Uno de los temas en los que en España encontramos mayor consenso social es el que se refiere a la dificultad para conciliar la vida laboral y personal. Es ampliamente compartida la crítica de que en este país tenemos una jornada laboral excesivamente “alargada” que nos impide, al contrario que ocurre en otros países europeos, salir pronto del centro de trabajo. Esta valoración va unida, la mayor parte de las veces, a la también extendida opinión sobre los grandes obstáculos que existen para formar una familia debido, entre otras cosas, a la escasez de medidas que faciliten la conciliación entre la vida laboral y familiar.
Pero resulta llamativo que, pese al profundo descontento social reinante, este tema no se haya situado, ni se sitúe actualmente, entre las principales preocupaciones de la sociedad. O, al menos, así se desprende de los barómetros del CIS que nos permiten ver, mes a mes, cuáles son las cuestiones que los ciudadanos perciben como problemas del país (a nivel macro), así como también aquéllos que personalmente les preocupan más (a nivel micro). En ninguno de estos dos indicadores encontramos “oficialmente” que la conciliación entre la vida laboral y personal sea un problema para la ciudadanía, aunque “oficiosamente” sea una “queja” social recurrente; especialmente cuando se trabaja en el sector privado, en pequeñas empresas y en grandes ciudades donde, a las interminables jornadas partidas (que comienzan por la mañana, se interrumpen al mediodía con una larga pausa para la comida y no finalizan hasta bien entrada la tarde o llegada la noche), hay que añadir unos tiempos de desplazamiento más largos que hacen que se prolongue aún más la vida laboral.
No obstante, los estudios de opinión sobre la percepción que tienen los ciudadanos de la conciliación ponen de manifiesto una acusada insatisfacción social. Así, por ejemplo, una encuesta realizada a nivel nacional en 2014 por la Fundación Pfyzer revelaba que casi un tercio de los trabajadores tiene problemas para conciliar su trabajo y su vida personal. Respecto a los horarios laborales, más del 75% de los ciudadanos considera que en España éstos son excesivamente rígidos y que, debido a las tardías horas de salida del trabajo, es difícil, en el día a día, tener tiempo para estar con la familia o disfrutar de la vida personal. En la misma línea, otra encuesta realizada por la Organización de Consumidores y Usuarios en 2014 reflejaba que dos tercios de los españoles opinan que en España no se puede tener una carrera profesional brillante sin renunciar a aspectos importantes en el ámbito familiar y social y que el ideal de la jornada laboral es empezar a trabajar pronto y acabar antes de las cuatro de la tarde, haciendo una breve pausa para comer.
Junto a las opiniones negativas que tienen los ciudadanos sobre la conciliación también abundan, y ya desde hace tiempo, los datos (sobradamente conocidos) que apuntan a una situación disfuncional en este terreno. Quizás el más clarificador es el que tiene que ver con la productividad. Pese a la cantidad de horas trabajadas, España es un país menos productivo que otros países europeos en los que se trabaja menos horas y con jornadas continuas. También suele aludirse a la baja tasa de fertilidad (1,32 hijos por mujer) que no sólo se sitúa por debajo de la tasa media (1,58 hijos) de los países de la Unión Europea, sino que es de las más bajas de Europa. Una tasa que, por otra parte, contrasta con el deseo expresado por los españoles (de acuerdo con el estudio El déficit de natalidad en Europa. La singularidad del caso español, realizado en 2013 por la Obra Social La Caixa), de tener más descendencia (una media de 2,2 hijos). A todo ello se podría añadir el argumento de que en España dormimos considerablemente menos tiempo que nuestros vecinos europeos, fruto de unos horarios prolongados que se reflejan también en un prime time televisivo más tardío respecto al establecido en otros países europeos.
Factores culturales (como el valor que se concede a que el empleado esté presente en la oficina con independencia de lo que haga) y factores históricos, (como el hecho de que la jornada partida tenga su origen en la posguerra española, cuando muchos trabajadores tenían dos empleos, uno por la mañana y otro por la tarde o a que desde 1942 España no está en el huso horario que le corresponde por su situación geográfica), pueden contribuir a explicar por qué tenemos una horarios que hacen tan difícil la conciliación. Pero ¿hasta qué punto se han tomado medidas para revertir esta situación que, tanto en términos económicos como sociales, resulta claramente insatisfactoria?
Lo primero que llama la atención es que, a pesar de que este tema lleva muchos años presente en el debate público, ya en 1999 se aprobó una ley para fomentar la conciliación de la vida laboral y familiar de las personas trabajadoras y existe desde hace 10 años una Asociación para la Racionalización de los Horarios Españoles, no se haya consensuado una verdadera política de fomento de la conciliación. Y menos aún en los últimos años marcados por la crisis económica, en los que la conciliación, al igual que otros muchos asuntos, ha sido relegada a un segundo plano por considerarse una cuestión superflua. Sólo basta recordar las declaraciones de Gerardo Díaz Ferrán cuando en octubre de 2010, en calidad de flamante presidente de la CEOE y dos años antes de ser detenido y acusado de alzamiento de bienes y blanqueo de capitales, exhortaba a los españoles a trabajar más horas (y cobrar menos), como único medio la salir de la crisis.
La realidad es que en España se han llevado a cabo en este terreno medidas que no han estado enmarcadas dentro del logro de un objetivo claro y en las que el voluntarismo ha resultado del todo insuficiente (como pedir a las cadenas de televisión que adelanten los horarios de sus programas de máxima audiencia o pedir a las empresas que se impliquen para facilitar la conciliación o esperar a que las medidas aplicadas en la Administración Pública para la racionalización de los horarios tuvieran un inmediato efecto de arrastre en el sector privado).
Este déficit puede explicarse, en gran medida, por el hecho de que este tema se ha abordado siempre desde el planteamiento de que está ligado a la igualdad de género, que afecta a las mujeres, y no como una cuestión vinculada a la economía, a la mejora de la productividad, a una cultura del trabajo más eficiente. Es evidente que este es un asunto crucial para la igualdad, pero cabe plantearse este tema se habría tomado más en “serio” si la Subcomisión creada en la pasada legislatura para el Estudio de la Racionalización de los Horarios, la Conciliación de la Vida Personal, Familiar y Laboral y la Corresponsabilidad en lugar de depender de la Comisión de Igualdad, hubiera dependido de la Comisión de Economía y Competitividad,. Hay que tener en cuenta que los trabajos de esta Subcomisión dieron lugar a la publicación de un informe con recomendaciones y propuestas que ni siquiera llegaron a debatirse.
En la última entrega del programa Salvados dedicado a analizar los problemas de conciliación que hay en España puestos en comparación con Suecia como país idílico en este ámbito, Jordi Évole entrevistó a dos parlamentarias (Lourdes Ciuró y Ascensión de las Heras) que habían formado parte de esa Subcomisión. Éstas reconocían abiertamente que el trabajo realizado no tuvo ningún impacto dado que la conciliación no es considerada una prioridad política en España.
Parece, así, que estamos “atrapados” en una dinámica donde los avances se sitúan en el plano discursivo, dentro de lo políticamente correcto de forma que los partidos, con independencia de su signo político, incluyen en sus programas electorales y en sus discursos el objetivo de fomentar la conciliación, pero más como un (eterno) deseo, que como un compromiso realizable. No es de extrañar, tampoco, la falta de continuidad de este tema en el debate político y social ante una “resignada” ciudadanía. El debate emerge, para después volver a desaparecer, cuando los medios se hacen eco de la publicación de estudios nacionales o internacionales en los que quedan manifiestamente patentes, con datos, los problemas que existen en este terreno en España. O cada año en los días previos y posteriores a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer se aborda este tema vinculándolo a las dificultades que tienen las mujeres en España para compatibilizar su carrera profesional con el cuidado de sus hijos.
Asimismo, gestos como el protagonizado hace unos meses por la dirigente de Podemos, Carolina Bescansa, cuando acudió con su hijo al Congreso para evidenciar las dificultades que tienen las mujeres para conciliar la vida laboral y familiar también tienen una gran repercusión y generan encendidos debates que luego quedan rápidamente apagados por el silencio político y social hasta que un nuevo acontecimiento hace que este tema vuelva a emerger y colocarse en el primer plano de la actualidad.
Pero para avanzar en este ámbito es necesario que la racionalización de los horarios y la conciliación se plantee desde el punto de vista económico como un instrumento para mejorar la productividad, de trabajar de forma más eficiente en base a objetivos y no a horas pasadas en la oficina y, por ende, de que se produzca una mejora en la calidad de vida de los ciudadanos al poder compatibilizar mejor su vida laboral y personal. Mejoras que irían asociadas al resto de beneficios para el conjunto de la sociedad (como mayores facilidades para tener hijos; mayores incentivos para incorporarse o no salir del mercado de trabajo para aquellas personas que tienen hijos y para las que trabajar con horarios rígidos y jornadas partidas no les resulta “rentable”; un menor absentismo laboral; etcétera).
Este enfoque económico es sobre el que están basadas las políticas de conciliación en los países nórdicos, en los que la conciliación y la igualdad de género constituyen una prioridad política porque son percibidos como elementos rentables (se facilita que más personas trabajen, lo que supone más ingresos para financiar los servicios públicos y menos costes en prestaciones sociales; se aprovecha el talento de toda la sociedad; se reducen los potenciales problemas de salud asociados al estrés e insatisfacción laboral). En el modelo nórdico la política para fomentar la conciliación no es considerada como un gasto (prescindible), sino como una (necesaria) inversión económica y social.
Está por ver si avanzaremos o no en este terreno en esta nueva legislatura en la que, por el momento, nos encontramos a la espera de que se forme gobierno o, ante la falta de acuerdos para logarlo, se repitan las elecciones. En todo caso, las señales no parecen muy prometedoras al respecto, por lo menos en lo que al planteamiento desde el que se aborda este cuestión se refiere, pues si nos fijamos en el Acuerdo para un gobierno reformista y de progreso firmado por el PSOE y Ciudadanos el pasado 24 de febrero encontramos el compromiso de “promover un pacto nacional para la racionalización de los horarios, la conciliación personal y laboral, la igualdad y la corresponsabilidad” dentro del apartado dedicado a las medidas por la igualdad entre hombres y mujeres.
Sería deseable, por otra parte, que la aparente nueva etapa política también se dejara sentir en este ámbito. Por ejemplo, estando acostumbrados en España a que las Ministras que tienen hijos durante su cargo se reincorporen al trabajo en un tiempo récord, la novedad sería que, al igual que ocurre en países como Noruega, los Ministros hicieran gala de tomarse el permiso de paternidad para estar con sus hijos recién nacidos. O que veamos la imagen de un diputado que lleva a su hijo al Congreso para visibilizar los problemas para compatibilizar su vida laboral y familiar. O que empiece a extenderse entre la clase política la costumbre de convocar ruedas de prensa, reuniones, entrevistas, etcétera a horas tempranas de la tarde. Sin duda, ese tipo de comportamientos “ejemplares” tendrían unos efectos muy beneficiosos y para empezar por este camino no hace falta esperar a que se forme un nuevo gobierno. ¿O sí?
