Ni eran 100.000, ni eran euros: la denunciante “oculta” la verdad para incriminar a De Miguel
Ni eran 100.000 ni eran euros. El abogado de Alfredo de Miguel, ex 'número dos' del PNV de Álava en el banquillo como presunto líder de una trama de cobro de comisiones ilegales, ha acusado a la denunciante de este caso, la abogada y empresaria Ainhoa Alberdi, de “ocultar” la verdad para incriminar al político, al que señaló por haberle reclamado una mordida de 100.000 euros como consecuencia del contrato que su empresa, Urbanorma Consulting, obtuvo en el parque tecnológico de Miñano tras la “recomendación” de quien todos conocen como Txitxo. El pago se canalizaría a través de la mercantil Kataia Consulting, a nombre de la esposa del político, Alfredo de Miguel, y de las mujeres de otros dos exdirigentes 'jeltzales', Aitor Tellería y Koldo Ochandiano. Según la confesión de Josu Arruti, esa firma se constituyó precisamente para camuflar otra comisión, la de 161.000 euros derivada de la operación de Zambrana.
Gonzalo Susaeta, en la segunda jornada de su largo alegato de conclusiones finales en el 'caso De Miguel', ha retomado la doble coartada para un mismo hecho que esgrimió el propio político en su declaración del pasado mes de octubre. A Alberdi se le reclamó un dinero, sí, pero era una “deuda mercantil absolutamente lícita”, un dinero que el exsocio de Alberdi, Jon Iñaki Echaburu, no había pagado a Kataia Consulting por una labor de asesoría de calidad contratada por Construcciones Loizate, no por Urbanorma Consulting. Según Susaeta, Echaburu aseguró a De Miguel que esa deuda había sido subrogada a Alberdi tras la quiebra de Loizate y que ella se haría cargo.
Pero como esos impagos rondaban unos 33.000 euros y no cuadran con la cifra de 100.000 aportada por Alberdi, la defensa del político tiene una segunda versión alternativa. Como en un 'email' De Miguel escribía a Alberdi que “lo nuestro” -presuntamente la mordida, según la Fiscalía- se quedaba en “100”, el letrado ha incidido en que no hay referencias ni a “100.000” ni a “euros”. En este sentido, ha recordado que unas semanas antes de que se produjera la extorsión según la versión de la denunciante, la propia Alberdi, como amiga y letrada ocasional del político, le ayudó a afrontar un impago de un inquilino sudamericano llamado Eric Armando al que De Miguel y Bilbao le tenían arrendado un piso. Ha intentado sembrar la duda razonable -suficiente para evitar una condena dadas las garantías del proceso penal- de que eran en realidad 100.000 pesetas.
No ha mencionado que De Miguel, que en aquel final de 2008 era diputado foral en Álava, almacenaba en su ordenador del despacho oficial documentación sobre Urbanorma Consulting y sobre el contrato de Miñano, a pesar de que aparentemente no guardaba ninguna relación con sus funciones. Susaeta, en cambio, ha incidido en que “el señor De Miguel no interviene ni en el inicio de la negociación ni en la propia negociación” del contrato. “No existe una sola reunión, una sola llamada, ni 'mails', ni SMS”, ha enfatizado el defensor, si bien la propia Alberdi adjuntó a su denuncia un correo electrónico en el que enviaba datos relativos al contrato al gerente de Miñano, el también peneuvista, Alfonso Arriola, y en el que se alude expresamente a la “recomendación” de Txitxo.
Alberdi denunció también que De Miguel, acompañado de Tellería, presionaron igualmente a su padre para que pasara por caja. Susaeta, en cambio, ha querido poner en contradicción las declaraciones de Alberdi padre -que en el juicio reconoció las comidas con ambos dirigentes del PNV y que “casi se desmaya” cuando le hablaron del dinero que estaba en juego- con las de su hija. Según el abogado de Txitxo, el progenitor de la denunciante, militante del partido, en ningún momento reconoció que la deuda fuera una comisión o guardara relación con Miñano.
Se da la circunstancia de que De Miguel había accedido a reconocer que esta denuncia era cierta tras haber negociado con la Fiscalía una rebaja sustancial de la petición de penas. También que cobró comisiones en Zambrana y otras irregularidades. El acuerdo se rompió a última hora y no precisamente por este punto que dio origen al 'caso De Miguel', sino por cuestiones de índole menor.
No hubo coacciones tampoco, según Susaeta, cuando Alberdi se negó a pagar. Ella alude a que fue apartada de un segundo contrato en Miñano, en el que acudía de la mano de Stoa, por orden directa de De Miguel. Incluso que la “venganza” se ha mantenido hasta hoy. “Se nos dice que hizo gestiones. Si hizo gestiones, qué mínimo que nos digan en qué consistieron. ¿Ante quién? ¿Con qué grado? ¿Con qué intensidad?”, se ha preguntado el abogado.
Como ya es habitual, la defensa del político no ha dejado escapar la oportunidad de atacar a la denunciante. Incluso ha lamentado que no se le dejara investigar las cuentas de su nueva empresa, Alberdi & Vicinay, durante la investigación del caso. Tanto el juez instructor, Roberto Ramos, como el actual tribunal, presidido por Jaime Tapia, le denegaron esa petición.
