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Arranca la campaña electoral “sin acuerdo” entre los Gobiernos central y vasco para completar el Estatuto

Urkullu, en el Parlamento Vasco

Iker Rioja Andueza

Ni 37, ni 33, ni 8, ni 4. Esta medianoche arranca la campaña electoral que pondrá fin al mandato de Pedro Sánchez en La Moncloa y, entrando ya en la prórroga de la legislatura, los Gobierno central y vasco “todavía” no han cerrado un acuerdo en las negociaciones abiertas para completar el Estatuto de 1979. Aunque la semana pasada se había anunciado un preacuerdo en cuatro materias (AP-68, seguros escolares, ayudas a jubilados afectados por un ERE y productos farmacéuticos) e incluso se había asegurado que la Comisión Mixta de transferencias se reuniría antes de la campaña para rubricar oficialmente los traspasos competenciales, ambas partes dan “por concluidas” las conversaciones por este jueves -un día “intenso”, según la delegación autonómica- “sin acuerdo, todavía, en las negociaciones técnicas”.

Explican fuentes del Gobierno de Iñigo Urkullu, que ha urgido por carta primero y por “mensaje electrónico” en las últimas horas al propio Pedro Sánchez a dejar zanjado este asunto cuanto antes, que la parte material de las transferencias está “prácticamente acordada a falta de algún fleco menor”. Sin embargo, “la discrepancia se centra en la valoración económica que presenta el Ministerio de Hacienda sobre algunas de las transferencias”. Añaden estas fuentes que “es una discrepancia de fondo que afecta al modelo de relación pactado en el Concierto Económico”.

El sistema de traspasos consiste en que se calcula el coste total del presupuesto estatal de la materia no transferida y se aplica un 6,24%, la cifra mágica que se estima que representa económicamente Euskadi en el conjunto de España. “Este modelo concertado se ha aplicado históricamente, con éxito, en todos los procesos de negociación de transferencias. Es objetivo y se ha demostrado eficaz y justo para ambas partes”, indican desde el Ejecutivo vasco sin dar más detalles de cuál es la alternativa formulada por el Gobierno de Sánchez. Euskadi entiende que “abandonar ahora este modelo supone cuestionar la base objetiva que deberá facilitar la valoración de todas las transferencias pendientes”.

A pesar de las dificultades que han sobrevenido a las conversaciones, el Gobierno de Urkullu, que no se ve “sujeto a circunstancias de coyuntura electoral” se muestra favorable “a continuar negociando”. “Reitera su máximo interés en alcanzar un acuerdo y va a continuar trabajando con ese objetivo porque considera el acuerdo, según el anuncio publicado por el Gobierno español la semana pasada, necesario y posible”, indican desde Vitoria.

El Ejecutivo socialista aceptó en enero un cronograma para traspasar a Euskadi 33 de las 37 transferencias estatutarias pendientes. Quedaron fuera las relacionadas con la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. El resto, 33, se dividieron en tres bloques. El primero se había comprometido para marzo y el resto quedaron en papel mojado por el adelanto electoral decidido en febrero.

La primera tanda era de siete transferencias, a las que luego se sumó la autopista AP-68, unos 70 kilómetros en suelo vasco de la carretera entre Bilbao y Zaragoza, la última de titularidad estatal. De las ocho, las negociaciones se acotaron a cuatro materias. En dos de ellas, seguros escolares y productos farmacéuticos, Euskadi no es ni mucho menos pionera, ya que trece y siete comunidades, respectivamente, han ido recibiendo esos traspasos en los últimos años. Las autopistas, por su parte, ya fueran cedidas en parte al País Vasco en dos tandas, primero la AP8 y a finales de 2018 la AP1.

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