Unidos Podemos reclama al Gobierno que dé un plazo de cinco años a la Iglesia para que se autofinancie
Unidos Podemos reclama “suprimir los privilegios fiscales y financieros” de la Iglesia. Es lo que ha llevado al Congreso de los Diputados mediante una proposición no de ley en la que insta al Gobierno a “establecer un calendario” con “un plazo de adaptación de cinco años” para lograr que la Iglesia católica alcance “la completa autofinanciación” exclusivamente a través de las donaciones de sus fieles.
La proposición, que se debatirá en las próximas semanas, reclama “revisar los beneficios fiscales de los que disfruta la Iglesia católica con el objetivo de su desaparición”, en particular en lo que respecta a las exenciones en el IBI.
También pide “suprimir progresivamente la asignación tributaria a la Iglesia católica en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)”. El Congreso pedirá al Tribunal de Cuentas –gracias a iniciativas de la formación morada y el PSOE, que apoyará Ciudadanos – que fiscalice los 250 millones de euros que recibe mediante esta casilla después de que el organismo haya rechazado hacerlo gracias a los votos del PP.
La propuesta subraya que España es un país aconfesional, por lo que “debe tener un trato neutral y de equidad con las distintas confesiones desde el respeto a la libertad religiosa e ideológica que recoge la Constitución española”. Sin embargo, constata, “el Estado entrega a la Iglesia católica más de 10.000 millones de euros anuales entre aportaciones directas e indirectas”.
Entre ellas cita las asignaciones tributarias vía IRPF, exenciones en distintos tributos, financiación de personal que imparte religión católica “y de centros de ideario católico”, transferencias para asistencia sanitaria y obra social, financiación de funcionarios capellanes, mantenimiento de patrimonio artístico de su propiedad, “y otras subvenciones y financiación de eventos religiosos o para asociaciones de ámbito local”.
La formación liderada por Pablo Iglesias considera que “la práctica religiosa no es un servicio público que beneficie a toda la ciudadanía”, por lo que “son los fieles de cada confesión quienes, en su caso, deberían contribuir a la financiación de su culto, clero y actividades religiosas”.
Establecer mecanismos de transparencia
A la vez, y después de que el Tribunal de Cuentas se negara a fiscalizar el destino del dinero que los obispos reciben del Estado, la propuesta de Unidos Podemos (también suscrita por En Marea y En Comú Podem), aboga por “establecer mecanismos que prescriban que las distintas subvenciones que reciban las confesiones religiosas, incluida la Iglesia católica, se doten de nitidez y transparencia en el gasto, tal y como se exige a todos aquellos que reciben dinero del Estado, incluida la intervención del Tribunal de Cuentas”.
Por último, la proposición no de ley reclama al Gobierno que revise los Acuerdos Iglesia-Estado de 1979, “derivados del Concordato de 1953 en parte todavía vigente”, puesto que “los tratados internacionales se deben ajustar a la Constitución española de 1978 especialmente en lo que se refiere a los artículos 14, 16 y 27 y también, como señala el artículo 10.2 de la misma, a la Declaración de Derechos Humanos de 1948 especialmente en lo que se refiere a los artículos 2, 18, 19, 20, 25 y 26”.
