La Audiencia Nacional corrige a García Castellón por su prisa en archivar la causa de Púnica contra Lucía Figar
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha corregido la decisión del juez Manuel García Castellón de archivar la causa Púnica contra cuatro antiguos cargos del PP, entre ellos la que fuera consejera de Educación y jefa de Comunicación del PP madrileño, Lucía Figar. La instancia superior explica en su auto que García Castellón ha adoptado esa decisión en el marco de una pieza que no correspondía, la de la financiación irregular del PP o número 9, cuando Figar está imputada en la pieza de Púnica número 10.
El pasado mes de octubre, el instructor de Púnica dictó un auto de pase a procedimiento abreviado contra ocho personas en el marco de la pieza de la caja B del PP de Madrid. García Castellón atendía casi todas las posiciones de la Fiscalía Anticorrupción, que en julio había rebajado sus acusaciones contra 79 personas hasta dejarlas únicamente en ocho imputados. Las dos fiscales originales del caso, Carmen García Cerdá y María Teresa Gálvez, se negaron a firmar el escrito de acusación con tamaña rebaja, por lo que solo llevaba la rúbrica de Alejandro Cabaleiro, el último en incorporarse a la investigación por orden del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón.
Una de las personas contra las que decayó la acusación fue la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre, quien veía como, de nuevo, subordinados suyos enfilaban el banquillo. La discrepancia entre Anticorrupción y García Castellón venía por Salvador Victoria, contra quien el Ministerio Público sí apreciaba indicios de delito, pero el juez no. Ahora, la Sala de lo Penal da la razón al juez y deja fuera a Victoria.
“Es cuanto menos dificultoso darle forma penal a su conducta pues aunque se trate de una fase provisoria y meramente instructora, sería el siguiente paso la formalización de la pretensión penal en unas condiciones ciertamente débiles”, afirman los magistrados de la Sala sobre Salvador Victoria.
En cuanto a Lucía Figar, Manuel Pérez Gómez, Luis Sánchez Álvarez y Pablo Balbín Seco, la Sección Cuarta decreta que vuelvan a figurar como investigados, si bien reparte culpas entre el juez y Anticorrupción. Los jueces aseguran que es en el seno de la pieza 10 “donde se encuentra recopilado el material probatorio”, pero que el error del juez “viene propiciado” por una mención errónea previa de la Fiscalía. “Resulta llamativo que ahora el Ministerio Fiscal no alcance a entender la inclusión de esas personas”, añade la Sala. La pieza 10 de Púnica versa sobre contratos de la Administración madrileña y el experto informático Alejandro de Pedro, financiados con dinero público pese a dedicarse a la reputación de políticos y cargos del PP.
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