Las conclusiones preliminares de la investigación del cártel de los comedores apuntan a un sobrecoste de 70 millones de euros
La presidenta de la comisión de investigación celebrada en 2018 en el Parlamento Vasco en torno al cártel empresarial que conformaron el grupo Auzolan de MCC –que opera con las marcas Auzo Lagun, Magui y Goñi-, Eurest -que tuvo dos denominaciones-, Tamar, Gastronomía Baska y Gastronomía Cantábrica para repartirse la contrata de comedores escolares de Euskadi y maximizar sus beneficios ha entregado ya a todos los comisionados un borrador de conclusiones después de que los trabajos se acabaran el pasado mes de diciembre. En el apartado de “hechos probados” del documento redactado por Larraitz Ugarte (EH Bildu), al que ha tenido acceso eldiarionorte.es, se alude a que estas irregularidades, destapadas en su día por la Autoridad Vasca de la Competencia bajo la presidencia de Pilar Canedo, han supuesto “un sobrecoste mínimo de 7 millones de euros anuales” y que “ha quedado acreditado” que ello “se ha repetido a lo largo de diez años”.
Según este dictamen preliminar, tras escuchar a Competencia, a responsables de Educación y a las empresas, “queda acreditada la práctica concertada de reparto del mercado de la prestación de los servicios escolares”. “Se trata de un caso grave de 'bid rigging'”, incide Ugarte, que subraya que “los precios por los que se ofrecían los menús [en la escuela pública] eran más caros de lo que habrían sido de no haberse producido esta concertación”. La presidenta sostiene que el daño económico afecta de manera directa “a las familias usuarias vía cuota de comedor” y, de manera indirecta, “a toda la ciudadanía” al haberse incrementado el presupuesto de la mayor contrata de Educación. El modelo de comedores, ideado en 2000 por un consejero de EA, Inaxio Oliveri, se financiaba en un 65% con cargo a la Administración y en un 35% mediante el pago de los usuarios.
Competencia impuso una sanción histórica de 18 millones a las empresas contratistas del servicio de comedores por haberse repartido el mercado. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ratificó la existencia de graves irregularidades en respuesta a cada uno de los recursos de las compañías afectadas, pero redujo la multa en un 40% al entender que la responsabilidad empresarial es menor si “año tras año” y “sin reserva alguna” los contratos tenían el visto bueno de “la Administración convocante”.
Culpa 'in vigilando' de la Administración
Ugarte estima que en la comisión de investigación “no se ha podido acreditar que se haya producido ningún tipo de colaboración o connivencia entre las empresas sancionadas y los responsables técnicos o políticos del Gobierno vasco”, si bien sí estaría acreditada la “inacción de la Administración”. Habría una “culpa 'in vigilando'” por un fraude que se prolongó “nada menos que diez años”. “¿Cómo es posible que una Administración no actúe y sancione a unas empresas que la han engañado?”, se pregunta la presidenta de la comisión de investigación.
Así las cosas, como “conclusión final”, Ugarte plantea que “se debe hablar de responsabilidades a nivel técnico, político y económico. En el plano de la Administración, ”la falta de control y seguimiento“ por parte de los funcionarios ”es notoria“ y resulta ”incomprensible que se haga un fraude de esta magnitud si existen y funcionan los mecanismos de control“. A nivel político, la presidenta sitúa el foco en la Viceconsejería de Administración y Servicios de Educación, responsables directos de la ”gestión y desarrollo del modelo de comedores de gestión directa“. Desde 2000 hasta 2009 Educación tuvo consejeros de EA, desde 2009 hasta 2012 gobernó el PSE-EE -fue responsable la actual ministra, Isabel Celaá- y desde entonces dirige esa cartera la 'jeltzale' Cristina Uriarte.
Este documento, de diez folios y datado a 19 de marzo, ha sido enviado ya al resto de partidos políticos representados en la comisión. El texto está abierto a aportaciones y hay prevista una reunión del grupo de trabajo para el 10 de abril, justo antes del parón por la campaña electoral. Tras su análisis en comisión, el dictamen tendrá que ser refrendado también en el pleno del Parlamento. La comisión de investigación, la única de la legislatura y que ha pasado de puntillas por la agenda parlamentaria, fue impulsada por la oposición -EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PP- contra el criterio del Gobierno, si bien a última hora PNV y PSE-EE no se opusieron. Desde que inició sus trabajos en abril de 2018 y hasta diciembre ha celebrado nueve sesiones, en las que han pasado 31 comparecientes y se ha analizado abundante documentación
