Siete jueces con acelerador y marcha atrás
“Al leer aquellos dos primeros actos de Cuatro corazones con freno y marcha atrás, construidos para los teatros de Broadway, comprendí que le resultarían excesivamente largos al nervioso e impaciente público de España; y su acción, demasiado diluida. Los corté y comprimí”.
Enrique Jardiel Poncela
En estos tiempos todo se altera. Leo informaciones en periódicos, de los que aún encajan, con matices, en el criterio de serios –los otros los abandoné por prescripción ética hace mucho–, que explican como el tribunal del juicio del procés se ha visto obligado a trasladar la declaración testifical de Rajoy y otros políticos al miércoles porque no ha dado tiempo a que declaren Cuixart y Forcadell. Me parece tremendo que en una frase se trastoque todo el relato y se le sustraiga al lector el análisis de la realidad, como si la realidad no tuviese consecuencias que pudieran ser del interés de la ciudadanía o como si el periodista pudiera obviar la misma.
Yo siempre supongo que a mi amable lector sí le interesa lo que de verdad sucede y la interpretación que puede hacerse de ello. Lo cierto es que el tribunal se ha corregido a sí mismo y luego se ha enmendado la plana a la vez. Todo sin aparente intervención de nadie. Piensen si es posible. Mientras las fuentes de su entorno y de su interior han manifestado de forma privada que las elecciones no les moverían el calendario, les hemos visto después acelerar y luego dar marcha atrás sin solución de continuidad. Si un proceso no fuera per se un drama, y más este, podría parecer un eco lejano de una comedia de Jardier Poncela. No nos vayamos a dramaturgo tan lejano. Como dice un admirado presentador y cómico actual, vamos a contarles la verdad. Luego ustedes, saquen sus consecuencias.
El calendario inicial del Tribunal Supremo no había previsto la fecha de inicio de la fase testifical. No había citaciones. El tribunal había establecido un plan de ordenación de las sesiones genérico, que pretendía el señalamiento de tres días a las semana a razón de seis horas diarias –martes, miércoles y jueves de diez a dos y de cuatro a seis– que preveía extenderse como mucho hasta principios de mayo, para no mezclar las sesiones con el inicio de la campaña de las previstas municipales y autonómicas, con todo el fair play debido a la doctrina Ruiz Vadillo. Contaban así con cerca de 250 horas de vista oral. Es el presidente del Gobierno el que sorprende el viernes pasado anunciando el adelanto electoral, y la reacción inicial del Tribunal Supremo –según mis diversas fuentes– es la de no mover en nada ese calendario dado que se trata de un juicio con presos preventivos que no puede verse paralizado o suspendido por decisiones políticas. Parecía una opinión común y pacífica en el tribunal y en la Fiscalía y así se lo conté el domingo pasado. Ni siquiera especulé con la sorpresa desagradable que para algún operador jurídico implicado supuso esa convocatoria inesperada, porque eso ya sí son cotilleos.
El juicio comenzó el martes pasado, sin embargo, con varias sorpresas. Una fue la diligencia de ordenación que citaba a testigos de la acusación popular y de las defensas para este mismo martes 26. Novedad mayúscula. No sólo porque suponía asumir que en los tres días se iban a terminar los interrogatorios de todos los acusados, lo que era imposible a todas luces, sino porque alteraba las normas establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal que colocan en primer término las testificales propuestas por la Fiscalía y otras acusaciones y en último término las pedidas por la defensa. Pues bien, el mismo martes pasado se citaba formalmente a Rajoy y a Soraya Sáenz de Santamaría, entre otros, para ser interrogados el martes que viene como testigos, comenzando por el abogado de Vox que les ha reclamado. Los testigos de la Fiscalía pasaban a la cola. Para llegar a eso había previamente que concluir con la declaración de los acusados.
La consecuencia directa fue que se intentó imprimir un ritmo de vértigo al juicio. La sesión del miércoles fue maratoniana y se extendió mucho más allá del horario previsto inicialmente. Esa parecía la nueva tónica, pero el acelerón tuvo que ser frenado de nuevo después de que las defensas protestaran por las largas sesiones que, unidas a los horarios de las prisiones y a la intensidad de los interrogatorios, podían mermar el estado de atención necesaria de sus representados y, por ende, su derecho de defensa. La cosa era tan obvia que el tribunal volvió a refrenarse y optó por retrasar la comparecencia de los testigos políticos al miércoles. No daba tiempo. Algo obvio para cualquiera que esté acostumbrado a manejar los tiempos para señalar un procedimiento, pero no olviden nunca que el Tribunal Supremo es un tribunal de casación, que rara vez hace vistas y que no maneja nunca macro procesos. No tienen costumbre. Es lo mínimo que se me ocurre.
Lo cierto es que en tres días se pasó de afirmar que no habría cambios ni suspensiones ni retrasos a raíz de la convocatoria electoral a alterar el orden de los testigos e intentar acelerar el juicio. Estas decisiones son potestad del presidente, aunque por deferencia se suelen hablar informalmente entre los miembros del tribunal. Nunca sabremos qué propició este cambio de actitud. O a lo mejor sí. No hace falta ser un lince para darse cuenta de que cuanto más tarde se produjera un interrogatorio de Vox a los exlíderes del PP más influencia electoral tendría. Tampoco nos debe sorprender que los jefes del Gobierno y de la oposición y sus entornos tengan el teléfono de Marchena, a fin de cuentas lo iban a nombrar por consenso presidente del CGPJ.
Por lo demás, el juicio avanza dejando tras de sí su estela jurídica pero también su correlato audiovisual. Eso es algo que nunca previó la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Los medios de comunicación editan y seleccionan frases y planos como si de una acto electoral, una rueda de prensa o un mitin se tratara. No hay que sorprenderse, va en su naturaleza. Sucede que eso puede dar una sensación sesgada de la vista y de hecho la da. Es cierto que el interrogatorio de los procesados no es la parte más potente a efectos probatorios, dado que no están obligados a decir verdad ni a implicarse. Aún así ya nos hemos dado cuenta de que no será un sagaz interrogatorio de la Abogacía del Estado el que nos deje al descubierto la raíz de una sedición. También nos ha quedado claro que del baile de parejas de la Fiscalía, sólo hay un bailarín solista que lleve tantas horas de juicio en sus puñeta que sea capaz de estructurar un interrogatorio incisivo y, si se quiere, peligroso. Aún así, hemos oído muchas preguntas que apuntan a la desobediencia y a la malversación y menos dirigidas al corazón del delito de rebelión. Está difícil. Casi todas acaban hablando de cosas que se refieren al derecho de manifestación y no es esta una de las menores anomalías de este juicio.
Respecto a la actuación del presidente en su tarea de policía de estrados y director de los debates, no se le puede reprochar a Marchena, desde luego, una tiránica presencia. Si acaso, en mi modesta opinión, sería una presencia decididamente escasa como elemento de control de las declaraciones. Creanme si les digo, y los juristas lo saben, que es raro que se permita tanta amplitud de explicaciones, argumentaciones y peroratas sobre cuestiones que en nada afectan al proceso penal. Ni a los acusados ni a los fiscales. Se deduce de ello que el tribunal, y su presidente, quiere evitar la más mínima crítica, reproche o recurso sobre una posible restricción del derecho de defensa. Han pensado que más vale pecar de manga ancha. Quizá tengan una psicoanalítica mala conciencia sobre las restricciones o vulneraciones de derechos que se han podido producir en la instrucción o quieran minimizar las posibilidades de un reproche de Estrasburgo que les revolcaría. ¿Quién sabe?
