El potaje judicial

Lo mejor de la filtración de las escuchas de la Operación Lezo es que al fin la ciudadanía está teniendo que digerir en directo cucharadas del potaje que se cuece entre el poder político, el económico y el judicial en este país. Llevamos tiempo denunciándolo y avisando de las jugadas que preparan, pero nada es comparable a una frase contundente obtenida legalmente por intervención judicial: “el juez a tomar por culo a Onteniente y aquí que venga el titular, que ya me apañaré con el titular”.

Como la contundencia de la evidencia me asiste, no me quedo en la anécdota sino que voy a la sustancia del potaje. Durante años, el poder político ha socavado el diseño de la independencia y la inamovilidad del Tercer Poder hasta conseguir que, en sus capas superiores, se pueda practicar una suerte de ingeniería jurídica que permite al Gobierno movilizar peones a su antojo. Ya lo decía Nacho enfadado en las escuchas: “oye, tenemos  el Gobierno, el Ministerio de Justicia y tenemos un juez que está provisional”. Eso ya se lo he contado muchas veces y en muchas columnas. Hoy quiero ir a la otra parte que también es culpable a su manera por connivencia, porque todo ese juego sólo es posible porque hay magistrados y fiscales que aceptan que no hay otra forma de hacer carrera que plegarse al sucio sistema diseñado por lo políticos y en esa liga juegan.

Todo esto que digo suele escandalizar mucho a los jueces que trabajan como burros cada día en sus despachos y que están muy lejos de los centros de poder de Madrid. Es la tranquilidad del desconocimiento. Si dominaran a fondo el juego que cada magistrado debe poner en marcha si quiere tener alguna oportunidad de ser nombrado para un cargo, estarían conmigo en que la situación es inadmisible y que rozamos los límites que separan un verdadero Estado de Derecho de un estado sin garantías jurídicas.

En las escuchas aparecen los nombres de varios muñidores. Hemos oído el de Enrique Arnaldo y el de Eduardo Zaplana jugando papeles que también han llevado a cabo Federico Trillo o Enrique López. Podría ilustrarles con muchos más. Es una pena que me pase como a Rajoy y que tenga problemas para entender mi propia letra en las moleskines en las que apunté pacientemente durante años los ingredientes que iba conociendo del potaje. Algún día le echaré un rato o buscaré a un perito calígrafo.

La realidad es que ningún intento de regeneración será posible sin retrotraer el sistema a sus orígenes, antes de que Felipe González empezara a meterle mano cuando sus problemas judiciales eran también acuciantes. En esta historia ninguno de los partidos que ha gobernado está exento de culpa. Bien es cierto que el Partido Popular, con su tosquedad habitual, ha realizado las manipulaciones de forma tan burda, apresurada y bestial que ha dejado un reguero imborrable en el BOE de su desvergüenza, pero eso no implica que la fineza mejore la actitud del PSOE aunque, insisto, nunca osaron la desfachatez rajoyana.

Necesitaría hacerles “una pizarra” para explicarles pacientemente cada uno de los engranajes del sistema que han ido jodiendo unos y otros. Finalmente el mecanismo está a punto de griparse y parar. Un sistema jurídico está diseñado como una fina y sutil serie de pesos y contrapesos, de hilos de transmisión, de fusibles de control que sólo en su conjunto aseguran algo parecido a la Justicia. Manipular y alterar uno u otro en función de las prioridades del momento para el poder político sólo asegura un éxito parcial; por el contrario, siempre conlleva la necesidad de una miseria más para hacer frente al siguiente embate. Ya alerté de que la reforma para anular la acusación popular es el próximo episodio.

La gravedad de la situación es extrema, tanto que ya no sirven fórmulas parciales de arreglo que sólo cambiarían el estado de desequilibrio de un sistema jurídico herido. Sólo veo una salida clara que consistiría en deshacer todas las reformas que desde 1985 hasta ahora se han establecido por motivos de control político en el diseño original. Volvería al Consejo General del Poder Judicial con el sistema de elección establecido pura y llanamente en la Constitución, cerraría las vías de acceso a la carrera judicial que se inventó Felipe y devolvería a las carreras judicial y fiscal el espíritu de carrera administrativa sobre el que fueron fundadas. La provisión de los puestos por puro escalafón, atendiendo sólo a la antigüedad, podrá tener los problemas que deseen pero nos aseguraba que el poder político no podía influir en la provisión de puestos judiciales. La desaparición de la entrada de “turnistas”, la no existencia de jueces sustitutos o en comisiones de servicio que dependan de nombramientos y renovaciones parciales y el restablecimiento de una idea de carrera administrativa que permita a fiscales y magistrados tener unas expectativas razonables de progresión profesional, sin ejercer de 'tiralevitas' de los políticos, nos pondrían en una situación más acorde con la separación de poderes.

Necesitamos políticos capaces de renunciar a ocupar los poderes que no les corresponden que acometan estos cambios. Sólo una reglada independencia del Poder Judicial conseguirá que abandonen la sensación de estupefacta impunidad que se adivina en sus voces cuando los jueces les tratan como a cualquier ciudadano.

Un panorama en el que los propios magistrados alertan de las escuchas a los investigados y el ministro de Justicia les desea que se les archiven los asuntos no es sostenible. Hemos perdido pie. Hace unas décadas Catalá, Zoido y Nieto, Moix y Maza habrían caído ya y la Audiencia Nacional estaría patas arriba buscando el origen de las filtraciones.

El potaje es tan denso que nos ha paralizado la digestión. O vomitamos el veneno que se ha introducido en el organismo democrático o pereceremos.

No es una hipérbole, es un diagnóstico.