al cuatripartito, han mantenido posturas críticas y han defendido políticas más rupturistas dentro de Podemos, así como la democracia interna”.
