Las comunidades que ofrecieron ayuda al Aquarius rechazan ahora compartir la presión migratoria de Andalucía

La Junta de Andalucía acudió este lunes a la comisión migratoria con cierto optimismo, porque compartía objetivos y estrategias con el Gobierno de Pedro Sánchez, que había convocado a las comunidades autónomas para buscar una solución conjunta a la presión migratoria. Andalucía, dada su condición de frontera sur de Europa, es la región que más soporta y que más recursos pone para acoger a los cientos de personas que son rescatadas cada día de pateras tratando de cruzar el Estrecho. El Ejecutivo de Susana Díaz esperaba de esta reunión -que no se convocaba desde 2015- que se consensuara entre todas las comunidades “un reparto más solidario” de los menores extranjeros no acompañados (MENA).

Sin embargo, la solidaridad que otros gobiernos regionales mostraron cuando España se ofreció para rescatar a los más de 600 inmigrantes del buque Aquarius -repudiado por Italia- no ha tenido un correlato en este encuentro. Y eso, a pesar de que el fin de semana anterior a la reunión, Salvamento Marítimo había rescatado a 600 personas de pateras próximas a las costas andaluzas. La Comisión sectorial de Migración, presidida por la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, se prolongó cuatro horas, pero de ella no han salido medidas concretas: ni hubo acuerdo para redistribuir más equitativamente a los menores entre las regiones ni habrá más recursos del Estado de aquí a final de año para que Andalucía haga frente al “colapso” migratorio, como lo califican los alcaldes de Algeciras, Tarifa o Barbate (algunos de los municipios que han puesto sus propios recursos a disposición de los inmigrantes rescatados en sus costas). “Tenemos que trabajarlo más. Hay comunidades partidarias de establecer cupos de inmigrantes, pero otras no”, admitió Valerio.

La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, pidió a todas las comunidades llegar a una “coordinación nacional” y que pusieran “voluntad política” para llegar a un pacto de Estado sobre la migración. En España hay actualmente 7.147 menores extranjeros no acompañados, y aproximadamente 3.000 (en total un 36%) están tutelados por la Junta de Andalucía. “Estamos haciendo un gran esfuerzo económico y del sistema de protección”, subrayó la consejera, que volvió a exigir a sus homólogos en otras regiones una respuesta “más solidaria”.

Hay comunidades que no acogen a ningún menor inmigrante, ni siquiera tienen desarrollado un protocolo de actuación sobre esta política migratoria. En Andalucía, la atención a menores extranjeros no acompañados implica a Educación, Asuntos Sociales e Igualdad, Sanidad y Justicia. En la reunión también estuvo presente la consejera de Justicia, Rosa Aguilar, que pidió que no se utilice la comisión sectorial “políticamente”. “En este tema, todas las comunidades debemos remar en la misma dirección, desde la solidaridad y dar una respuesta en común”.

La financiación extra que espera Andalucía para aliviar la presión migratoria en sus costas tendrá que salir del plan de choque, dotado con 30 millones de euros, que anunció la semana pasada el presidente Pedro Sánchez. Aún no se sabe cómo y cuándo se distribuirá ese dinero entre las regiones. Lo que sí ha dejado claro la Comisión Migratoria es que no habrá partidas extras, porque no existe un fondo finalista a disposición del Gobierno central para repartirlo entre las comunidades, y porque dicho fondo dependería, en todo caso, de la aprobación de los próximos Presupuestos Generales, que el Ejecutivo central debe sacar adelante con la fragilidad parlamentaria de 84 diputados socialistas y un difícil escenario de negociación con el resto de grupos.

En lo que sí ha habido consenso entre las regiones es en actualizar el registro de los MENA distribuidos por los territorios, ya que al Gobierno central “no le cuadran” los números. También han estado de acuerdo en revisar el protocolo de atención a los menores, que se aprobó en 2014, y que plantea muchas dudas tanto a las autoridades regionales como a las ONGs que trabajan con ellos.