¿Una cuestión de memoria o algo más?

La reacción de las derechas a la Ley de la Memoria Democrática que, previsiblemente, será aprobada este jueves en el Congreso de los Diputados, ha sido furibunda y mendaz. La ira se ha centrado, públicamente, en alguno de los apoyos recibidos, concretamente en el voto favorable de Bildu. La palma de la mendacidad y de lo que podría calificarse de “petardismo intelectual”, que tanto abunda, se lo ha llevado el expresidente Aznar, cuando declaró en TV que era una “ley hecha por Bildu”, herederos de los terroristas de ETA. El expresidente González fue más prudente, pues reconoció que no la había leído, aunque la música no le sonaba bien, lo que indicaría que tocaba de oídas, algo que también abunda en estos tiempos. En todo caso, no sé de dónde se ha sacado el señor Aznar esa soberana patraña, quizá porque tampoco se la ha leído o, porque conociendo su contenido, no está de acuerdo con él, lo que sería más grave. La realidad es que entre el proyecto de ley presentado por el Gobierno y el votado, el otro día, en la comisión Constitucional, que pasa al Pleno, no hay diferencias significativas que pudieran traer causa de las apetencias de Bildu. Los únicos cambios observados se refieren, esencialmente, a enmiendas introducidas por los propios partidos del gobierno (PSOE y UP). Se refieren a una comisión técnica de estudio de las posibles violaciones de derechos contra las personas cometidas entre 1978 y 1983 y que, ex. artículo 10.3 de la Constitución, todas las leyes -también la de amnistía- se interpretarán y aplicarán de conformidad con el derecho internacional, lo que es una obviedad o, por lo menos, debería serlo.

De otra parte, si la coalición Bildu vota a favor de esta ley -como de otras- es porque se trata de un grupo con representación parlamentaria, al que vota una parte considerable de la ciudadanía vasca, rechaza estatutariamente la violencia y no todos sus componentes son “herederos de ETA”, cosa que se oculta sistemáticamente. No parece que Eusko Alkartasuna -fundado por el ex lendakari Garaicoechea-, Alternatiba o Aralar apoyaran el terrorismo, sino más bien todo lo contrario. Sería necesario, sin duda, que Sortu y Bildu en su conjunto condenaran sin paliativos los crímenes de ETA, como también lo sería que el PP y, no digamos Vox, condenaran todos los asesinatos y violaciones de derechos humanos perpetrados por la dictadura. No lo han hecho y no por eso se deja de gobernar con ellos, como ocurre ya en Castilla y León. La memoria democrática no puede ser selectiva. Lo mismo que se reivindica, con razón, que no se eche al olvido los crímenes del terrorismo etarra -ahora que se cumplen 25 años del vil asesinato de Miguel Àngel Blanco- y se cuente toda la verdad de lo que sucedió en ese terrible periodo, es legítimo defender que se condenen los crímenes de una dictadura que duró tantos años y se conozca la realidad de ese régimen liberticida. Yo comparto todo lo que se haga en reconocimiento a las víctimas de ETA, menos utilizarlo con fines partidistas y sectarios. Pero con igual determinación creo que la sociedad española tiene derecho a conocer los horrores que sucedieron durante la dictadura y a honrar a los que pagaron un alto precio por luchar en favor de la libertad y la democracia. Señores de las derechas, en España no solo hay víctimas de ETA. Hay también miles de personas que padecieron todo tipo de violaciones -asesinatos, encarcelamientos, torturas, incautaciones, despidos- durante el franquismo a los que nadie ha reconocido adecuadamente.  Un solo ejemplo simbólico. En la Puerta del Sol de Madrid, en el edificio donde estaba ubicado el Ministerio de la Gobernación -hoy Comunidad de Madrid- funcionaba la siniestra Brigada Político-Social (BPS). En ella había unos calabozos, auténticas mazmorras, por las que pasaron miles de resistentes frente a la dictadura, muchos de los cuales fueron torturados. No hay ni una sola placa o signo que lo recuerde. 

Un pequeño detalle sobre el funcionamiento de la democracia es que las leyes se aprueban si alcanzan mayoría en el Parlamento, de lo contrario se quedan en el cajón de los recuerdos o en la papelera. Si el PP, Vox y Ciudadanos están en contra de la memoria democrática, la muy de “izquierda y republicana” Esquerra se abstiene, al igual que Junts per Catalunya, se necesitan todos los demás apoyos o no hay ley. Afirmar que la ley sale adelante gracias a que “se ha hecho con Bildu” es una falsedad como la copa de un pino. La ley se aprobará, en su caso, porque la han elaborado y presentado los partidos del Gobierno y la votarán una serie de grupos parlamentarios que han sido tan necesarios como Bildu para conformar la mayoría necesaria. A nadie se le ha ocurrido decir que la ley se ha hecho gracias al PNV o Más Madrid, etc., porque se actúa de mala fe, con la única finalidad de engañar al personal.

Lo anómalo, lo irregular, extraño, desviado, inaudito y estrafalario es que un partido democrático como el PP o “liberal” como Ciudadanos no apoyen una ley de memoria democrática, y no que Bildu la asuma en el ejercicio de votar lo que le pete. Lo que hay que preguntarse es por qué a las derechas españolas actuales les cuesta tanto condenar los crímenes de la dictadura y sus consecuencias. Por qué no han adoptado la posición de las derechas europeas, que han rechazado sin paliativos a los regímenes fascistas y sus adherencias. ¿Será posible que un día en España un presidente del PP ordene leer en todas las escuelas del país la carta a su madre que escribió un joven comunista antes de ser fusilado?, como dispuso hace años el presidente de la República francesa, Sarkozy. ¿Qué razones hay para negarse a valorar y ensalzar la lucha por la libertad, cuando hubo personas de muy diferentes ideologías que participaron en ese empeño? ¿Qué motivos se pueden alegar para oponerse al carácter ilegal y radicalmente nulo de las condenas dictadas en la dictadura por motivos políticos? ¿Qué argumentos se pueden aducir para no querer que el Estado asuma la búsqueda de las personas asesinadas que yacen en cunetas o campos perdidos? ¿O que se investiguen las violaciones de los derechos humanos cometidos en la guerra y la dictadura? ¿Cómo puede un demócrata rechazar el que se eliminen símbolos que exalten el franquismo? En el mismo sentido, ¿qué mentalidad puede no desear que la memoria democrática de España, fundamento de la cultura de un país libre, de su propia autoestima, penetre en las escuelas y los medios de comunicación? La desmemoria de este país ha sido nefasta, porque la imprescindible reconciliación nacional no se puede sustentar en el olvido. Es mentira que en la transición hubo un pacto por el olvido, pues habría sido tanto como un acuerdo contra la democracia. Esa es una versión interesada de los que no han tenido el coraje de reconocer lo que sucedió. La verdad, es que no hay nada en el contenido de la ley de memoria democrática que no pueda apoyar un demócrata.  

Por estas razones sostengo que cuando algunos partidos se oponen a que la democracia de la memoria se abra camino en España, no están solo pretendiendo hurtar a la sociedad el conocimiento del pasado, sumergiendo al país en un somnífero olvido. Lo más grave es que una democracia no puede basarse en la desmemoria sin dañar los propios fundamentos éticos, identitarios y culturales de su propia existencia colectiva. Diferentes países de Europa Occidental, en distintos momentos de su Historia, han comprendido esta cuestión y han arreglado las cuentas con su pasado tenebroso. En Alemania, cuando en 1984 un presidente federal, Richard von Weizsäker, de la Democracia Cristiana, en el aniversario de la terminación de la II ª Guerra Mundial, afirmó que “el final de la guerra no fue una derrota sino una liberación”. En el caso de Francia, el presidente Jacques Chirac, “gaulista”, reconoció por primera vez la responsabilidad de Francia en la deportación y exterminio de judíos durante aquella misma guerra. España, por el contrario, es la única excepción. La derecha se ha movido siempre en la ambigüedad. Cuando se funda la Alianza Popular de Fraga, antecedente del PP actual, se reivindica la memoria del dictador y, después de negarse múltiples veces a condenar la dictadura, no es hasta el año 2002 que acepta una resolución de rechazo al golpe de Estado de 1936. En consecuencia, no se entiende su actual postura de visceral oposición a la presente ley, porque si se condena el golpe del 36, lo lógico y coherente sería apoyar las medidas que se desprenden de ese rechazo, que es lo que la ley hace. El problema es que nuestra derecha actual nunca ha condenado los crímenes y las múltiples violaciones de los derechos humanos perpetrados por la dictadura. Sería de desear que lo hiciera, una vez por todas, y asumiera la herencia democrática de España, que debe asentarse en la negación y repulsa más neta de ese pasado dictatorial. De lo contrario, no estaríamos ante un problema de memoria sino de democracia, pues esta debe basarse en la reconciliación, pero no en el olvido, pues no sé cuántas veces habrá de recordarse que no es lo mismo amnistía que amnesia, ni reconciliación y olvido.