Competencia multa con 250.000 euros al colegio de dentistas de Álava y con 10.000 euros a su presidenta

La Autoridad vasca del Competencia (AVC) ha sancionado al Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Álava con una multa de 250.000 euros y a su presidenta con una sanción de 10.000 euros por una infracción muy grave de la Ley de Defensa de la Competencia.

En un comunicado, la AVC ha explicado que los hechos sancionados tienen su origen en la entrevista publicada el 27 de marzo de 2016 en un medio de comunicación, en la que la presidenta del Colegio valoraba negativamente los servicios prestados por determinadas clínicas dentales sin haber acreditado “mala praxis médica, publicidad engañosa ni riesgo para la salud de los pacientes”. El 12 de abril de 2016 se recibió una denuncia de una clínica dental por considerarse negativamente afectada por dichas declaraciones.

Con anterioridad, el 27 de octubre de 2015, el Consejo Vasco de la Competencia (CVC) había dictado una Resolución en la que se aceptaba terminar sin sanción un expediente incoado al Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Álava por realizar una publicidad en la que sembraba dudas en la población sobre los servicios prestados por determinadas clínicas dentales y dirigía a los pacientes hacia los dentistas “de confianza”.

Según ha afirmado la Autoridad Vasca de la Competencia, para evitar entonces la sanción el Colegio se comprometió a abstenerse de valorar, de forma pública o privada, cualquier forma de comercialización de productos o servicios por parte de los dentistas (salvo reclamaciones judiciales en casos concretos).

Además, ha añadido que se trataba de evitar el menoscabo del prestigio de ciertos modelos empresariales respecto de los que el propio Colegio no hubiese acreditado que existiera mala praxis médica, publicidad engañosa ni riesgo para la salud de los pacientes.

Según la resolución de la AVC, las declaraciones a la prensa de la presidenta del Colegio suponen una valoración negativa de los servicios prestados por algunos profesionales, vinculando “mala praxis con un determinado tipo de organización empresarial”.

A su juicio, sus declaraciones, como profesional que preside el Colegio de Odontólogos, crean en los pacientes una conciencia de que determinados modelos comerciales, perfectamente legales, “no resultan adecuados para la prestación de los servicios de odontología”.

Además introducen “incertidumbre” sobre la capacidad de determinados profesionales que han superado los requisitos establecidos por la Ley para actuar como odontólogos.