La criminalidad cae un 65% en Euskadi... por un cambio estadístico

Año 2015, los juzgados vascos incoaron 105.232 causas. Año 2016, la cifra es de 36.881. A efectos estadísticos, efectivamente, la criminalidad ha bajado drásticamente, tanto como un 65%. ¿Cómo es eso posible cuando los delitos contra la libertad sexual, por ejemplo, crecieron un 4% en la comunidad autónoma en ese mismo período? Esta gran distorsión responde a un cambio normativo que modifica de raíz el cálculo de los delitos. Excepto en los asuntos más graves, como los delitos contra la libertad sexual o la corrupción, en el resto de ocasiones los distintos cuerpos de Policía ya no remiten al juzgado los casos en los que no haya “autor conocido” aunque sí se haya constatado que el ilícito se haya producido.

Estos datos constan en la memoria de la Fiscalía del País Vasco de 2017, que recoge la actividad del ministerio público y los casos más importantes en los que ha trabajado a lo largo de 2016. El documento, de 176 páginas y al que ha tenido acceso eldiarionorte.es, será presentado en la apertura del año judicial vasco, cuya fecha se concretará este viernes después de que en el Estado ese acto protocolario ya haya tenido lugar este martes. Ésta es la primera memoria firmada por Carmen Adán, quien tomó posesión hace unos meses del cargo de fiscal superior en sustitución de Juan Calparsoro y, entre otras cuestiones, alude también a los pocos casos de corrupción que acaban en juicio y a los delitos de odio.

La fiscal Adán sostiene, evidentemente, que ese brusco descenso en las causas no se corresponde con la realidad, aunque es cierto que la tendencia era descendente en los últimos años. De hecho, se aportan otros indicadores que sí permiten comparar el trabajo de la Justicia en 2016 en relación con 2015. En 2016, por ejemplo, la Fiscalía emitió escritos de acusación en 10.342 ocasiones frente a 9.647 del ejercicio anterior. El Ministerio del Interior, asimismo, informó en febrero de que los delitos habían caído un 3% de un año a otro en la comunidad autónoma, un parámetro más normal.

Uno de los focos de preocupación que se recogen en la extensa memoria son los delitos contra la libertad sexual, 509 casos. En Álava se cita que cuando las víctimas de abusos son menores, niños muy pequeños, y cuando los agresores son de su “entorno”, resulta “extremadamente difícil obtener declaraciones” que permitan lograr una condena. También se marca como una prioridad combatir este tipo de casos de violencia sexual a través de Internet. 

Igualmente en lo relativo a violencia de género ha habido más casos que en el año anterior. Es así en Bizkaia, por ejemplo, como muestra el incremento de órdenes de protección a las mujeres víctimas. La memoria recoge abundantes datos estadísticos que muestran el alcance de este fenómeno y algún punto negro, como el “escaso” uso de medios electrónicos de control de maltratadores en Álava por los “condicionamientos geográficos” del territorio. En 2016 sólo consta que se emplearan en una ocasión en esta provincia.

Preocupación por la ciberdelincuencia

Año a año, el apartado de delitos informáticos adquiere mayor protagonismo en la memoria anual de la Fiscalía. Y no sólo se trata de estafas económicas, piratería o intercambio de ficheros pornográficos, hay también casos de tráfico de armas, falsificación de moneda en la 'deep web' y otros episodios de gravedad. El fiscal de Gipuzkoa Jorge Bermúdez, uno de los mayores especialistas en la materia en España, alerta de la “práctica desaparición” de algunos delitos 'clásicos', como el 'phising' el intercambio de archivos ilícitos vía eMule. No es que no se produzcan esos casos, sino que las técnicas se han sofisticado, como ocurre con estafas que acaban en servidores de China y en las que los investigadores se golpean con un muro para localizar a los responsables.

¿Y los 'secuestros' informáticos para solicitar un rescate? Aunque el reciente ciberataque mundial puso al conjunto de la opinión pública en alerta, este fenómeno es más corriente de lo que parece. Bermúdez cita un ejemplo “negativo” de cómo la Justicia aún no se ha acomodado a estas nuevas realidades criminológicas. Alude a que “una gran empresa” sufrió un ataque que inutilizó su tienda 'online' durante cuatro horas, lo que le generó un quebranto económico de 750.000 euros. Los informáticos de la compañía elaboraron un “prolijo” informe de lo ocurrido, pero el juzgado ha archivado el caso sin ni siquiera investigarlo, según denuncia el propio fiscal. La Fiscalía de Álava también alude a cierta sensación de “impunidad” en esta materia. 

Finalmente, la Fiscalía alerta del problema del 'sexting', del intercambio de archivos con contenido sexual por Internet, principalmente por aplicaciones de mensajería instantánea. El problema surge cuando los protagonistas son adolescentes y cuando las imágenes y vídeos “salen del reducido círculo que planeaba su autor y terminan siendo consumidas por grupos bastante más amplios” pero dentro del entorno social del afectado, “lo que incrementa el daño producido”. 

EE.UU. destapa otros dos casos de pornografía infantil

Un año más, la Fiscalía vasca muestra que Estados Unidos colabora activamente con la Justicia española en la persecución de delitos de pornografía infantil. En 2016 hubo dos casos abiertos en Gipuzkoa gracias a los datos facilitados por Estados Unidos fruto de la información que le facilitan Microsoft, Google, Facebook o Dropbox, que realizan rastreos informáticos automatizados de los millones de archivos que manejan. El procedimiento es conocido como PhotoDNA

Bermúdez explicó el pasado año en una entrevista con este periódico que estos rastreos informáticos no pueden ser interpretados como una intromisión ilegítima en la privacidad de los ciudadanos, como ocurrió con los pinchazos telefónicos masivos de la NSA en Europa. Explica que el ‘software’ de detección PhotoDNA es un sistema perfectamente legítimo para combatir una lacra que afecta cada año a decenas de menores. Existen informes periciales que defienden el uso de esta herramienta y abundante información oficial en Internet. Lo compara con los rayos X de un aeropuerto, que analizan el interior de una maleta sin entrar a revisarla en sentido estricto.

Las compañías informáticas trasladan estas informaciones a una ONG estadounidense llamada Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Víctimas de Explotación Sexual (NCEMEC, por sus siglas en inglés), que es quien eleva una denuncia al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. En el caso de que la IP (localizador de un ordenador) sea extranjera, son los enlaces de Seguridad Nacional de cada una de las embajadas los que derivan el caso. En España, es la Policía Nacional la que centraliza las denuncias antes de elevarlas a cada uno de los juzgados en función del domicilio de los sospechosos, como ha ocurrido con los dos casos llegados a Gipuzkoa.