Comunidades del PP y el PSOE amenazan al Gobierno con los tribunales por “apropiarse” de 2.500 millones del IVA

Las comunidades autónomas están en pie de guerra contra el Gobierno de Pedro Sánchez. La razón es el anuncio de la ministra de Hacienda y portavoz, María Jesús Montero, de que el Estado no devolverá las cuantías recaudadas por el IVA –y cuya devolución estaba prevista en los Presupuestos Generales del Estado que no salieron adelante– y la instrucción de que lo computen como endeudamiento. “Las comunidades estamos haciendo un gran esfuerzo y ahora nos piden que pasemos esos millones como déficit para quitárselo de encima al Gobierno”, lamenta un representante de un Ejecutivo autonómico. La decisión está ya en manos de los tribunales a raíz de los recursos presentados por la Comunidad de Madrid y Catalunya y las demás autonomías o están negociando con Hacienda o amenazan directamente con llevar el asunto a la Justicia.

El conflicto no entiende de colores políticos: tanto las comunidades gobernadas por PP y Ciudadanos como las socialistas darán la batalla –con mayor o menor beligerancia en público– por recuperar esos ingresos. En total, se trata de 2.500 millones de euros correspondientes al tramo de recaudación del IVA de diciembre de 2017 que va a parar a las autonomías en virtud del sistema de financiación.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que es junto con el aragonés Javier Lambán la poca resistencia crítica que tiene Sánchez dentro del PSOE ha estallado contra el Ejecutivo por este asunto (y también por la intención del presidente de reformar el Código Penal para rebajar el delito de sedición con el consiguiente beneficio para los presos independentistas). “Es como si en vez de habernos cobrado doce mensualidades de IVA, nos hubieran cobrado trece, y eso no es de derechas ni de izquierdas”, ha expresado Page, cuyo Gobierno hará “gestiones” para intentar que Hacienda cambie “de criterio”. Pero en caso de que no sea así “se establecerá la demanda pertinente para reclamar judicialmente la deuda objetiva con Castilla-La Mancha” que asciende a 130 millones.

En esa misma situación se encuentran otras comunidades también gobernadas por el PSOE, como Extremadura. “Lo exigiremos obviamente por la vía que haga falta. No podemos renunciar. Ya lo tenemos gastado”, expresan fuentes del gobierno extremeño. En el caso de Aragón, la apuesta de Javier Lambán es “negociar la llegada de estos 80 millones a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera”. No obstante, los socialistas aragoneses advierten de que tampoco descartan “ninguna vía para defender los intereses de la comunidad”.

Distintas posiciones de los presidentes del PSOE

Más conciliadora es la posición de la presidenta de Baleares, Francina Armengol, cuya propuesta es que los Presupuestos Generales del Estado para 2020 incluyan una “partida presupuestaria para pagar el IVA que se debe” a las autonomías. El proyecto de presupuestos no está siquiera esbozado y Sánchez fijó en el verano su margen para aprobarlos. Y más alentadora para el Ejecutivo es aún la posición de la riojana Concha Andreu que no prevé “ningún movimiento” para algo que asume “no se va a poder hacer”.

Por su parte, la Comunidad Valenciana recuerda que lo importante es abordar la financiación autonómica en su “globalidad”. “No es lo más significativo la mensualidad del IVA que Montoro nos birló”, expresan fuentes próximas a Ximo Puig.

El asunto está ya en manos de la Audiencia Nacional por el recurso que interpuso por la vía de lo contencioso-administrativo la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso y que fue admitido a trámite en noviembre. Castilla y León, que acusa al Gobierno de “apropiación indebida”, no acudirá a los tribunales precisamente porque está a la espera de que la justicia resuelva ese conflicto. El vicepresidente, Francisco Igea, ha explicado que el litigio iniciado por la Comunidad de Madrid afectará en cualquier sentido al resto de autonomías. También Catalunya reclamó en los juzgados los 443 millones que le corresponden.

El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, que está entrando en fase de precampaña electoral, ha salido al ataque contra Sánchez. “Con el dinero de las comunidades estamos financiando las políticas electoralistas del Gobierno central”, ha afirmado antes de explotar: “¡Qué jeta, qué morro, qué cara!”. Feijóo ha dado a entender que trabaja para atar los argumentos legales con los que poder combatir la decisión del Ejecutivo, informa Europa Press: “Cuando tengamos la decisión hilvanada, lo diremos. Cuando tengamos alguna noticia que dar, la daremos. No nos gusta improvisar”.

Andalucía se suma al grupo de comunidades que pretende negociar primero con el Gobierno: “El IVA es un recurso financiero del sistema de financiación autonómica que vamos a intentar solucionar de una forma negociada, pero no se descarta ninguna medida”. Es decir, que los tribunales son una opción. “No se descarta aunque para nosotros no es lo deseable”, dicen fuentes de la Consejería de Hacienda, informa Lucrecia Hevia.

Un cambio de Montoro sin protestas del PP

Para comprender el enredo contable por el que dejó pagarse a las comunidades la mensualidad del IVA correspondiente a diciembre de 2017 debemos remontarnos a la implementación ese año del llamado Suministro Inmediato de Información (SII) del IVA. Entre otras cuestiones, esta medida que adoptó el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, implicó que el plazo de pago de las autoliquidaciones pasara del 20 de cada mes al 30. El pago del IVA mensual de diciembre de 2017 entró en caja en enero de 2018. De manera que, en tales términos de caja, en 2017 solo se contabilizaron once meses de ingresos de las autoliquidaciones de IVA, sin que ninguna comunidad autónoma del PP protestara por este cambio.

En 2019 llegó la hora de liquidar el ejercicio 2017 (es decir, ver si los anticipos ingresados por el estado central a las autonomías eran mayores o menores de lo efectivamente recaudado por IVA, y compensar las diferencias). Esta operación siempre se hace con un decalaje de dos años, y ya estaba María Jesús Montero al frente del Ministerio. La solución que se ideó para resolver el problema fue articular un cambio normativo en el IVA a través de los Presupuestos de 2019 que supuso adelantar la autoliquidación que se abona en diciembre del día 30 al 20, generando así el efecto contrario que en 2017. De esa forma, en términos de caja, en el año que acaba de terminar se contabilizarían los ingresos de 13 meses, compensando así los 11 meses de 2017. Esta solución no pudo aplicarse ya que el proyecto de presupuestos fue rechazado.

Hacienda se defiende

Una vez que ha terminado 2019, según insiste Hacienda no es posible es cobrar un IVA que corresponde a un ejercicio que ya ha sido liquidado. Fuentes de este departamento resaltan que el Gobierno de Pedro Sánchez “ha demostrado su compromiso con la financiación de las CCAA”, y recuerdan que llevaron al Congreso una senda de déficit que ofrecía un mayor margen fiscal para las comunidades. En concreto, la ampliación del objetivo de déficit pactado con Bruselas hubiera permitido que las CCAA destinarán 2.500 millones más a sanidad, educación o servicios sociales en 2019. Sin embargo, PP y Ciudadanos se opusieron (y Unidas Podemos y otros se abstuvieron) a la nueva senda de déficit, “perjudicando los intereses de las CCAA y de los ciudadanos”, destacan.

También enfatizan cómo a finales del año pasado se tomó una medida sin precedentes: actualizar las entregas a cuenta sin tener aprobados los Presupuestos Generales del Estado, lo que permitió incrementar en 4.682 millones la financiación de las comunidades autónomas, una medida que Sánchez anunció en un mitin en la Comunidad Valenciana, una de las que más sufre los problemas del actual sistema que todos los partidos se han comprometido a cambiar.

Otro de los elementos que destacan las citadas fuentes es la aprobación en el pasado Consejo de Ministros del criterio de cálculo de las entregas a cuenta 2020 para las comunidades autónomas, recurriendo a la metodología “más beneficiosa” para ellas. A la espera de que la cifra se actualice con las previsiones de ingresos incluidas en el Proyecto de Presupuestos de 2020, las comunidades autónomas recibirán 113.020 millones, “la mayor cifra de la historia”. Incluye 103.000 millones en concepto de entregas a cuenta y otros 113 de liquidación de 2018. Un importe que será mayor cuando se actualice.