Niñas prostituidas en el menú del día de la sesión de control

Si uno se presenta en la sesión de control con el mejor ánimo, el espectáculo puede ser entretenido y hasta hilarante en algunos momentos. No es para tomárselo muy en serio. En Reino Unido, el Prime Minister's Question Time tampoco sirve mucho más que para que los políticos se lancen golpes bajos y luego digan que han ganado a pesar de llevar manchas de barro hasta en el cuello de la camisa. El trabajo más serio de los diputados se hace en otros debates, pero inevitablemente la sesión de control es el formato más seguido, porque todo es rápido y directo. Si es breve, hace menos daño escucharlo.

El Partido Popular tenía preparadas varias preguntas sobre economía, un asunto que seguro que preocupa a los votantes. Pero por arte de magia en esas y otras preguntas surgía el tema de Venezuela, la 51ª provincia española, como ya se le llama. “Ayer tuvimos que recurrir a un juzgado de guardia para que no se destruyeran las pruebas”, dijo Pablo Casado, dando por hecho que en AENA alguien quería destruirlas y cometer un posible delito. ¿Un delito? Eso sugiere una jueza que ha ordenado que se conserven las imágenes de las cámaras de seguridad del aeropuerto, porque “se desprenden indicios racionales de hecho delictivo”.

El PP cree que se cometió un delito de prevaricación administrativa, un concepto tan amplio como para que quepa un avión en él. No hay ninguna ley ni decreto ley en España que prohíba mantener contactos con dirigentes venezolanos, y sí una decisión política tomada por el Consejo Europeo, es decir, los gobiernos de los países de la UE. La titular del Juzgado número 7 de Instrucción, Susana Trujillano, debe de ser una ferviente europeísta para encajar las locas aventuras del ministro Ábalos en Barajas en un delito que aparezca en el Código Penal.

Es la misma jueza que aceptó en abril de 2019 trasladar al fiscal una denuncia recibida contra el presidente del CIS, José Félix Tezanos, presentada con el peregrino argumento de que la polémica cocina que aplicaba a los sondeos violaba el derecho del ciudadano a recibir información veraz. La denuncia no tuvo mucho futuro, pero sí adquirió la condición de titular en un medio. Para eso se presentan muchas denuncias en los juzgados de guardia. 

También mencionó a Venezuela Cayetana Álvarez de Toledo, aunque su pregunta era en teoría sobre el cumplimiento de los objetivos políticos planteados por Pedro Sánchez en su investidura. Y a Catalunya, porque el Gobierno ha querido ocultar “el delito de lesa democracia” al pactar con ERC, dijo. Ese delito no existe en el Código Penal, pero ese es un hecho que a estas alturas no frena a ningún parlamentario. 'Es delito lo que yo diga que es delito' es siempre tendencia en la política.

Muy digna ella, Toledo acabó su intervención con la frase “la nación toma nota”. Ella no habla en nombre de sus votantes, sino de toda la nación y dentro de poco de la comunidad internacional.

Los chistes malos también aparecieron en el duelo entre Pablo Iglesias y Teodoro García Egea. El número dos del PP se burlaba de que haya una Dirección General de Políticas Palanca (es un concepto para cumplir los objetivos de la ONU sobre desarrollo sostenible) y también del hecho de que ese director general tenga un salario. Iglesias resumió el currículum de ese alto cargo y lo comparó con la gesta de Egea como campeón de lanzamiento de huesos de aceituna. Siempre despreciando los deportes que no son olímpicos. 

Denuncia sobre la explotación sexual en Baleares 

El estilo de estas escaramuzas fue menos divertido cuando se habló de los casos de explotación sexual ocurridos en Baleares en centros de tutela de menores. Los partidos del Gobierno de izquierdas de esa comunidad han rechazado la formación de una comisión de investigación. Eso ha dado vía libre al PP para llevar el tema al Congreso. “Dentro del Gobierno de la mentira, el feminismo es un eslogan más. Ya sabemos que para ustedes hay mujeres de primera y de segunda. También, víctimas de primera y de segunda”, dijo indignada la diputada Marga Prohens, que se burló del eslogan 'El violador eres tú', algo extraño en relación a un caso en que se han producido hechos que un tribunal podría tipificar como violación.

El vicepresidente reaccionó con no menos indignación: “Que estemos hablando de niñas prostituidas y ustedes se descojonen en la Cámara (había escuchado risas al comienzo de su intervención) revela muchos elementos a nivel moral. Hay cuestiones que, por salud democrática, sería razonable que no produjeran una disputa política”. 

“Las mujeres del PP denuncian. Las de izquierdas callan y bajan la cabeza. No hay pancarta que tape tanto bochorno”, respondió Prohens. ¿Estaba la oposición –también lo hizo después Vox– acusando al Gobierno de proteger a violadores de menores? “Ver aplaudirles ufanos mientras usted se ríe cuando hablamos de niñas prostituidas es de las cosas más repugnantes que hemos visto en esta Cámara”, dijo Iglesias en la réplica posterior. 

Quien conozca cómo funcionan las comisiones de investigación en España seguro que tiene más esperanzas en lo que está haciendo la Fiscalía (ha habido al menos 16 casos de explotación sexual de menores) y lo que se espera que se haga en los tribunales. De todas formas, las denuncias no son ni de los últimos meses de ni la última legislatura balear. Una mujer que tiene ahora 41 años contó a este diario los abusos que sufrió en uno de esos centros en Palma cuando era menor en los años 90. “Las instituciones llevan más de 30 años mirando para otro lado”, dijo.

Por tanto, es muy probable que sea necesaria una comisión de investigación en el Parlament balear –siempre que no ponga en peligro las investigaciones judiciales– y que haya sido un error político evidente negarse a ello. Eso no hubiera impedido que el PP intente rentabilizar en su favor delitos sexuales con menores como víctimas contra un Gobierno que lleva un mes de existencia. Esa es la parte menos graciosa de una sesión de control.