Preservar la independencia judicial
Suele ocurrir que cuando de un juez dicen que “instruye mal” lo que de verdad ocurre es que no instruye al gusto del que lanza la acusación. Y cuando lo repiten hasta la saciedad, a pesar de que se demuestre reiteradamente que no es así, lo que buscan es retirar a ese juez de la investigación en curso para ganar tiempo, cambiar el curso de los acontecimientos o conseguir otro titular al frente del juzgado que, influido por la acción contra su predecesor, esté más en línea con lo que se le marque. A veces hay incluso un posible candidato para el que es preciso dejar el puesto libre. Y también, en ocasiones, de lo que se trata es de curarse en salud por lo que pueda pasar cuando finalmente se dicte sentencia obviando la propia responsabilidad y apuntando al instructor como causante de todos los males. Se bien lo que digo porque lo he sufrido en mis propias carnes.
Eso es lo que veo está pasando en Sevilla con la jueza María Ángeles Núñez Bolaños, sucesora de la venerada, por la derecha mediática y política, jueza Mercedes Alaya desde julio de 2015 y heredera por tanto de casos tan complejos como el de los ERE y sus derivaciones que afectan directamente a la junta de Andalucía, gobernada en aquel tiempo por el PSOE, cuya eliminación política sería el objetivo último de muchos. Pues bien, en una acción muy poco habitual, el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, caracterizado por su prudencia y contención, ha presentado ante el Consejo General del Poder Judicial una denuncia disciplinaria contra la magistrada. La denuncia del fiscal Luzón tiene como objeto que el CGPJ dictamine si Núñez ha incurrido en falta grave o muy grave de retraso y falta de atención a sus casos. A lo largo de más de un centenar de folios, el Fiscal Anticorrupción se explaya en opiniones que culminan con la de que la denunciada está efectuando un vaciamiento de las piezas que conforman el procedimiento tras acordar la exclusión de los cargos de la Junta de Andalucía, (acuerdo que sin embargo fue adoptado por la Audiencia Provincial). La denuncia disciplinaria de la Fiscalía anticorrupción se encuentra ahora en manos de Ricardo Conde, promotor disciplinario del CGPJ, ante quien la magistrada Núñez debe contestar por escrito las acusaciones recibidas que apuntan hacia archivos de piezas, prescripciones y enmiendas llevadas a cabo por la Audiencia Provincial.
Los casos de los que hablamos datan de esa época que mencionaba en que el PSOE dirigía Andalucía. Se trata, en síntesis, del caso ERE en el que están pendientes de sentencia inminente los expresidentes socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán; el caso Avales relacionado con el de los ERE y el caso IDEA, entidad de la junta que se ocupaba del pago de subvenciones.
Las quejas del Ministerio Público
Esta denuncia ante el CGPJ se basa en quejas de los seis fiscales anticorrupción sevillanos que presentaron un escrito oficial a su jefe. Se conoció el 19 de junio pasado coincidiendo con una baja solicitada por la jueza. Ignoro qué ha motivado esta situación personal de María Ángeles Núñez pero desde luego, los términos que emplea el escrito son para hacer perder la paciencia o la salud a cualquier profesional: “dejación de funciones, arbitrariedad, retrasos injustificados…” O “perjuicio de los fines del proceso penal y de la Administración de Justicia”, nada más y nada menos. Estamos hablando de una macro causa iniciada en marzo de 2011 por la jueza Alaya que era partidaria de instruir en inmensas proporciones, investigando la política de ayudas al empleo de una Administración Autonómica durante una década, con el consenso del Ministerio Público en cuanto a los fines, pero con graves discordancias de éste (y desde muy pronto) en cuanto a los medios. De este modo fue acumulando piezas de compleja investigación y largos trámites en el juzgado de instrucción seis de la capital hispalense del que era titular a la sazón, en una causa procesalmente ingobernable, objetiva y subjetivamente.
Debo decir que me desconcierta esta decisión de los fiscales contra la juez con el acuerdo de su superior, Luzón, y hay que entender que con el plácet de la Fiscal General del Estado, señora Segarra, que durante el tiempo en el que se desarrollaron las investigaciones estaba al frente de la fiscalía sevillana. Me resulta extraño y he de decir que inquietante, porque mejor que nadie los fiscales conocen y saben de dilaciones cuando de causas complejas se trata. Quienes hemos sido instructores sabemos que los “retrasos” en los dictámenes y escritos del Ministerio Publico han sido y son múltiples y variados, pero muy pocas veces han sido cuestionados, a pesar de los largos periodos que algunos se toman para evacuarlos. ¿Por qué ahora? ¿Por qué con tanta saña? Añado la tenaz persistencia de los medios más ligados a la derecha, con la punta de lanza del ABC de Sevilla que es un ejemplo sorprendente de exhaustiva producción de artículos sobre el tema, en especial en este último semestre. Con tanta dedicación como la que empleaba en su día el mismo periódico en alabar no solo el trabajo, sino también incluso la elegancia y la belleza de la anterior instructora, Mercedes Alaya, aspectos estos últimos que no sé si hubieran referido de haberse tratado de un hombre juez.
La Malvada Magistrada Núñez
¿Tan mala ha sido la instructora Núñez? Voy a intentar resumir esta historia en busca de la claridad.
La jueza Alaya armó tres macro causas: ERE, Formación y Avales. La primera en 2011, las otras dos en el periodo ya próximo a su salida (2015) y por tal razón sin que le diera tiempo a conseguir el objetivo de enjuiciar las políticas de empleo, de formación y fomento de la Junta durante una década. Los mimbres quedaron establecidos y la dinámica, con la UCO y la IGAE requeridas, dio comienzo.
La llegada de la jueza Núñez en 2015 tras la marcha de Alaya a la Audiencia Provincial, supuso un cambio en el método de instrucción. Núñez actuó en dos líneas, de un lado dividiendo la causa ERE a solicitud de los fiscales (que se habían encontrado con la reiterada oposición de Alaya a tal pretensión) a fin de posibilitar su desbloqueo y enjuiciamiento progresivo, y por otro, reconduciendo los casos Formación y Avales, alejándose de la investigación prospectiva en curso, sistematizando y racionalizando las líneas de trabajo. Es decir, tratando de poner coherencia en una investigación elefantiásica que parece que, hasta ese momento, y por lo que se ve aún ahora, con esta denuncia, busca que los responsables de la Junta durante las últimas tres décadas respondan penalmente de todas sus acciones de gobierno.
En el caso Formación, la juez Núñez, trabajó mano a mano con la Fiscalía para dividir la causa en Piezas, archivando la pieza política en 2017. Archivo que ha sido revocado recientemente por la sección Primera de la Audiencia Provincial a instancias del Partido Popular y contra el criterio de juzgado, del fiscal, de la acusación de la Junta y de las defensas. Prosiguió la investigación en las piezas restantes. No veo que la denuncia ante el CGPJ realice comentario alguno sobre esta macro causa, con lo que parece deducirse que Núñez actuaría “maliciosamente” en las otras macro causas pero no en esta. Es en todo caso una lógica difícil de entender.
En Avales en cambio por lo que he podido comprobar, la situación no fue pacífica. Fiscales y Partido Popular, coincidieron en oponerse de manera firme y combativa a los intentos de reconducción, e intentando además que a toda costa intervinieran la UCO y la IGAE, es decir, la punta de lanza de Alaya en la causa de los ERE. Núñez ha dictado recientemente el archivo, con el que ha estado conforme la Junta de Andalucía, pero que ha sido recurrido en apelación por el Ministerio Fiscal y el Partido Popular y ahora queda pendiente de resolución.
La tercera macro causa que nos ocupa fue abierta hace un par de años a instancias del Ministerio Fiscal y el Partido Popular. Se denomina IDEA y tiene como objeto todas las transferencias de financiación de todos los departamentos de la Junta que las utilizaron durante años y que vienen a ser casi todas las Consejerías.
Así las cosas, el escenario en que se mueve la jueza María Núñez, con el legado recibido y ampliado, no es fácil; y tanto para ella como para los fiscales, la tarea es gigantesca, por lo que no se entiende, objetivamente considerada, la decisión de los fiscales de acusar a la jueza de todos los males de un procedimiento ya de por si complejo y difícil.
¿Qué les pasa a los Fiscales?
¿Cuál ha sido el papel de la Fiscalía en todos estos procesos? El Ministerio Público sevillano ha tenido como fiscal jefe a María José Segarra, hasta hace un año, en que pasó a ocupar el cargo de Fiscal General del Estado. Segarra ha trabajado pues en estos temas desde su origen y lo ha hecho, probablemente, codo a codo con los fiscales que están ocupándose actualmente de la instrucción de estas piezas.
Una instrucción que ha dado mucho trabajo y algunas frustraciones al Ministerio Publico como así ocurrió también con otras piezas iniciales como la de Mercasevilla o la denominado Betis, instruidas por Mercedes Alaya. Ambos asuntos quedaron en nada y en el primer caso con una sentencia absolutoria que ponía además en cuestión el papel de los fiscales que habían intervenido.
Llovió sobre mojado con la causa estrella, la denominada Formación cuando se archivó la parte política, de hecho a instancias y con el pleno acuerdo de la Fiscalía, que no apoyó el recurso de apelación del PP presentado hace dos años y medio. Curiosamente ha sido ahora también cuando la Audiencia Provincial ha decidido reabrir el caso transcurrido tanto tiempo desde que se presentó el recurso... Indica ello la dramática situación, no solo del juzgado de instrucción número 6, a pesar del refuerzo para la tramitación de los demás procedimientos, sino de la propia Audiencia Provincial que contempla un atasco evidente de trabajo.
Así las cosas, cabe decir que con el caso Avales, Núñez habría tendido a evitar la investigación prospectiva en forma de causa general que se atisbaba, procediendo por otro lado a dividir el procedimiento en dos piezas. Una de ellas fue archivada por la jueza, archivo que está ahora recurrido por los fiscales y el PP ante la Audiencia Provincial.
Pero el caso más conflictivo es el de los ERE cuya sentencia está al caer en la Audiencia Provincial y a decir de los entendidos con posibilidades de que el resultado no abunde en los criterios de los fiscales. Sería en ese caso una nueva y evidente frustración para el Ministerio Público.
Criterios contrarios
¿Qué ha pasado entre tanto entre la juez y los fiscales? El problema por lo que he podido saber, empezó por criterios de fondo. María Ángeles Núñez tiene fama de juez garantista, liberal, enemiga de la investigación general prospectiva. Cuentan que está intentando organizar y ordenar la macro causa ERE que quiso construir con tanto denuedo como poco éxito Alaya desde 2011; que ha puesto coto y ha archivado piezas que en su opinión profesional considera no reúnen méritos para otra cosa. Eso es lo que parece no ha gustado a los fiscales partidarios de la investigación del caso en su conjunto. Pero ¡ojo! se esté o no de acuerdo con ella, el fiscal denunciante no puede pretender que el CGPJ se adentre en valorar criterios jurisdiccionales de la juez, lo cual prohíbe la Ley orgánica.
La gran discordia se ve en el tema de los ERE en que la discusión se centra en el concepto de origen de Mercedes Alaya de considerar prevaricación la utilización de una determinada herramienta presupuestaria para cubrir las ayudas a trabajadores y empresas, la transferencia de financiación, en lugar de la subvención excepcional, un criterio que comparten los fiscales. Núñez en este asunto no puede sino seguir el criterio marcado por la Sala de apelaciones (Sección Séptima), que mantiene la tesis inicial de Alaya, sustentan también la UCO y la IGAE y que viene a decir que las transferencias se han utilizado prevaricadoramente para eludir el procedimiento de subvenciones. Esta es la base sobre la que nació el proceso ERE y ha sido objeto de profundo y enconado debate en el juicio. Peritos muy cualificados de la defensa han sostenido que la transferencia es una herramienta presupuestaria en sí misma neutra y cuyo uso no imposibilitaba el debido control de las ayudas por parte de la intervención. La jueza Núñez, es consciente de ese debate y entiendo que por eso ha sido prudente en la Causa IDEA, a la espera de que la sentencia se pronuncie y aclare el panorama. Y, desde luego, esa actitud mesurada no puede dar lugar a una acusación de dilación o retraso malicioso, como la que le achacan los fiscales.
Como es sabido, en este mundo de jueces y fiscales a partir del choque conceptual, todo es choque. Y ello ligado a la enormidad de estos procesos, lleva a un estado de permanente tensión que, ahora sí, actúa en contra de la adecuada acción de la justicia.
Sin olvidar que en el caso ERE el revés primero para la fiscalía fue importante. La fiscalía tenía la intención de no solo llevar a los altos cargos de la Junta a la pieza política, sino llevarlos a las incoadas para cada ayuda concreta y acusarlos en todas ellas de malversación. Pero, tal como a partir de entonces hubo de asumir la magistrada, la sección séptima de la Audiencia ha considerado —ya en 2017— que no se puede investigar ni eventualmente juzgar de nuevo a las personas ya juzgadas en la pieza política, sino que han de quedar excluidas en las piezas que se incoan por cada ayuda. Para los fiscales se tradujo en un evidente revés por la que, obviando que ha sido decisión de la Audiencia, en el escrito de queja señalan directamente a la jueza como responsable de tal exclusión.
El factor humano
Decía al principio de este artículo que entre las razones por las que se acusa a un juez de instruir mal y ese es un globo que se hace cada vez mayor, figura la de eludir la propia responsabilidad y echarle la culpa al otro, a la otra en este caso. Ante los diferentes varapalos propinados al Ministerio Fiscal no me extrañaría que fuera esta una causa importante de tan desmesurada reacción plasmada en 112 folios. No cabe duda de que la responsabilidad del cumplimiento de la ley es igual para el fiscal que para el juez y que aquél tiene prerrogativas parejas a las de este. No se da una situación de indefensión para la fiscalía frente a una magistrada todopoderosa. Veo más bien un encono profesional que probablemente haya hecho incluso peligrar la relación personal.
Nuevamente el factor humano se torna elemento determinante, María José Segarra, la Fiscal General del Estado por su papel al frente de la fiscalía de Sevilla durante años, conoce bien el tema y los actores, y, como es lógico por tal implicación profesional en la causa, vivirá como propios las críticas o reproches que pudiera recibir o ya haya recibido, el Ministerio Publico.
La jueza Núñez también ha recibido apoyos. Tras la denuncia de la Fiscalía, la Junta de Jueces de Instrucción de Sevilla, dejó escrito en Acta su apoyo y afecto a la compañera, pidiendo respeto hacia ella tanto en el ámbito personal como profesional. Por otra parte, un grupo de abogados ha firmado un escrito a favor de la magistrada ante lo que consideran una “insidiosa campaña de desprestigio a través de determinados medios de comunicación” que dicen afecta de forma injusta a su honorabilidad personal y profesional. Para estos juristas el objetivo de la crítica es crear un estado de opinión sobre cómo trabaja la magistrada. Y señalan algo que me parece importante y es que puede afectar de manera grave a su independencia.
Esta es para mí la parte más vulnerable de todo este asunto que, insisto, me resulta penoso y peculiar. Por no hablar del despropósito de cómo se encuentran los juzgados de Sevilla en cuanto a tiempos y carga de trabajo. Ante todo, pienso que la sensatez debería cundir y que el Consejo debe hilar muy fino este asunto, para no afectar a las cuestiones jurisdiccionales que rezuman de la denuncia . Sin duda sería un duro golpe para el Ministerio Público, pero a mí, lo que me preocupa es que de seguir adelante dando pábulo a la queja, otros magistrados lo podrían interpretar como aviso a navegantes, sobre todo en un caso en el que con tanto entusiasmo la derecha mediática ha hecho correr ríos de tinta en su afán por condenar al socialismo. El mensaje emitido iría en la línea de ¡alerta! con lo que instruyes y en qué dirección, que puedes tener problemas. No creo que nos lo podamos permitir.
