Las organizaciones feministas suspenden a España en la aplicación del convenio europeo contra la violencia machista
Suspenso en la aplicación del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia sobre la mujer y doméstica. Es la principal conclusión de las casi 50 organizaciones feministas que se reunieron el pasado fin de semana en Madrid bajo el paraguas Plataforma Estambul Sombra para analizar el grado de implementación de este instrumento europeo, conocido como Convenio de Estambul. El objetivo era debatir y aprobar los contenidos del informe que enviarán al GREVIO, el grupo de expertos del Consejo de Europa que evaluará a España sobre esta materia.
Las organizaciones feministas participarán de esta forma en el proceso cuatro años después de que el Gobierno de Mariano Rajoy ratificara el convenio –en 2014– y con la idea clave del suspenso “en muchas de las cuestiones más cruciales”, entre ellas, la “falta de reconocimiento” de la violencia sexual, aseguran, en el “conjunto de la política”. Algo que “agrava los problemas en cualquiera de los ámbitos analizados”, explican en una nota de prensa.
La Plataforma Estambul Sombra ha dividido el informe en diferentes áreas temáticas y territorios gracias a las aportaciones de los colectivos de distintas comunidades autónomas. En cuanto a la prevención, señalan la ausencia de educación en igualdad en las aulas como “la eterna asignatura pendiente”, con su consiguiente incumplimiento del artículo 14 del Convenio de Estambul. Así, aseguran que la aprobación en 2013 de la LOMCE “ha supuesto un retroceso” con respecto a la LOE de 2006, que incluía en el currículo la tan polémica Educación para la Ciudadanía.
Además, destacan que la ley impulsada por el ministro de Educación popular, José Ignacio Wert, ha permitido la financiación pública de centros educativos privados que segregan por sexos. Una decisión que avaló el Tribunal Constitucional en una sentencia emitida el pasado mes de abril en respuesta al recurso interpuesto en 2014 por el PSOE.
Por otro lado, en el ámbito sanitario denuncian que la prevención se ve aún “dificultada” por “los escasos recursos de formación del personal sanitario en materia de prevención y detección precoz de la violencia de género”. Además, llaman la atención sobre el hecho de que los protocolos de atención en violencia sexual son desiguales según cada comunidad autónoma “y, en todo caso, no siempre atienden a las condiciones establecidas en el Convenio de Estambul”.
“Desprotección judicial”
Los colectivos prosiguen el informe sombra analizando el grado de aplicación del instrumento europeo en relación con la protección social. En este sentido, critican que la violencia sexual no esté reconocida actualmente como un tipo de violencia de género en España. Este es uno de los puntos clave del convenio, que exige la ampliación a otros tipos de violencia sobre las mujeres más allá de la vivida en el seno de la pareja o expareja que es la que actualmente se reconoce en nuestro país.
Aunque el Pacto de Estado contra la violencia machista, aprobado por el Congreso ahora hace un año, reconoce esta ampliación, todavía no se han dado los pasos legislativos necesarios para materializarla. Por otro lado, cuestionan el nivel de financiación estatal para la violencia machista, del que aseguran que entre 2014 y 2018 ha sido “escaso”, “inestable” y “desigual”.
Las organizaciones identifican además otro incumplimiento, el del artículo 25, que obliga a los Estados a tomar las medidas necesarias para poner en marcha “centros de ayuda de emergencia” para las víctimas de violaciones. Este tipo de servicios, llamados centros de crisis y muy extendidos por Europa y Estados Unidos, aún no se han desarrollado, aunque el Ayuntamiento de Madrid ha anunciado la puesta en marcha del primero para el primer trimestre de 2019.
La Plataforma Estambul Sombra encuentra en la protección jurídica el punto en el que más incumplimientos acumula el Estado y asegura que “se puede hablar de la existencia de una desprotección judicial con un sistema colapsado, sin perspectiva de género y que no contempla todas las formas de violencia”. Entre otras cosas, señala las tasas de denegación de órdenes de protección y las diferencias entre unas comunidades autónomas y otras y la inexistencia de equipos psicosociales “cualificados e independientes”.
Por último, evalúan la temática referida a la migración, el asilo y la protección internacional, sobre la que nombran el caso de Juana Rivas como una muestra del incumplimiento del Convenio porque “lleva dos años esperando que se tramite su denuncia por violencia de género, mientras que se le condena por sustracción internacional de menores, ignorando el contexto de violencia”. Justo esta semana la mujer de Maracena ha vuelto a presentar una denuncia contra su expareja, Francesco Arcuri, al que acusa de maltrato.
Por lo que respecta a la migración y el asilo, explican, “no está suficientemente extendida la motivación de la persecución de género como motivo de concesión de asilo” y denuncian que “los procedimientos de acogida y los servicios de apoyo a personas migrantes adolecen de la necesaria coordinación entre autoridades gubernamentales y garantías jurídicas” para atajar las realidades que relatan la mayoría de mujeres en cuanto a la violencia sexual o/y física, concluyen.
