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El Gobierno renuncia a derogar la prisión permanente revisable hasta que se pronuncie el Constitucional

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, en una reunión con el padre de Diana Quer.

Irene Castro

El Gobierno de Pedro Sánchez renuncia a derogar la prisión permanente que impuso Mariano Rajoy con su mayoría absoluta. Los socialistas quieren esperar a que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre esa pena máxima vigente en España desde 2015, a pesar de que cuenta con la mayoría necesaria para que la iniciativa salga adelante en el Congreso.

Así se lo trasladó la ministra de Justicia, Dolores Delgado, al padre de la joven Diana Quer, brutalmente asesinada, y a la presidenta de la Asociación Clara Campoamor, Blanca Estrella, en una reunión en la sede del ministerio. Ambos impulsaron una campaña a favor del mantenimiento de la cadena perpetua que es revisable a partir del cumplimiento de 25 años de condena.

Los socialistas fueron muy críticos con esa pena máxima que introdujeron los conservadores en el Código Penal y presentaron entonces, junto al resto de formaciones de la oposición, un recurso ante el Tribunal Constitucional contra esa reforma que salió adelante gracias al rodillo del PP.

El PSOE prometió acabar con la cadena perpetua

Sánchez se comprometió a derogar la prisión permanente revisable en varias ocasiones. En el programa electoral para las elecciones generales, el PSOE abogaba por “derogar de forma inmediata la prisión permanente revisable”. Un texto prácticamente idéntico figuraba en el acuerdo que firmó con Albert Rivera la primera vez que intentó llegar a Moncloa.

El PSOE y la ministra de Justicia están convencidos de la inconstitucionalidad de la cadena perpetua, pero no quieren derogarla “en caliente”: “Es una pena inhumana que choca con el artículo 15 de la Constitución. Este Gobierno está con las víctimas como no puede ser de otra manera, pero existen otras herramientas que no son tan vulneradoras de derechos”, argumentó Delgado en el Senado nada más iniciar su mandato en junio de este año.

Sin embargo, los socialistas quieren esperar a que haya un pronunciamiento del alto tribunal –en respuesta al recurso que presentaron junto al resto de fuerzas de la oposición– para modificar de nuevo ese apartado del Código Penal. Ese fue el argumento que utilizó el PSOE cuando PP cuando pretendió endurecer la prisión permanente revisable en plena conmoción por el asesinato del pequeño Gabriel Cruz.

PP y Ciudadanos aprovecharon la desaparición del niño para poner sobre la mesa el debate, a pesar de que la cadena perpetua revisable no ha impedido desde que está en vigor crímenes como ese. Los de Albert Rivera decidieron parar de bloquear la tramitación de la iniciativa del PNV que pide derogar la prisión permanente revisable al presentar una enmienda a la totalidad con un texto alternativo en el que planteaban el cumplimiento íntegro de las penas y retrasar la concesión del tercer grado penitenciario. El PP quiso entonces endurecer y ampliar la prisión permanente revisable y no dudó en usar a los familiares de asesinados que estaban en la tribuna.

Una tramitación bloqueada en el Congreso

La dirección del PSOE reprochó entonces al PP que no respetara el “acuerdo tácito” de no abordar el asunto hasta que el Tribunal Constitucional hubiera resuelto el recurso. Hasta entonces PP y Ciudadanos habían mantenido bloqueada la iniciativa sobre la prisión permanente revisable y, desde que perdieron la votación, volvieron a hacerlo. Fuentes gubernamentales sostienen que la posición no ha cambiado y que siguen esperando una sentencia.

La propuesta del PNV para modificar esa parte del Código Penal lleva congelada en el trámite de enmiendas al articulado desde marzo a petición de PP y Ciudadanos. El PSOE se sumó a la ampliación de plazos semanales que pueden solicitar los grupos a partir del mes de junio, según informan fuentes parlamentarias.

Para los socialistas la derogación de la prisión permanente revisable es un tema sensible porque buena parte del electorado está a favor de esa medida y más ante crímenes que generan convulsión social. Por eso quieren esperar a que hable la Justicia. Sin embargo, una mayoría parlamentaria está a favor de acabar con esa condena, que el propio PSOE reclamó a Rajoy, a través de iniciativas parlamentarias, que eliminara.

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