La doble partida del PNV: negociación sin ruptura con Sánchez y reforma soberanista con EH Bildu
A falta de solamente dos reuniones -este martes y este viernes-, la ponencia de autogobierno creada hace un lustro en el Parlamento Vasco -pero que realmente ha completado esta fase decisiva en pocas semanas, desde el 2 de mayo- está a punto de alumbrar una propuesta de reforma del Estatuto de 1979, el único de todas las comunidades autónomas que no ha sido reformado tras el fallido intento de 2004 con el conocido como 'plan Ibarretxe'. Frente al discurso de transversalidad y moderación abanderado por el lehendakari, Iñigo Urkullu, que preside un Gobierno de PNV y PSE-EE y que llevó esta semana a La Moncloa un mensaje de “no ruptura” en su primer encuentro con Pedro Sánchez, las formaciones no nacionalistas, Elkarrekin Podemos, PP y hasta los socios socialistas, han denunciado que su partido, capitaneado en el Parlamento por Joseba Egibar, está fraguando con la sola compañía de EH Bildu una propuesta de reforma netamente soberanista.
PNV y EH Bildu, con 45 de 75 parlamentarios, tienen mayoría suficiente para impulsar la reforma, pero quedaría lejos del consenso que suscitó hace cuatro décadas el Estatuto de Gernika, con un 90% de apoyo ciudadano en referéndum y el impulso político de PNV, PSOE, UCD, PCE, EE y otras formaciones minoritarias frente a los extremos representados por AP y HB. Desde que se inició el debate sobre los contenidos del preámbulo -una declaración de intenciones que no tiene el Estatuto vigente- la posibilidad de que las formaciones nacionalistas sumaran más apoyos se desvaneció. PSE-EE y PP apreciaron en los documentos de partida presentados por PNV y EH Bildu la sombra del 'plan Ibarretxe' y Elkarrekin Podemos, que exprimió algo más las conversaciones, se desmarcó de ellas al entender que la clave soberanista se imponía sobre otras, como la social.
Ese preámbulo -que el PNV aprobó el mismo día que dio luz verde a los presupuestos de Mariano Rajoy en el Congreso de los Diputados- recogía el reconocimiento del “pueblo vasco” como “nación”, el derecho a decidir –“el respeto a la legalidad no debe provocar la vulneración del principio democrático”- y una relación “de igual a igual” y de “no subordinación” con España, que define como “confederal”. El único pero que puso EH Bildu fue la mención crítica al terrorismo de ETA que quiso introducir el PNV. Una semana después, la misma mayoría dio luz verde a un borrador de un título preliminar que, como gran novedad, aludía a la posibilidad de crear la “nacionalidad” vasca.
Semanalmente, los portavoces Joseba Egibar (PNV) y Maddalen Iriarte (EH Bildu) han ido trabando nuevos acuerdos. Esta semana han acordado la creación de un poder judicial propio con un papel limitado para el Tribunal Supremo español -pese a las reticencias de la izquierda abertzale- y la reivindicación de competencias plenas en materia fiscal, económica, laboral y de Seguridad Social. En este último caso se reclama un sistema autónomo, similar al del Concierto Económico, y que limitaría su contribución al resto de España al abono de un Cupo de solidaridad. Es más de lo que el Gobierno de Urkullu dice querer negociar con Sánchez según la previsión estatutaria nunca cumplida de 1979, en la que se reconoce a la comunidad autónoma la potestad de gestionar el “régimen económico” de la Seguridad Social pero sin romper la unidad de la caja común.
A falta de lo relativo a derechos y deberes, relaciones internacionales y disposiciones adicionales, el grueso del nuevo estatus está definido. Una vez finalizada esta fase, los cinco partidos designarán a dos expertos cada uno para que redacten el articulado definitivo con las bases aprobadas en la Cámara y con los votos particulares de las formaciones que no han participado en los acuerdos. Se dará la paradoja de que habrá seis juristas propuestos por quienes no respaldan la reforma. Serán nombrados en septiembre y cuando reciban el encargo dispondrán de un plazo de ocho meses para entregar el trabajo. Beberán también de las distintas iniciativas de participación ciudadana activadas para implicar a la sociedad civil en este proceso.
El proceso ha testado la fortaleza del acuerdo de Gobierno en Euskadi entre PNV y PSE-EE. La libertad de movimientos en materia de autogobierno era una discrepancia pactada en el pacto de 2016, pero la distancia en la ponencia es cada vez mayor. Contrasta con que, mientras, el Ejecutivo de coalición esté trabajando de la mano para acordar con el nuevo equipo de Sánchez el desarrollo pleno del marco estatutario de 1979. Un informe enumera 37 competencias aún no cedidas y todos los consejeros reclaman su transferencia. En los últimos días, mientras Urkullu departía con Sánchez y el consejero de Autogobierno, Josu Erkoreka, lo hacía con la ministra Meritxell Batet, la socialista María Jesús San José mantenía encuentros más discretos con las ministras de Justicia y Trabajo para abordar esta cuestión.
En cuanto al PP, su rechazo a cualquier reforma en Euskadi es frontal. El momento de mayor tensión se produjo cuando su portavoz parlamentario, Borja Sémper, levantó la voz y acusó al PNV de haber seguido la “hoja de ruta marcada por ETA”. ETA se disolvió a principios de mayo, coincidiendo con el inicio de los acuerdos entre los nacionalistas y EH Bildu en torno al derecho a decidir y la nacionalidad vasca. “Hace una semana, ETA anunció su disolución con un comunicado que marcaba una hoja de ruta. Hoy PNV y EH Bildu responden con esa acumulación de fuerzas que reclamaba la banda terrorista”, manifestó Sémper el 9 de mayo.
Finalmente, el portavoz de Elkarrekin Podemos, Lander Martínez, ha repetido en distintos foros y entrevistas que PNV y EH Bildu han puesto sobre la mesa “unos documentos con un corte identitario muy alto”. La coalición de Podemos, IU y Equo intentó sin éxito separar el derecho a decidir de la reforma estatutaria para que el debate soberanista no se llevara por delante posibles mejoras sociales.
En este escenario, fuentes del Gobierno de Urkullu insisten en separar el plano institucional del parlamentario. El Ejecutivo, insisten, está comprometido con la creación de los grupos de trabajo bilaterales Estado-comunidad autónoma acordados con Sánchez y, de hecho, así lo refrendaron en una reunión de esta semana Urkullu y los líderes de PNV y PSE-EE, Andoni Ortuzar e Idoia Mendia. La “prioridad” es una transferencia de Prisiones -como la de Cataluña- y trabajar para explorar la de la Seguridad Social -en los términos del Estatuto- Mientras, se irán cerrando acuerdos menores en materia de ferrocarriles o transportes.
