Urkullu ensalza el papel de las víctimas en el final de ETA y apunta hacia la convivencia como siguiente meta

En una comparecencia conjunta cargada de simbolismo y dotada de la máxima solemnidad, los presidentes de las comunidades autónomas de Euskadi y de Navarra, Iñigo Urkullu y Uxue Barkos, han leído este viernes por la tarde en Bertiz, al norte de Navarra, sendas declaraciones institucionales con motivo del final de la banda terrorista ETA, en las que han denunciado la falta de ética en el adiós de la organización. Los dos mandatarios nacionalistas vascos han acordado también una ‘hoja de ruta’ de “propuestas y compromisos” en esta nueva fase que incluye como primer punto trabajar por una “reflexión crítica” que sea “explícita” en la denuncia de la violencia de ETA y que sea asumida por “todas las fuerzas políticas”. También se plantea la necesidad de cambios acordados con el Estado en política penitenciaria para superar situaciones de excepcionalidad.

Tras decidir conjuntamente no participar en la escenificación del final de ETA que mediadores internacionales han organizado este mismo viernes en el País Vasco francés por entender que no iba a incorporar un mensaje “ético” contra la violencia, Urkullu y Barkos han coordinado por primera vez en su historia no sólo una respuesta a la “declaración final” de la organización, sino también los pasos para la gestión de la nueva etapa abierta, singularmente en materia de víctimas y de presos, según recoge el documento común de los Gobiernos vascos y navarro. Ya el pasado año, los dos presidentes conocieron de primera mano los movimientos en torno al desarme de ETA. En aquella ocasión, también participó el presidente de la nueva institución común creada en el País Vasco francés. No ha sido así en esta ocasión, ya que Jean-René Etchegaray se ha alineado con las tesis de la declaración de Arnaga aprobada en Cambo.

El papel de EH Bildu en Navarra

Se da la circunstancia de que ambos mandatarios dirigen gabinetes de coalición. En Vitoria, el PNV cogobierna con el PSE-EE y fuentes de la Presidencia vasca confirman que este partido era conocedor del contenido del acto. En Pamplona, la coalición en la que se integran los ‘jeltzales’, Geroa Bai, lidera un cuatripartito con EH Bildu, Podemos e IU. Fuentes gubernamentales matizan que la de este viernes, en el caso navarro, es una declaración “presidencial” y que la postura “colegiada” del Ejecutivo foral fue la expuesta el jueves por la portavoz, María Solana. No obstante, estas mismas fuentes apuntan a que todas las fuerzas que soportan el Ejecutivo han contado con información puntual de los acuerdos con el Gobierno vasco, por lo tanto también la coalición abertzale.

Urkullu y Barkos, acompañados por sus secretarios de Derechos Humanos Jonan Fernández y Álvaro Baraibar, han compartido una frugal comida en Bertiz en la que han perfilado el contenido del acuerdo de colaboración y la doble declaración institucional. La lectura de ese mensaje se ha producido a las 16.30 horas en una abarrotada sala del palacio señorial. Primero ha hablado la anfitriona y luego Urkullu. Ambos, vestidos de oscuro, han coincidido en intervenir primero en euskara y en cerrar el discurso en castellano. No se han admitido preguntas de los periodistas.

La presidenta Barkos ha afirmado que la declaración de ETA cierra una etapa “oscura”. “La acción terrorista de ETA ha causado un dolor y una pérdida irreparables”, ha proclamado para remarcar que la sociedad no ha de caer “en la injusticia del olvido o la desmemoria”. En ese sentido, ha criticado que “lamentablemente” la organización terrorista “no ha proyectado una mirada ética y crítica” de su “acción”.

En la misma línea, Urkullu ha destacado el “alivio” y “alegría” del final de ETA, un logro del que ha pedido hacer “sujetos” y “partícipes” a las más de 800 personas asesinadas y al resto de víctimas. “Estamos ante un hecho histórico netamente positivo”, ha valorado, si bien ha criticado que los terroristas “no hayan sido capaces de expresar una palabra de rectificación dirigida a todas las víctimas”.

El presidente vasco ha explicado también el porqué de una ‘hoja de ruta’ compartida de cara al futuro. “Hemos tenido un proyecto, la paz. Ahora tenemos una meta por la que seguir trabajando: la convivencia […]. El compromiso ético continúa. Hoy ha terminado algo muy importante [pero] el camino prosigue”, ha remarcado Urkullu.

Acercamiento de presos

El documento común de “propuestas y compromisos tras el anuncio de la definitiva desaparición de ETA”, de apenas cuatro folios, arranca con la constatación de que “se dan las condiciones para acordar los pasos que consoliden una nueva etapa de convivencia”. Las propuestas se desdoblan en dos “marcos temporales”, algunas de ellas se prevén “a corto plazo” y otras tienen “proyección a medio plazo”.

Entre las medidas que se consideran urgentes, la primera de ellas plantea una “reflexión crítica global sobre el pasado” que incluya “explícitamente” la violencia de ETA y que sea asumida “por todas las fuerzas políticas”, en velada referencia a la izquierda abertzale, que soporta el Gobierno de Navarra. La segunda exige un “consenso” para la “adaptación de la política penitenciaria al nuevo consenso”. Barkos ha aludido en su declaración a la “superación de la excepcionalidad” en materia de presos, detalle que no ha mencionado el lehendakari Urkullu.

En detalle, ambos Gobiernos autonómicos plantean crear con el Gobierno central un “grupo de trabajo” para plantear cambios en política penitenciaria desde la base de “principios de individualización” (y no medidas colectivas), el “reconocimiento del daño causado” y la “reinserción”. Entre las medidas reclamadas se halla el “acercamiento de los presos a cárceles próximas a sus lugares de residencia” en la línea del plan activado en Francia. No se menciona, pero el Gobierno vasco propone un máximo de alejamiento de 250 kilómetros. Se alude también a atenuar las condenas a enfermos, presos con menores a su cargo y septuagenarios.

Entre las medidas a largo plazo se alude al impulso de “políticas públicas” de justicia, memoria, educación y “reconocimiento legal de los derechos de las víctimas de vulneraciones de derechos humanos de motivación política”.