Mi hijo es mío y su libertad también

La politóloga y filósofa feminista Wendy Brown decía recientemente en una entrevista que una de las mayores debilidades de la izquierda en la actualidad es haberle cedido la libertad a la derecha. Brown sostiene que las derechas han patrimonializado el significante libertad y, así, han podido abanderar la libertad de expresión o la libertad religiosa para combatir las políticas de igualdad e inclusión. Estos días vemos este mismo fenómeno en relación a la polémica acerca del pin parental que Vox, Partido Popular y Ciudadanos han sacado adelante en Murcia.

La introducción del pin parental supone poner en jaque la escuela pública y estigmatizar la entrada en los centros escolares de la diversidad sexual y tenemos muchos motivos para defender ambas cosas. La educación pública fue en su momento una conquista obrera y los señoritos siempre supieron muy bien que si algo combatía sus privilegios heredados e impedía la reproducción de las desigualdades de clase era el acceso universal a la educación. Estas estrategias de la ultraderecha vierten sospechas sobre la educación pública, tratan de dibujarla como un espacio inseguro y pretenden que estalle dentro de ella la polarización y el conflicto.

A su vez, la llegada de la educación sexual y la diversidad a los centros escolares ha sido desde hace tiempo una de las demandas principales del movimiento feminista y el movimiento LGTB. Sabemos que entre la población adolescente se dan relaciones tóxicas de maltrato y que el bullying hace que un 75% del alumnado LGTB tenga miedo en el contexto escolar. Sin embargo, y aunque estos ataques pongan especialmente en juego la igualdad de oportunidades y la inclusión, no deberíamos dejar de señalar que esto supone, ante todo, un ataque a la libertad. Y no solamente la libertad de los alumnos LGBT sino la de todos los alumnos, empezando por la libertad de los hijos de padres de Vox o del PP que piensan poner en práctica este veto parental.

Los padres tienen todo el derecho a enseñarle a sus hijos sus valores pero a lo que no tienen derecho es a que sus hijos conozcan solamente sus valores. La escuela pública es, en este sentido, un evidente límite al poder de los padres sobre sus hijos, para empezar porque, según nuestra Constitución, ir a la escuela es obligatorio. Eso quiere decir que, por mucho que unos padres consideraran que pueden enseñarle sus hijos sus propios conocimientos estarían cometiendo un delito si no llevaran a sus hijos a la escuela.

Alguien podría decir que obligar a unos padres a escolarizar a sus hijos supone recortar la libertad de los padres para decidir la educación de sus hijos y, en efecto, sería verdad. Pero es que la libertad fundamental que está en juego en el terreno de la educación no es la de los padres, sino la de sus hijos. La libertad de los y las alumnas pasa justamente por tener la oportunidad de someter a crítica y poner en duda las enseñanzas que recibieron de unos poderes y autoridades que, al hacerse mayores, deben poder aprender a cuestionar.

Hay padres ateos y padres musulmanes, madres independentistas y madres que votan a Vox, hay familias homófobas y familias LGTB y ninguna de esas familias tienen el derecho de limitar la libertad de sus hijos e hijas para elegir por sí mismos lo que ellos quieren ser y defender. Como expliqué recientemente en este artículo la escuela no es una institución donde los padres imponen su voluntad sino un lugar donde se dan cita alumnos muy diversos, padres muy distintos, razas, clases sociales o procedencias diferentes y una gran pluralidad de visiones del mundo.

La escuela es una institución comprometida con no dar por buena ninguna visión parcial del mundo y, justamente por eso, acercar a los alumnos y alumnas a la mayor pluralidad posible de visiones. La casa es un lugar donde la verdad es una, la escuela es un lugar donde las verdades son muchas. Que la educación sea obligatoria supone que nadie puede privar a los niños y las niñas de pasar un tiempo en un lugar en el que podrán comenzar a dudar, preguntar, cuestionar, criticar y buscar. Sólo conociendo que no solamente existen las tradiciones familiares y las creencias paternas, pueden los alumnos y las alumnas empezar a explorar su libertad.

El supuesto derecho de los padres a decidir o, más bien, controlar y vetar lo que aprenden sus hijos choca de lleno con el sentido de nuestros centros educativos. En ellos los alumnos, con independencia de las ideologías de sus padres, aprenden la historia de España, el nazismo o la segunda guerra mundial y ningún padre tiene el derecho de limitar ese aprendizaje apelando a su incomodidad, les guste más o menos que sus hijos estudien a Heidegger o a Marx. Lo mejor que pueden hacer los padres por el bienestar y la libertad de sus hijos es otorgar reconocimiento a sus profesores, respetar su criterio y dejarles trabajar. Y si algo ha empeorado la educación las últimas décadas ha sido socavar la autoridad del profesorado hasta hacer su trabajo imposible por la vía de entender los colegios como dispensadores de servicios plegados a las demandas de padres que se comportan como clientes.

Si los centros escolares no pueden hacer saber a los alumnos y a las alumnas que hay muchas maneras de amar y desear, que la heterosexualidad no es la única orientación posible y que existen personas trans, será más difícil deshacer y dejar atrás la homofobia y el bulling escolar y dejaremos a los chicos y chicas LGBTI que tengan padres de Vox especialmente desamparados ante la ideología paterna. Pero dejaremos también desarmados a todos esos chicos heterosexuales que tiene derecho a elegir otras ideologías y otras visiones de aquellas que sus padres tienen acerca el mundo. Este es el intento de seguir excluyendo a algunos pero es, antes de eso, un atentado contra la libertad de todos.

La tarea de la educación es formar a futuros ciudadanos libres, capaces de pensar, de hablar y de votar por si mismos y ese es el objetivo fundamental que el estado tiene el deber de garantizar. Abrir la puerta al veto parental en nuestra educación implica dar validez absoluta a las ideologías paternas en un lugar que sirve justamente para que los alumnos puedan cuestionarlas, implica, por eso, una privatización de la escuela y un recorte de los derechos de los alumnos y de su libertad.

Sin embargo, hoy las tres derechas están aprobando medidas para defender el adoctrinamiento bajo el discurso de que combaten el adoctrinamiento y están recortando la libertad de los alumnos en nombre de la libertad educativa. Si pueden hacer esa operación simbólica es en parte porque la izquierda, a menudo más centrada en el lenguaje de la desigualdad, la inclusión y los derechos sociales, ha dejado relativamente desatendidas algunas apropiaciones ilícitas de significantes clave por los que teníamos que pelear. Una de las batallas culturales más urgentes que tenemos por delante estos años es disputar y reconquistar la idea de libertad.