La infanta Cristina alega que pedir sus declaraciones de IRPF vulnera su intimidad

La defensa de la infanta Cristina ha rechazado la petición del juez del caso Nóos a la Agencia Tributaria de sus diez últimas declaraciones de la renta por considerar que no hay indicios de criminalidad contra ella que justifiquen “tal injerencia en su intimidad”.

Los abogados de la duquesa de Palma han presentado un recurso de reforma contra el oficio dirigido por el juez, José Castro, a la Agencia Tributaria, solicitando las diez últimas declaraciones del IRPF de la infanta, y pidiendo además que esa diligencia quede sin efecto hasta que se resuelva su recurso.

Impugnan la petición porque consideran que es una “diligencia prospectiva”, al no haber indicios previos e inequívocos de criminalidad y añaden que además es “superflua y de nula utilidad”.

Según los abogados, en el auto en el que la infanta fue citada a declarar como imputada, el juez explicaba su intención de interrogarla sobre su intervención en el Instituto Nóos y la empresa Aizoon y el manejo y destino de los fondos obtenidos a través de ambas, pero nada decía de “cuestiones tributarias”.

Recuerdan que la Abogacía del Estado, personada en esta causa en nombre de la Agencia Tributaria por tres presuntos delitos fiscales (dos del IRPF de Iñaki Urdangarin y uno del impuesto de sociedades de Aizoon), recurrió la imputación de la infanta por considerar que contra doña Cristina “no existe un solo indicio incriminatorio” en estos delitos denunciados.

Consideran que es incongruente pedir las declaraciones de la renta cuando la representación de la propia Agencia Tributaria ya ha dicho que no hay indicios de delito fiscal por parte de la infanta.

“No se expone ni una sola razón por la que la diligencia acordada sería oportuna, esto es, necesaria y pertinente”, alegan los letrados de la infanta, que consideran “inútil” y “perjudicial” esta decisión judicial.

Los abogados Miquel Roca y Jesús María Silva alegan que si el juez instructor se está acogiendo a las razones de la acusación popular, el sindicato Manos Limpias, que fue el que reclamó que se pidieran las declaraciones de la renta, esa actuación resulta “poco pulcra en términos formales”.

Según los abogados de la infanta, Manos Limpias parte de la suposición de que en la declaración de renta deben figurar las firmas de ambos cónyuges y por tanto debe haber “un conocimiento recíproco de las 'actividades económicas'” por parte de los dos, algo que la realidad refuta porque tributan por separado.

Los abogados dicen que es público y notorio, porque ha salido publicado en medios, que la infanta Cristina y su esposo están sujetos al régimen económico-matrimonial de separación de bienes y presentan sus declaraciones tributarias por separado.

Concluyen por tanto que la diligencia solicitada carece de sentido alguno y solo por ello debería haber sido denegada.

Añaden que tampoco es válida la petición adicional de Manos Limpias de que esa documentación se mande a la Audiencia de Palma, sumada al recurso de apelación sobre la imputación de la infanta, porque corresponde a una investigación posterior a lo que tiene que dirimir la sala.